Prof. Flaviano Jiménez Jiménez

La Reforma Educativa fue la carta de presentación de la actual administración federal, misma que despertó grandes expectativas entre la sociedad y, hasta la fecha, sigue siendo la más aceptada y la más requerida de todas las reformas aprobadas; sin embargo, su implementación no está siendo del todo afortunada, ni siquiera en los estados donde la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) tiene poca o nula presencia.
¿Por qué se está dificultando su aplicación? Entre otras cosas, porque las autoridades han delimitado a la Reforma en las dos cuestiones más polémicas; por una parte, en la aplicación drástica de exámenes a los docentes y directivos; y, por la otra, en las constantes amenazas a los maestros de separarlos del servicio si no presentan evaluación o si no resultan idóneos en ésta. Cuando una Reforma Educativa bien pensada y bien diseñada, es más que la evaluación docente y más que amenazas. Por ejemplo, se debería empezar por rescatar, en lo pedagógico, todo lo bueno que se ha hecho y que ha dado buenos resultados en las últimas décadas, y desechar o transformar todo aquello que no ha rendido buenos frutos; pues la experiencia dicta que no todo lo viejo es malo, ni todo lo nuevo es bueno en automático. Con base en lo anterior, ahora sí formular un nuevo modelo educativo sustentado en las nociones y las teorías más avanzadas, que responda a las exigencias del tipo de mexicano y sociedad que se desean en el presente y en el futuro. Consecuentemente, de este modelo se derivarían los programas de estudio para el alumnado, así como los elementos sustantivos para la formación inicial y permanente de los docentes y directivos escolares, que son los encargados de operar los cambios y de contribuir en los resultados deseados. Pero en lugar de esto, la Reforma se ha reducido en la evaluación docente como un fin en sí mismo y en intimidaciones, con los rechazos consiguientes.
Según la información divulgada, en 27 estados, salvo algunas pequeñas protestas y otras de consideración, los maestros convocados han estado acudiendo, a los lugares indicados, para presentar exámenes; sí, pero por obligación o por temor, mas no convencidos de las bondades de la Reforma Educativa; lo que no asegura avances en los servicios. En cambio, en los estados donde la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación sí tiene amplia presencia cuantitativa como en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas, hay y habrá fuertes rechazos al examen (con o sin razón); incluso hasta pueden darse enfrentamientos entre docentes y personal de seguridad; los docentes tratando de evitar la aplicación de la evaluación y los de seguridad tratando de que los exámenes sí se apliquen. En estas entidades federativas, para dar la impresión a la opinión pública que sí se está evaluando a los maestros, la estrategia de las autoridades, como la aplicada en Michoacán el pasado fin de semana, es valerse de los adversarios políticos de la Coordinadora, que son los maestros institucionales pertenecientes al Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), quienes (por exhibir y presionar a los contrarios) sí aceptaron evaluarse y por ello las autoridades los apapacharon, dándoles viáticos, hospedaje en hoteles y transportándolos hasta en helicópteros, con tal de que pudieran llegar a la capital del Estado para presentar exámenes. De este modo, de los 86 mil maestros adscritos en Michoacán presentaron examen 2 mil 500 docentes institucionales (llamados esquiroles), que representan el 2.9 % del total de maestros del Estado. Y con toda seguridad que esta misma estrategia se utilizará en las demás entidades federativas donde predomina la Coordinadora: a los institucionales, aunque pocos pero existen, los apapacharán para que presenten examen. Pero los docentes que por convicción, por presión o por conveniencia pertenecen a la Coordinadora ¿presentarán la evaluación? Todo parece indicar que no, porque su intención es llevar las cosas hasta sus últimas consecuencias; por tanto, lo más probable es que a estos maestros, de acuerdo con los cálculos y la calendarización de las autoridades, se les puede programar o reprogramar su evaluación hasta 2018, cuando esta administración esté entregando sus responsabilidades a otra administración, la que se haría cargo de esta papa caliente.
Si hoy provoca animadversión el simple hecho de presentar examen, ¿qué pasaría si un alto porcentaje de docentes y directivos no resulta idóneo en la evaluación? La lógica hace pensar que las autoridades unificarían a un gran número de maestros en su contra y en contra de la Reforma Educativa; se sumarían los no idóneos y los que rechazan la evaluación, generando mayores problemas. ¿Qué salidas encontrarán las autoridades a esta Reforma entrampada?, ¿medidas tajantes?, ¿negociaciones?, ¿simulando datos? Y ¿qué pasará, mientras tanto, con la calidad educativa?