Por: Octavio Díaz García de León.

@octaviodiazg

 

Después de la reforma en materia de transparencia al artículo 6 Constitucional el 7 de febrero de 2014, se suponía que la Ley General respectiva debía estar lista antes de un año. Transcurrieron un año y 3 meses hasta que el pasado 5 de mayo entró en vigor la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Bueno, es un decir que entró en vigor. Los artículos transitorios prevén que podrá pasar hasta un año más para que estén plenamente vigentes las disposiciones de la Ley.

Uno de los grandes pendientes es el diseño, discusión, aprobación y promulgación de la nueva Ley Federal de Transparencia y las correspondientes en cada una de las entidades federativas. Otros aspectos como las obligaciones de transparencia (todo aquello que debe estar publicado en los portales de internet de las instituciones obligadas por la Ley) tendrán que esperar meses a que se definan los criterios respectivos. Quedan también pendientes la ley de protección de datos personales en posesión del gobierno y la reforma a la ley de archivos.

Por lo pronto el nuevo Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI, antes IFAI) ya le informó a los Poderes Judicial y Legislativo, partidos políticos y organismos autónomos, entre otros, que no aplicarán esta nueva Ley hasta que estén listas las leyes secundarias pendientes.

Las reformas en materia de transparencia son un buen avance, pero estas ventajas están todavía a un par de años de dar frutos. Pero hay un fenómeno preocupante. La sociedad organizada y la academia le dieron un gran impulso a las reformas de 2003 cuando fue promulgada la primera Ley en la materia y ese impulso duró varios años. Ese interés inicial se ha perdido. Aunque recientemente revivió el activismo a raíz de las reformas constitucionales y la nueva Ley General, pareciera que es un tema que empieza a pasar de moda. Se espera ahora que el activismo venga ya no de la sociedad sino del INAI y sus organismos equivalentes en las entidades federativas, lo que equivale a burocratizar la promoción y ejercicio de este derecho.

Tampoco se aprecia que las ventajas del acceso a la información gubernamental hayan permeado a estratos más amplios de la población. Y es que no basta con tener más transparencia y más sujetos obligados si no tenemos una sociedad que demande esa información que deben proporcionar las instituciones y personas que manejan recursos públicos.

El acceso a la información pública tampoco se ha traducido en una mayor rendición de cuentas. Si bien la información podrá estar disponible, la capacidad de analizarla sigue siendo muy limitada. Solo los especialistas la entienden y hace falta que se involucren segmentos más amplios de la población en su uso para reclamar mejores acciones de gobierno y aprovechamiento de los recursos públicos. En este sentido, las escuelas de educación superior deberían introducir cursos para que sus alumnos aprendan a usar esta información y a exigir una mayor rendición de cuentas.

Una de las promesas incumplidas de la transparencia es pensar que a mayor transparencia habrá menos corrupción. Incluso los expertos confunden términos al implicar que transparencia y lucha anticorrupción son sinónimos. Los indicios con que contamos es que a pesar de las leyes en la materia, no se ha reflejado en reducir la corrupción y menos ahora que se observa un repunte muy importante de la misma.

Si bien es cierto que algunos de los casos de corrupción han podido ser descubiertos gracias a las leyes de transparencia, las redes sociales han sido mucho más eficaces para darlos a conocer.

El acceso a la información pública gubernamental solo es una herramienta más para el combate a la corrupción pero no da resultados en automático. Se tiene que usar la información con ese propósito y exponer ante la sociedad y las autoridades los hallazgos para que se castigue a los corruptos.

Por otra parte, después de mucho activismo reciente por parte de la sociedad organizada y la academia, las reformas constitucionales en materia anticorrupción fueron ya aprobadas por el Congreso Federal y en la mayoría de los congresos estatales por lo que próximamente serán promulgadas por el Presidente. Pero así como en el caso de las reformas en materia de transparencia, estas reformas anticorrupción tardarán unos tres años en estar vigentes. Luego habrá que darles capacidades operativas a las instituciones que se pretende fortalecer con estas reformas, tarea que probablemente quede para la próxima administración federal en 2019. Si había alguna expectativa de que con ellas se atacaría el fenómeno desatado de la corrupción en un corto plazo, no va a ocurrir así. Esto no quiere decir que no se pueda hacer algo con las instituciones que ya existen. Solo basta voluntad política para empezar a trabajar contra la corrupción de inmediato y que la sociedad participe en este esfuerzo.

La paradoja está en que la sociedad espera que el gobierno sea quien combata la corrupción al interior de sus propias instituciones, pero si los ciudadanos no usan las leyes de transparencia y las reformas anticorrupción, será muy difícil que desde adentro se erradiquen los vicios que aquejan a la burocracia. Estas reformas no darán fruto si no se da una participación activa de la sociedad.

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