Claudia Guerrero
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 26-Sep.- El PRI dejó sin derechos de militantes al Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y a la red de funcionarios, ex funcionarios y notarios públicos acusados de servir como prestanombres, avales de empresas fantasma y hasta consejeros para buscar impunidad.
La decisión involucró a Juan Carlos Rodríguez García, Gabriel Deantes Ramos, José Antonio Chara Manzur Beltrán y Arturo Bermúdez Zurita, así como los notarios públicos Israel Ramos Manje y Daniel Cordero Gálvez.
El proceso inició luego que el 21 de julio el priista Armando Barajas pidió la expulsión de Duarte, el Gobernador de Chihuahua, César Duarte, y el ahora ex mandatario de Quintana Roo, Roberto Borge.
La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del tricolor tomó el caso del veracruzano para procesarlo por separado y sumar acusaciones concretas presentadas por otro militante del PRI, Cesar Mora Velázquez, el 20 de septiembre.
Esta segunda denuncia resultó clave para el fallo de la Comisión, ya que sancionó a todos los involucrados en la queja.
“Lo hasta aquí referido implica la posible vinculación de militantes del PRI, y al mismo tiempo servidores públicos, en actos de corrupción (.)
“Al menos en un alto grado de probabilidad de que los aquí denunciados se apartaron del recto y honesto comportamiento, así como falta de probidad en el desempeño de las funciones que como servidores públicos les fueron encomendadas”, refiere la denuncia analizada para la resolución.
El presidente de la Comisión, Fernando Elías Calles, aseguró ayer que las acciones cometidas por Duarte y los funcionarios locales afectan gravemente la imagen del PRI.
“La Comisión determinó emitir la medida consistente en la suspensión de derechos del militante a los denunciados, dada la gravedad de las acusaciones y la afectación a la imagen del PRI”, expresó.
El senador Arturo Zamora, integrante del ente partidario, confirmó que entre las valoraciones revisadas para sancionar a los veracruzanos están las indagatorias que realizan autoridades federales en su contra.
“Estamos tomando una determinación que está debidamente razonada y fundamentada en una cadena de hechos que han dado a conocer fundamentalmente diferentes medios de comunicación.
“En este sentido, ya existiendo formalmente solicitudes a través de las autoridades fiscales, de las autoridades que auditan el manejo de los recursos públicos, y a través de particulares que han presentado una serie de denuncias en ambas instancias”, detalló.
Para continuar con el procedimiento, los involucrados serán citados a declarar ante la Comisión.
El Código de Justicia Partidaria establece que la suspensión podrá durar mientras son sentenciados los acusados. Aunque la suspensión no tiene plazo perentorio, se señala que no podrá durar más de tres años.