Víctor Fuentes
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 16-Nov .- La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó hoy atraer el caso de la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, con el que se pretendía aclarar si las personas mayores de 60 años acusadas de un delito federal tienen derecho a prisión domiciliaria mientras son juzgadas.
Por tres votos contra dos, la Primera Sala de la Corte se negó a aceptar la solicitud del Ministro José Ramón Cossío para revisar un amparo promovido por Gordillo, al considerar que el asunto no tiene características jurídicas relevantes que ameriten la intervención extraordinaria del máximo tribunal.
Una vez rechazada la atracción, el expediente será devuelto al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal, que resolverá en definitiva, probablemente hasta 2017.
Sólo Jorge Pardo apoyó a Cossío, mientras que Arturo Zaldívar, Norma Piña y Alfredo Gutiérrez votaron en contra.
La Corte no ha querido atraer ninguno de los expedientes relacionados con Gordillo, pues ya se había negado siquiera a tramitar peticiones previas para revisar amparos contra el auto que la mantiene privada de su libertad por lavado de dinero y delincuencia organizada.
Cossío había hecho suya la solicitud de atracción planteada por los abogados de Gordillo, pues a su juicio el caso hubiera permitido a la Corte aclarar los alcances del artículo 55 del Código Penal Federal, que permite la prisión domiciliaria para mayores de 70 años que no han sido sentenciados.
Según Cossío, la Corte debía aclarar el concepto de “adulto mayor”, pues el Código se refiere a los que tienen 70 años, pero la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores ubica en este grupo a todos los mayores de 60.
“El asunto permitiría un pronunciamiento de una posible contradicción en relación con la edad para estimar a una persona como adulta mayor, ello, si es que se considera con claridad que ese beneficio en el proceso penal tiene relación directa con la protección de las personas adultas mayores”, se explicaba en el proyecto.
Ahora, será el tribunal colegiado el que revisará el amparo que la Magistrada Isabel Porras concedió en enero de 2016 a Gordillo, en contra de la negativa de prisión domiciliaria dictada por el también Magistrado Luis Pérez de la Fuente.
Según Porras, su colega violó la Constitución y tratados internacionales sobre protección a los adultos mayores al negar la solicitud de Gordillo, pues interpretó de manera restrictiva el artículo 55, con base en la edad de la acusada cuando se ordenó su aprehensión, 68 años, y no los 70 que ya había cumplido en febrero de 2015, cuando pidió la prisión domiciliaria.
Si el tribunal colegiado confirma este criterio, el caso volvería a Pérez de la Fuente, quien tendría que conceder la prisión domiciliaria a Gordillo, o encontrar otras razones fundadas para negársela.