En apego a la nueva Ley de Transparencia del Estado y sus Municipios, es necesario que se conozca el contenido del acuerdo a que llegaron las autoridades estatales y los concesionarios del transporte urbano, que dio pie para que se autorizara el aumento del 25% a la tarifa.

El aumento se hizo público a través de un boletín en el que se menciona que con el incremento se garantiza el cumplimiento de las demandas de los usuarios aunque lo que se debe exigir al concesionario es la mejoría del servicio, que es la mayor exigencia y la cual, desde hace varias décadas, no se ha cumplido.

Antes de que concluya esta administración las secretarías General de Gobierno y de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial, deben informar detalladamente a lo que se llegó para poner fin al conflicto generado por los urbaneros.

Es conveniente que ambas secretarías se hagan eco en los principios, bases generales y procedimientos, que garantizan el derecho de acceso a la información.

El aumento a la tarifa de los autobuses urbanos, como lo planteaban los concesionarios del transporte urbano, era una medida que impactaba directamente a la economía de más de 300,000 personas, pero las gestiones realizadas por el Gobierno lograron mitigar el impacto al autorizar un incremento de sólo $1,50 que ubicaría la tarifa en 7.50, dejando a salvo el descuento estudiantil, que continuará en 2.50 pesos

Hoy la sociedad pide airear y explicar cada párrafo del texto del acuerdo para saber cuales fueron los motivos que llevaron a tomar la determinación de incrementar el costo del pasaje y seguramente se tendrá un informe detallado al respecto.

Es importante destacar que cualquier ciudadano puede solicitar información pública con sólo apegarse a lo que dispone la ley.

Habrá que esperar qué hará el Congreso del Estado al analizar detalladamente el incremento en la tarifa de los camiones urbanos.

¿QUIÉN ES MÁS CULPABLE?

A los profesores y administrativos del Cecytea y Conalep que participaron en el paro de actividades, para exigir las plazas a las que tenían derecho, se les descontará los días que no trabajaron, según el anuncio que hizo el director del Instituto de Educación de Aguascalientes, Francisco Javier Chávez, sin embargo el hecho de haber obtenido una respuesta positiva significa que tenían razón en la demanda.

Cuando se conculcan sus derechos, la única vía que tienen los trabajadores es recurrir a ese tipo de medidas, que aún cuando afectan a los estudiantes sólo así se hacen escuchar y tan estaban en su papel que después de varios días de suspender actividades, el titular del IEA dio a conocer que se otorgarían “de inmediato” 444 plazas para ambos subsistemas y varios estímulos económicos.

Para poner fin al paro se autorizaron 269 bases para el Cecytea y 175 al Conalep, que son trabajadores miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), dejando en el aire a quienes no pertenecen a esta organización y que también reclaman el mismo trato.

DISCUSIÓN SIN FIN

El Congreso de Aguascalientes tiene la característica de tener, en su historia, casos que suscitan al debate, pero no para beneficio de la sociedad, que sería la razón de su existencia, sino por motivos que ponen en evidencia legalidad y laicidad. A una semana de instalada la LXIII Legislatura sigue la discusión en torno al diputado Jesús Morquecho Valdez, del Partido Encuentro Social, al que consideran como ministro religioso y lo que él niega. Es la misma cuestión que se vivió en la LVII Legislatura (1998-2001) con Gonzalo Nieves Mota, diputado por el Partido Acción Nacional, que también rechazó ser ministro protestante y sin embargo habitantes de Tepezalá afirmaban que seguía presidiendo oficios. Durante los tres años que estuvo en el palacio legislativo esquivó las acusaciones al tener el respaldo de su bancada, pero no evitó que el diputado priísta Víctor Hugo Romo Córdoba se hincara ante él y le pidieran su bendición. Ahora que vuelve a ser mayoría, la fracción panista arropará a Morquecho Valdez, como lo hizo en su momento con Nieves Mota.