Por: Octavio Díaz García de León

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El pasado 27 de octubre fue ratificada por el Senado como secretaria de la Función Pública la ex procuradora general de la República, Mtra. Arely Gómez. La nueva secretaria enfrenta un reto muy complejo. Por una parte, tendrá que darle nuevos bríos a una Secretaría de la Función Pública (SFP) a la que han intentado desaparecer ya un par de veces en los últimos 6 años. La más reciente se dio a partir de enero del 2013 en que formalmente desapareció, quedando en funciones de manera provisional por casi 4 años. La SFP vuelve a incorporarse como parte del Poder Ejecutivo Federal a partir del 18 de julio de este año al promulgarse las reformas anticorrupción.

Durante estos cuatro años, la Secretaría operó con debilidad por la falta de secretario en los dos primeros años. Cuando se nombró al secretario Andrade en febrero de 2014, a raíz de la investigación periodística referente a la “Casa Blanca”, éste no pudo incorporar más que sólo unas pocas personas de su confianza a la Secretaría. Por ejemplo, se tardó año y medio para que le permitieran nombrar a un oficial mayor y así con otros puestos de alto nivel donde le impusieron funcionarios o no pudo hacer los cambios que consideró convenientes. El secretario Andrade renunció el 18 de julio de este año y pasaron tres meses para que se nombrara nueva secretaria.

Otro aspecto que restó fuerza a la SFP, es que desde inicios del sexenio se dejó en manos de quienes encabezan a las instituciones del Gobierno Federal el que nombraran a sus propios titulares de los Órganos Internos de Control (OIC). Cada OIC puede tener hasta 5 titulares que deben ser nombrados directamente por el secretario de la Función Pública (el titular del OIC, y los titulares de Auditoría, Quejas, Responsabilidades y Mejora de la Gestión). En el pasado, la SFP era quien decidía quién debía ocupar estos puestos, pero en este sexenio no ha sido así, de tal forma que los OIC responden más a las instrucciones de los titulares de las propias instituciones a las cuales les toca fiscalizar (con algunas excepciones), con las limitaciones para realizar su trabajo que esta falta de independencia conlleva.

Recomponer a la SFP para que sea una pieza clave del Sistema Nacional Anticorrupción y pueda actuar con plena independencia y contundencia, requiere una cirugía mayor. A la nueva secretaria le hará falta tiempo para hacerlo y necesitará fuerza política para retomar el control de dicha institución y proceder con todo el rigor de la ley en los casos de corrupción.

La secretaria Gómez, por lo pronto, llegó pidiendo la renuncia de todos los funcionarios de nivel de director general hacia arriba. Por ello ya se prevé el cambio del oficial mayor, del director general de Recursos Materiales y del director general de Información e Integración (DGII) (este último clave para el combate a la corrupción). Falta ver qué pasará con el resto. Con respecto a los OIC, aún no toma medidas. Lo conveniente sería que entre los OIC y los titulares de dependencias y entidades no hubiera vínculos de amistad o de colaboración previa para prevenir conflictos de interés. Sin embargo, cambiar a estos titulares de OIC representa un reto político muy grande, ya que se ve difícil que las cabezas de las instituciones del Gobierno Federal acepten perder a fiscalizadores que les responden más a ellos que a la SFP.

¿Cómo revivir a esta Secretaría en los dos años que quedan del sexenio con las restricciones que mencioné? Se podría empezar por fortalecer a la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, quien es la unidad que controla a todos los OIC, para que, con programas muy claros y mecanismos de rendición de cuentas muy estrictos, se les exija a los OIC los resultados que requiere la secretaria Gómez. Para ello tendría que reforzar la visitaduría de dicha unidad para asegurarse de que sus instrucciones se llevan a cabo. Podría también ir sustituyendo paulatinamente a los titulares de OIC con personas que cumplan con el perfil y la independencia necesaria para realizar su función y sobre todo que le respondan directamente a ella. Otra medida sería reforzar el área de comisarios en dicha Coordinación, para ejercer un control más adecuado de los OIC, empezando por derogar los acuerdos que facultan a los titulares de los OIC de las secretarías de Estado a controlar a los titulares de OIC de sus sectores.

También deberá enfocar los esfuerzos de la SFP hacia el combate a la corrupción fortaleciendo la DGII, creando en cada uno de los OIC una nueva área especializada en combate a la corrupción e impulsando medidas preventivas mediante programas anticorrupción que abarquen a todo el Gobierno Federal, los cuales sean monitoreados estrictamente. Sobre todo, deberá evitar la impunidad en aquellos casos que se detecten actos de corrupción, sin importar el nivel del funcionario o el poder económico del particular que se vea involucrado.

No solo está en juego el prestigio de una funcionaria con una trayectoria profesional destacada, sino el futuro del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), ya que, si la SFP revive sin tener la fuerza que se requiere para combatir la corrupción, el SNA no funcionará como se espera.

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