La orden para que la jornada en las escuelas de preescolar se amplíe una hora ha puesto en extrema alerta al personal que labora en estas instituciones, al considerar que es errónea la apreciación que tiene la autoridad educativa sobre el trabajo que desempeñan.

Es un asunto que hace un año provocó protestas de las profesoras, por lo que se tuvo que dar marcha atrás, pero ahora la disposición viene de la Secretaría de Educación Pública (SEP), por lo tanto será de acatamiento obligatorio y sin que reciban una retribución económica por ese tiempo, lo que ha provocado un descontento generalizado ya que sin haber una consulta ni tomar en cuenta sus puntos de vista se pretende aplicar la medida.

Entre los argumentos de la SEP está que la recepción de los alumnos a las 9.00 horas y su entrega a las 12.30 no se consideran parte del horario escolar y por lo mismo no cumplen con el tiempo necesario de atención, por lo que deberá ampliarse una hora la presencia de niños y niñas en las aulas. Se asegura también que esto permitirá estimular la enseñanza de los menores y será un incentivo para que las mamás que trabajan tengan más tiempo para organizarse.

Por lo anterior, las docentes han empezado a reunirse para exigir la intervención del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ya que, afirman, es injusto que se pretenda imponer más tiempo de labores, toda vez que lo que hacen al recibir y entregar a los pequeños es parte de su trabajo y lo hacen dentro de su horario laboral, además de que hay un total desconocimiento de la hora en que inician, que de ninguna manera es a las 9.00 sino a las 8.00 horas para empezar a recibir a los alumnos, precisamente de los papás que trabajan y tampoco concluye a las 12.30 sino a las 13.00 horas o después, hasta que se haya retirado el último de los niños.

Cada profesora recibe uno por uno a los alumnos y al concluir las clases deben entregarlos de la misma manera a la persona indicada, lo que se convierte en un procedimiento más largo que en primaria y secundaria, porque en estos niveles se abren las puertas y niños o jóvenes se retiran libremente, en cambio en preescolar se debe tener extremo cuidado con ellos.

Las quejosas consideran que lo adaptable del calendario no debe afectar los derechos laborales y menos cuando se trata de una acción que carece de elementos justificables, porque el hecho de no tomar en cuenta el tiempo real que están en funciones es ignorar lo que realmente pasa en el jardín de niños y de cómo opera.

Si se mira este asunto desde otro ángulo, no acaba de entenderse que la SEP le eche más limón a la herida. Enfrenta una disidencia cada vez más agresiva, lo que ha obligado al SNTE a actuar en defensa de sus agremiados, pero ahora abre otro frente que podría parecer sin mayores consecuencias, no obstante son 187,000 las maestras de preescolar, lo que en términos generales significan alrededor del 20% del total del profesorado nacional.

En las razones que presenta la SEP no aporta evidencias que lo hace a petición de los padres de familia, que al no haber sido consultados pueden hacer causa común con las educadoras, lo que detonaría una participación social no contemplada en la reforma educativa.

Esto tiene que resolverse antes de que inicie el ciclo de clases.

FANTASMA DE SANTANA

Antonio López de Santana fue un Presidente de la República que se caracterizó, no sólo por haber “vendido” la mitad del territorio mexicano a Estados Unidos, sino por los abusos que cometió las once veces que estuvo en el cargo, recordándosele por los impuestos que aplicó la última vez que ejerció el poder, como un peso mensual por cada perro y luego por cada animal doméstico, y en caso de no pagar o no poder hacerlo se castigaba con la pérdida de los animales y de no hacer espontáneamente el pago se triplicaba la cuota.

Alguien en el Ayuntamiento de Aguascalientes debió haber leído la biografía de “Su Altísima Serenísima”, como se hacía llamar el veracruzano, para de inmediato emplear algunas de sus ideas, por lo que actualmente está en marcha una campaña para registrar los perros y gatos y en la invitación que se hace es que no tiene ningún costo, si embargo, se advierte que en caso de no hacerlo se aplicará una multa que podría llegar a los 9,700 pesos.

Ciertamente, no se cobra la inscripción, pero una vez incluida la mascota en el padrón, el propietario tiene obligación de cumplir una serie de requisitos para con el animal, como llevarlo periódicamente al veterinario y velar por su salud y bienestar, además de tenerlo en un espacio acogedor, aspectos que serán vigilados por la propia autoridad municipal, que podrá aplicar las sanciones que sean necesarias a quien incumpla. Lo que no se sabe es si también al fallecimiento del perro o el gato debe recibir los servicios correspondientes y cuál será el costo para darlo de baja del padrón.

Es algo así como las famosas tarjetas bancarias y de casas comerciales, que al obtenerlas no se paga un solo peso, pero una vez que se da de alta el usuario tiene que pagar una anualidad y por cualquier trámite que haga su poseedor es una cierta cantidad, asimismo, cuando se busca darla de baja la gestión resulta engorrosa.

Pues ojalá que en este último año a la administración municipal no le dé por cobrar en otros rubros que hacía Santana, como 200 pesos a los que censuren o murmuren del gobierno y una contribución por cada puerta y ventana exteriores de edificaciones urbanas y rústicas, o por las luces exteriores de cada lugar habitable o local comercial.

APRETURA ECONÓMICA

Los momentos económicos que vive el país obligan a hacer recortes en prácticamente todas las áreas que tienen que ver con el gobierno federal, lo cual en unos casos afecta más que en otros, ya que no es lo mismo diferir una obra o un programa, que reducir el apoyo a sectores productivos medianos y pequeños, en virtud que muchos de éstos dependen en gran medida de las compras oficiales, como ocurre con los lecheros, que han visto mermados sus ingresos hasta en un 50%. Hacen responsable de sus desgracias a Liconsa, aunque debe entenderse que este organismo se sujeta al presupuesto que le fija la Secretaría de Hacienda, por lo que si de lo que tenía asignado para el año se lo disminuye, en la misma proporción deja de adquirir la leche. Para el presidente del Frente Nacional de Defensa de Productores y Consumidores de Leche, Álvaro González Muñoz, el asunto no tiene que ver con una cuestión presupuestal sino de manejo político, pero la realidad es que en todos los rubros federales hay menor inversión y en el caso de Liconsa no tiene otra opción que trabajar con lo que tiene. En lo que hay una gran verdad es sobre la importación de leche en polvo, que necesariamente le quita venta al producto fresco, y que algunas empresas particulares aprovechan el momento para pagar a menor precio el producto. Para una solución a estos problemas debe haber una modificación en la ley y en este sentido se le debe exigir al Congreso de la Unión que haga su chamba.