Josemaría León Lara

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su último artículo (135), establece la manera en que ésta puede ser reformada o adicionada. Para que esto sea una realidad es necesaria la aprobación de las dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso de la Unión, así como que la mayoría de las legislaturas estatales estén de acuerdo.

En el actual gobierno federal, tanto se han anunciado con bombo y platillo las llamadas “reformas estructurales”, mismas que para su realización fue necesario reformar la Carta Magna y subsecuentemente la reforma a leyes existentes sobre materias particulares o la creación de nuevos ordenamientos legales.

Desde varios meses atrás se venía cocinando en materia legislativa, una reforma constitucional ambiciosa con el fin de darle una nueva estructura tanto política como jurídica a la capital del país; conocida por el nombre de Reforma Política del Distrito Federal es más que el simple hecho de cambiarle el nombre y bautizarla como La Ciudad de México.

Esencialmente el Distrito Federal fue concebido para ser la sede de los tres poderes federales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), desde la Constitución de 1824, misma que mencionaba en su artículo 50 Fracción XXVIII lo siguiente: “Elegir un lugar que sirva de residencia a los supremos poderes de la federación y ejercer en su distrito las atribuciones del poder legislativo de un estado”.

Sin embargo su ubicación territorial e importancia como capital, datan desde tiempos precortesianos puesto que justo ahí se encontraba la ciudad azteca de México-Tenochtitlán. Una vez que tuvo lugar la conquista y surgió la Nueva España en lo que una vez fue la ciudad por antonomasia del poderío mesoamericano, se convirtió en la Ciudad de México.

Poco más de trescientos año llevó ese nombre, puesto que el régimen republicano y federal adoptado después de la Independencia por mandato constitucional se dio origen al Distrito Federal. Es cierto que esto no es más que la tropicalización del modelo de forma de gobierno estadounidense, que claramente influyó en el primer congreso constituyente mexicano; demostrando que el nuevo Distrito Federal era una “copia” de su par el Distrito de Columbia.

Después de algunos años, invasiones extranjeras y pérdidas territoriales, llegó en 1857 una nueva constitución, misma que seguía contemplando la existencia del Distrito Federal, pero dándole una nueva razón más explícita para su existencia: “Artículo 46.- El Estado del Valle de México se formará del territorio que en la actualidad comprende el Distrito Federal; pero la erección solo tendrá efecto, cuando los supremos poderes federales se trasladen a otro lugar”.

Una vez entrada en vigor la Constitución de 1917, llega una primera reforma estructural al D.F. (1928), quitando el sistema municipal que hasta entonces regía al mismo y convirtiéndolo en el Departamento del Distrito Federal, dejándolo bajo la tutela del Jefe de Departamento de la Ciudad de México, mismo que era nombrado y retirado del puesto libremente por el Presidente de la República.

En la próxima entrega analizaré de manera breve el resto de reformas a la ciudad capital durante el transcurso del S. XX, así como la Reforma Política que acaba de ser aprobada y que transforma de gran manera a la Nueva Ciudad de México.

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