En días recientes, mucho se ha escuchado acerca del Frente Nacional por la Familia; mismo que tiene como objetivo el enfrentar la iniciativa de reforma que presentó el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto. La organización, según dicen diversas entrevistas, se encuentra conformada por instituciones de todo el país de más de 27 estados y argumentan de manera falaz que la iniciativa representa un golpe a las familias mexicanas.
Me atrevo a calificar como falaz su argumentación ya que me di a la tarea de transitar por Avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México el día en que estos ciudadanos manifestaban su descontento. Acto siguiente, me permití interrogar a un par de individuos al respecto de las razones por las cuales estaban ahí y para mi sorpresa, tan solo 2 de las 25 personas a las que interrogué tenían una idea clara de las implicaciones de la iniciativa presidencial. Razón por la cual decidí abocar mis líneas en esta ocasión, para explicar un poco acerca del contenido de la iniciativa presidencial.
El pasado 17 de mayo, de conformidad con las facultades del ejecutivo, se presentaron ante el Congreso de la Unión varias iniciativas que adicionan y reforman diversa normatividad. Dentro de las cuales me permitiré destacar las correspondientes al fortalecimiento de la equidad de género. Dentro del eje rector denominado Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se prevé en su objetivo 1.5 el garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación.
Nuestro marco jurídico, sufrió un cambio paradigmático en materia de derechos humanos desde el año 2011, ya que se reformó el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se estableció, entre otras cosas, que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Dentro del mismo precepto, se prohíbe toda discriminación motivada por preferencias sexuales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Como parte de las labores de investigación por parte de la Consejería Jurídica de la Presidencia, la Secretaría de Gobernación y diversas instancias, se ha detectado que en algunas legislaciones civiles (mismas que son competencia exclusiva de los estados) existen ciertos preceptos de carácter discriminatorio de conformidad con los tratados internacionales que el Estado Mexicano ha suscrito, así como disparidad de criterios en cuanto a algunas figuras reguladas. Para ser más precisos, se detectó lo anterior en cuanto a la edad mínima para contraer matrimonio, y en los derechos y requisitos para contraer matrimonio, vivir en concubinato y llevar a cabo el divorcio.
En aras de lo anterior, se busca desde la perspectiva federal, incorporar un lenguaje incluyente para eliminar todas las formas de discriminación y generar condiciones que permitan una protección y participación igualitaria en la vida civil, familiar, cultural, económica y social de país. Es por ello que dentro de la iniciativa de reforma a diversas disposiciones del Código Civil Federal se contempla el garantizar el derecho de las personas del mismo sexo para contraer matrimonio en igualdad de condiciones, se contempla la igualdad de condiciones para la adopción, se garantiza la identidad de género, se establece el divorcio sin expresión de causa y un par de actualizaciones más a diversos supuestos que permiten colocar la legislación como un referente en materia de igualdad de género.
De igual manera, en la misma fecha, se presentó también una iniciativa para reformar el artículo cuarto de nuestro máximo ordenamiento con el objeto de establecer el derecho de las personas mayores de dieciocho años a contraer matrimonio, así como la protección adicional de que dicho derecho no podrá ser restringido por origen étnico o nacional, por razones de género , por discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión alguna, preferencia sexual o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.
Por lo pronto, me permito dejar sobre el tintero únicamente el contenido de las aludidas iniciativas que por el momento se encuentran en “la congeladora” del poder legislativo federal, y dejo para otra ocasión comentar las interesantes implicaciones jurídicas al respecto, ya que estoy seguro que muchos legisladores que tanto se han pronunciado por el respeto a los derechos humanos tendrán inclusive conflictos de identidad ideológica y partidista al tratar estos asuntos.
David Reynoso Rivera Río.

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