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Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 19-May .- La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó este miércoles un amparo con el que un alumno de la Universidad Autónoma Metropolitana reclamaba un plazo mayor a los 10 años que marca el reglamento interno, para terminar sus estudios de licenciatura.
La Segunda Sala del máximo tribunal sobreseyó y negó el amparo directo promovido por Rodrigo Cristóbal Vázquez, al estimar que el reglamento universitario no violenta sus garantías constitucionales.
El quejoso presentó su demanda porque el Consejo Divisional no le otorgó una ampliación para cursar una materia y concluir la licenciatura de Economía, debido a que implicaba sobrepasar el plazo de 10 años que prevé la norma para concluir los estudios.
En su demanda de garantías, impugnó los artículos 18, 45, 46, 47, 51 y 54 del Reglamento de Estudios Superiores de la UAM y la negativa de la autoridad universitaria, basada en esos preceptos.
Vázquez planteó en su amparo que esta situación le impedía dedicarse a la profesión que eligió, al no poder cursar la única materia que le falta acreditar.
También se dolió de que el reglamento no prevea un medio ordinario de defensa contra las resoluciones del Consejo Divisional, violando su garantía de audiencia, y que dichas determinaciones sean inapelables.
El Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa de esta capital le negó la protección de la justicia y sobreseyó el amparo del estudiante, porque en principio adujo que el reglamento no le impide su derecho ni le impide desarrollar la profesión de su interés.
Lo anterior, porque el quejoso puede acceder a cualquier sistema educativo para alcanzar su objetivo de titularse como economista.
En relación al carácter “inapelable” de las resoluciones del centro universitario, el juzgado dijo que si bien podía atacarlas mediante el amparo, puntualizó que la UAM goza de una autonomía constitucional que le permite determinar su organización y funcionamiento.
En conclusión, se negó la protección de la justicia a Vázquez porque no atacó los argumentos de la UAM “por vicios propios, sino con motivo de la inconstitucionalidad de los preceptos reclamados”, lo que resultó improcedente.
La Corte ayer confirmó este mismo criterio y devolvió el expediente al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de esta ciudad, para que se pronuncie por los aspectos ajenos a la constitucionalidad del reglamento.