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Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 31-Mar .- La Presidencia de la República rechazó ayer que el equipo de campaña del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto contratara en 2012 a un hacker para espiar a sus contrincantes.
Por ello, aseguró, el triunfo del abanderado priista obedece “única y exclusivamente, al respaldo libre, informado y mayoritario del electorado mexicano”.
La revista “Bloomberg Businessweek” reveló que el hacker colombiano Andrés Sepúlveda asegura haber operado en la campaña de Peña Nieto espiando a sus competidores y manipulando redes sociales.
“Rechazamos cualquier relación entre el equipo de la campaña presidencial de 2012 con Andrés Sepúlveda, o que se haya contratado al consultor J.J. Rendón.
“También rechazamos el uso de la información y metodologías planteadas por dicho artículo”, indicó la Presidencia en un comunicado.
La planeación, dirección y ejecución de dicha campaña presidencial, aseguró, fue realizada por dirigentes, militantes y simpatizantes del PRI.
Las acciones de dicha campaña, agregó, se sujetaron a los lineamientos y restricciones establecidos en la legislación electoral vigente en ese momento.

Advierten delitos ex consejeros del IFE

Rolando Herrera
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 31-Mar.- Las revelaciones del hacker Andrés Sepúlveda, quien confesó haber recibido 600 mil dólares por haber hecho espionaje para la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012, podrían tener consecuencias penales, consideró el ex consejero electoral Alfredo Figueroa.
De ser ciertos sus dichos, dijo, habría que revisar si los 600 mil dólares, que el hacker afirma que le fueron pagados, los erogó el PRI y si éstos fueron o no reportados como gastos de campaña.
“En el ámbito estrictamente electoral, se habla de 600 mil dólares y, en todo caso, habría que revisar si son gastos que emitió el PRI que están reportados en los gastos de campaña de Peña Nieto”, planteó quien en 2012 fue integrante del Consejo General del extinto IFE.
Por otro lado, expuso Figueroa, la intervención de comunicaciones privadas —al haber espiado a los otros candidatos: Andrés Manuel López Obrador y Josefina Vázquez Mota– constituye un delito penal, que corresponde perseguir a la PGR.
“Es necesario hacer investigaciones vinculadas a delitos de otro tipo, porque se trata de intervención de comunicaciones, que es competencia del Ministerio Público”, dijo.
María Marván, quien también fue consejera del INE en 2012, consideró que las revelaciones del hacker colombiano sólo aumentarán la desconfianza de los ciudadanos en los partidos políticos y en el Presidente Enrique Peña Nieto, pero difícilmente tendrán consecuencias jurídicas.
“Es un elemento más para minar la credibilidad de los partidos políticos en general y, en particular, en la de un partido (el PRI) y Enrique Peña Nieto, en tanto que es para quien dice haber trabajado”, dijo.