Fernando López Gutiérrez

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@ferlog14

Aunque comprendo con claridad las razones que las sustentan, nunca he compartido las opiniones y propuestas dirigidas a lograr una disminución en las percepciones salariales y los recursos económicos de apoyo a los funcionarios públicos de alto nivel, pertenecientes fundamentalmente a los poderes legislativo o judicial, o bien, a los entes y órganos autónomos relacionados con la Administración Pública Federal. Mis discrepancias con este tipo de planteamientos se fundamentan principalmente en la importancia que le concedo al uso de recursos públicos para lograr que quienes detentan este tipo de cargos puedan mantener una autonomía suficiente en su desempeño y estén en condiciones de contar con el apoyo profesional adecuado, que fortalezca la importante labor que realizan.

Como consecuencia de lo anterior, antes que un ciudadano inconforme ante los salarios y apoyos que reciben los funcionarios públicos, me inclino a ser uno crítico hacia la labor y resultados que estos generan. En el contexto de indignación que priva en nuestra sociedad, respecto al ejercicio de la función pública, considero más importante evaluar qué es lo que nuestros servidores públicos hacen con los recursos que se les otorgan, que revisar cuánto dinero se les entrega por el cumplimiento de sus responsabilidades. Al fin y al cabo ambos temas no pueden desvincularse: determinar si los funcionarios merecen los sueldos, prestaciones y apoyos que reciben sólo es posible en la medida en que podemos definir si dichos asalariados hacen un uso correcto de tales recursos y si los montos presupuestales que se les asignan contribuyen a un mejor ejercicio de sus funciones.

Este tema cobra una importancia central en la labor que ejercen nuestros legisladores. De manera continua surgen críticas respecto a la productividad legislativa y la calidad de las propuestas que tanto senadores como diputados presentan. Al existir plena libertad para que los representantes populares en el legislativo impulsen iniciativas y proyectos resulta imprescindible una revisión constante y acuciosa de los proyectos que generan. En este sentido, es imprescindible verificar el contenido de las propuestas que cada legislador pone en marcha y juzgar su labor y desempeño en función de los resultados que estas podrían tener para nuestra sociedad.

Cuando una iniciativa o proyecto de ley, presentado por algún diputado o senador en particular, mantiene errores y planteamientos evidentes no debería ser suficiente por parte de éste el argumento de que lo que ha registrado para su discusión es solamente una idea, un avance o un borrador. Su obligación está en verificar que cada producto legislativo que desarrolla sea realizado con responsabilidad y seriedad, por la simple razón de que ese es su trabajo y para eso se le otorgan recursos públicos que son escasos y que no debería desperdiciar en espera de que la sociedad revise y verifique si lo que entrega está bien hecho.