Por: Octavio Díaz García de León

@octaviodiazg

 

La reforma energética ha sido, quizá, la acción de gobierno más trascendente desde la firma del Tratado de Libre Comercio para Norteamérica (TLCAN) en 1993. El sector de energía no había tenido una acción de tanto impacto desde la estatización de la industria petrolera en 1936 y de la industria eléctrica en 1960. Pero estos cambios legales solo son un mapa de ruta. Llevarlos a su destino dependerá de quienes trabajan en dichas industrias.

El gobierno del presidente Peña fue capaz de retomar e impulsar una iniciativa que propiciara la apertura en los mercados de la energía, a pesar de que su partido la había rechazado durante los 12 años anteriores. Esto es explicable pues dicha reforma era parte integral de la agenda liberal del PAN y de algunos sectores modernos del PRI pero iba en contra de la tradición estatista que los sectores más conservadores del PRI, así como el PRD, habían defendido por años. Parecía también conveniente hacer fracasar una reforma de esta trascendencia en los gobiernos del PAN para luego impulsarla como uno de los logros más grandes del PRI. Para ello, se podía contar con el apoyo del PAN para pasar esta reforma tan cercana a sus convicciones tal y como ocurrió con el TLCAN.

Otras fuerzas a favor de la reforma encarnaban en el sector privado local pero especialmente en los intereses de negocios extranjeros, en una época en que el precio del petróleo alcanzó niveles sumamente altos y con el desarrollo de tecnologías como el “fracking” que hicieron viables la explotación de hidrocarburos de muy difícil acceso. También ayudó el que la producción de petróleo en nuestro país fuera en picada, el que ya no hubiese dinero para desarrollar nuevos campos petroleros, el que la corrupción de los líderes sindicales se volviera menos tolerable y que las ineficiencias tanto de CFE como de PEMEX le estaban ya costando al país demasiado al ser un tremendo lastre para las finanzas públicas debido a los enormes pasivos laborales con que cargan dichas empresas y los costos excesivos de producción.

La reforma comprendió la expedición de nueve leyes y reformas a otras doce leyes, acompañadas de la emisión de otras disposiciones normativas. El 20 de diciembre de 2013 se publican las modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales y entre julio y agosto de 2014 las leyes secundarias.

Estas modificaciones pretenden que se realice una transición hacia la apertura de los mercados y la competencia al pasar de ser el Estado Mexicano quien tenga el monopolio de la industria de hidrocarburos y la industria eléctrica hacia mercados donde participe la iniciativa privada. Esta reforma no contempló la privatización de las dos empresas más grandes del Estado mexicano (tabú intocable) pero deberán volverse competitivas si desean sobrevivir en el largo plazo.

Por lo pronto, las reformas no pretenden que se desplomen estas empresas súbitamente, sino que proveen para un aterrizaje que puede tomar décadas. La reforma incluye la creación o el fortalecimiento de organismos regulatorios que seguirán protegiendo a esas empresas a la vez que traten de ir abriendo estos mercados.

También se está evitando cometer los errores que se dieron con la privatización de Teléfonos de México en el sexenio del presidente Salinas de Gortari, empresa a la que se le permitió continuar siendo prácticamente un monopolio privado y que ha impedido que 20 años después termine la apertura en el mercado de telecomunicaciones.

Pero hay un reto extraordinario en la transformación de PEMEX y CFE. Las reformas por sí mismas solo son mapas de ruta. Los cambios en la industria no se dan por decreto; se dan gracias a la evolución de sus trabajadores. Tendrán que volverse eficientes, orientarse a que su empresa sea rentable, evitar el desperdicio, modernizar todos sus procesos, actuar de manera ética erradicando la corrupción y los conflictos de interés que los han plagado y encargarse de cuidar a sus empresas que ahora deben caminar cada vez más sin el sostén del gobierno. Requiere un cambio de actitudes, de lenguaje, de cultura, que implican enormes sacrificios. Requiere pasar de ser trabajadores “derechohabientes” de las empresas estatales a ser contribuyentes esenciales al buen desempeño de las mismas.

Cambiar la mentalidad de cerca de 250,000 trabajadores representa una enorme transformación institucional y desafortunadamente no hay leyes que provean el liderazgo requerido. Este tiene que venir de las personas que integran sus Consejos de Administración, de sus directores. Pero el primer problema que tienen estas empresas es que sus sindicatos tienen más fuerza que la gerencia ¿Cómo se puede impulsar un cambio si el liderazgo para hacerlo no se encuentra en los directivos de las empresas? Tampoco se le puede pedir al sindicato que actúe contra sus intereses y de sus agremiados. Por el contrario, serán una dura oposición a los cambios que requieran sacrificios.

El gobierno federal no debe olvidar que el fracaso o éxito de la reforma energética y la sobrevivencia de PEMEX y CFE pasan por tomar en cuenta al factor humano que es el que lo hará posible. Me pregunto si los trabajadores de estas empresas están convencidos de abrir sus mercados, enfrentarse a una competencia formidable, renunciar a sus comodidades y contribuir genuinamente al éxito de sus empresas; si aunado a esto habrá el liderazgo de los directivos para conducir con éxito el cambio; o bien, si todo quedará en buenos deseos.

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