Aunque no es la primera vez que lo plantean, esta vez dicen que va en serio y no cejarán en su empeño hasta lograr que las participaciones federales lleguen directamente a los ayuntamientos, ya que están cansados de que los gobiernos estatales las retengan o condicionen su entrega.

En tales términos se expresaron los más de 2 mil alcaldes que forman parte de la Confederación Nacional de Municipios de México (Conamm), que la semana pasada establecieron una agenda básica con iniciativas de fortalecimiento institucional y de carácter hacendario, que acceda hacer llegar los recursos de manera directa.

Como parte de los convenios que hay entre los tres niveles de gobierno, la Federación envía a los estados las partidas que le corresponden, lo mismo que aquellas que deben entregar a los municipios, sin embargo entre la demora que hay de la Secretaría de Hacienda y de la tesorería estatal, pueden pasar varios meses para que las alcaldías empiecen a recibir las primeras remesas.

A lo anterior se agrega que muchas veces, por razones políticas, se retrasan, lo que obliga a posponer programas que estaban previstos y que le fueron anunciados a los beneficiados, por lo que los presidentes enfrentan el reclamo social.

Asimismo, pretenden que crezca el porcentaje a repartir, ya que actualmente de la recaudación nacional que hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el 80% se queda en la Federación, el 16% es para los estados y 4% a los municipios.

En primera instancia el propósito es que la Federación se quede con el 70%, los estados el 20% y los municipios 10%, con el compromiso de que vaya creciendo el piso porcentual para estos últimos hasta lograr mayor igualdad en el reparto de la bolsa, que sería una verdadera muestra de federalismo.

Aducen que así como hay municipios con una economía estable, gracias a que por su número de habitantes tienen mayores ingresos, otros carecen de casi todo al grado que se batalla para pagar la nómina de sus pocos empleados y les impide mejorar las condiciones de sus direcciones de policía, atraso que también se refleja en la falta de obra pública.

El primer paso de la Conamm es que el apoyo federal llegue de manera directa y no a través de los estados, en virtud que es práctica común que sea retenido o condicionado, lo que atrasa los programas que han sido autorizados por la Federación y esto perjudica a los residentes.

El acceso a los recursos siempre ha sido limitado, y si no se cuenta con los necesarios y no hay congruencia entre las facultades y obligaciones que tienen los gobiernos municipales, por consecuencia no van a poder mejorar las condiciones de vida de los habitantes.

Durante decenios se han quejado los alcaldes de que las partidas presupuestales federales las reciben a destiempo, situación que impacta por igual a ediles de distintas procedencias políticas, pero lo más grave es que en ocasiones, debido a la tardanza, cuando finalmente reciben el recurso no pueden ejercerlo en el año fiscal obligándolos a reintegrarlo a las arcas federales.

Con las reformas que ponen sobre la mesa esperan que la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados acepten llevar a cabo las reformas necesarias, que permitan tener a los municipios el rol que les corresponde en el desarrollo del país, en función de que es la primera autoridad que tienen los pobladores y a los que deben responder con hechos, lo que será posible en la medida que cuenten a tiempo con los recursos asignados.

A FONDO PERDIDO

Contrario al programa federal de apoyo a nuevos emprendedores, que carecen de recursos para llevar a cabo sus ideas y buscan crear una empresa, donde el dinero que reciben no tienen que regresarlo ya que va a “fondo perdido”, pero que de llegar a fructificar se traduce en un espacio que produce, que genera riqueza y proporciona trabajo, los partidos políticos también reciben fondos públicos sólo que no generan capital y en varios casos se convierten en protección y refugio de vividores y cuentistas.

Cada año el Congreso del Estado autoriza una partida al Instituto Estatal Electoral (IEE) de Aguascalientes y a su vez una parte la entrega a los partidos y asociaciones políticas, lo que significa decenas de millones de pesos.

Representantes sociales han censurado esa aportación por considerar que no le reditúa ningún beneficio al pueblo, ya que la única función de los partidos es velar por sus intereses y hacerse del mayor número de parcelas de poder.

De ninguna manera hay rechazo a la presencia de las instituciones políticas, por el contrario, deben existir como parte de la diversidad de ideas y determinaciones que se registran en el ambiente social, la divergencia surge que tengan que existir a costa de los impuestos que pagan los aguascalentenses. Es demasiado el esfuerzo que hacen empresarios, trabajadores, agroproductores, comerciantes, restauranteros, taxistas, tianguistas, etc., como para que un puñado de enquistados en los partidos disfruten de ese empuje.

Sobre el particular, el consejero presidente del IEE, Luis Fernando Landeros Ortiz, asegura que “México y su sistema de partidos políticos no están preparados para apostar al financiamiento privado como única vía para sustentar sus actividades”.

Cabe mencionar que el origen del apoyo público fue que era necesario hacerlo para evitar la intromisión de dinero mal habido, que hoy se traduciría en el crimen organizado, sustento que se fortalece cada vez que algún gobernante o funcionario es incriminado por tener nexos con delincuentes, o que éstos supuestamente nombran y quitan autoridades.

El pretexto ha sido tomado literalmente por lo que ninguno hace actividad alguna para recaudar fondos entre la sociedad, lo que llega al extremo que entre los miembros de los partidos ni siquiera pagan sus cuotas mensuales. Sólo lo hacen de última hora aquellos que se van a postular a un cargo de elección popular y porque es requisito que presente el recibo de pago al momento de registrarse como precandidatos, pero hay quienes cada dos o tres años tienen que recurrir a la amenaza de exclusión a los que no estén al corriente y sólo así logran que contribuyan.

Con verdades a medias Luis Fernando Landeros explica que el financiamiento público “garantiza equidad de las contiendas electorales”, ya que esto asegura que “no existan partidos ricos y pobres”, sin embargo en la vida real los hay, a partir que reciben de acuerdo a los votos obtenidos en la elección anterior, lo que ha provocado que PAN y PRI obtengan la mayor parte de los recursos y se refleje en las contiendas, mientras que otros reciban menos, sin embargo aún siendo la menor cuantía es más que suficiente para mantener una burocracia partidista, porque además del paquete federal (por más de 4 mil millones de pesos en 2017), cada estado hace una aportación que también significa una cantidad importante y que en el caso local supera los 40 millones de pesos.

Hace varios ayeres que el Partido Acción Nacional rifaba automóviles para hacerse de recursos, por lo que era común que el vehículo que iba a sortear lo exhibía en el cruce de las calles de Allende y Juárez, lo que finalmente dejó de hacer ya que con lo que hoy obtiene es más que suficiente para estar en comodidad y tranquilidad.

Bajo estas consideraciones, lo que se canaliza vía IEE a los partidos va a fondo perdido, un dinero que se facilita como una subvención y la única obligación que tienen es esperar, como el maná, que les depositen cada mes el dinero en la cuenta bancaria y demostrar en qué lo gastaron.

Lo único que no hace el Instituto Electoral es levantar una encuesta entre el pueblo para que diga si está de acuerdo que sus impuestos se vayan para ese fin.