RODRIGO ÁVALOS ARIZMENDI

El país otra vez está metido en el mismo pantano que hay entre el delito, persecución del delito, presencia del Ejército, actuación del Ejército, personas desarmadas, ejecuciones extra judiciales –aparentemente-; y una vez más los elementos de éste conflicto son los mismos y no hemos logrado el desarrollo de ningún mecanismo institucional para que ese polinomio, pues ya son muchos los elementos que están en juego en todo esto, encuentre una solución definitiva. El Ejército Mexicano necesita su marco jurídico, entre otras cosas, porque sin ese marco resulta mucho más fácil que se acuse cualquier conducta violadora de los derechos humanos. Sobre todo las conductas que son evidentemente violatorias de los derechos humanos y que se cometen con mucha frecuencia. Ahora bien. Lo que vimos en ese video de Puebla, en donde unos militares detienen a unas personas que van en reversa, los bajan, a unos los jalan de los cabellos, los tironean de la ropa, los someten, los tiran al piso, etc. ¿Ese es el Ejército que viola derechos humanos o un piquete de soldados que estimulados por la balacera no encuentran más forma de reaccionar que la forma lógica de los soldados, que están entrenados para eso? Y esos hombres entrenados para eso, han sido también educados, superficialmente si usted quiere, pero se les han dado curso e instruido sobre el respeto a los derechos humanos, sobre todo cuando personas que han cometido algún delito ya están en condición de rendirse, cuando ya no ofrecen resistencia, cuando ya no están armados, o al menos no se les ve armados en los videos, y entonces ya no es necesario el uso excesivo de la fuerza como lo sería cuando ellos estuvieran disparando, repeliendo un ataque o generando una agresión contra los soldados.

¿Es muy difícil enseñarles nuevas formas de comportamiento a los soldados? ¡Si! ¿Que el Ejército, como institución, pretende que esas nuevas formas también estén presentes en la conducta de los soldados? ¡Si es cierto! Pero aquí hay un elemento que así como está en los derechos humanos está el factor humano. Los soldados cuando andan en esos operativos no descansan, duermen mal, comen poco, sudan mucho, no se pueden quitar el uniforme, están malhumorados, están cansados, etc. No son justificaciones pero son explicaciones, para la conducta de los militares. Esto, obviamente nos va a llevar de nuevo a la discusión sobre la letalidad de las fuerzas armadas, sobre el control de la violencia como elemento central de la nueva ley que se está tratando de empujar desde hace mucho tiempo de Seguridad Interior y que simplemente no sale. Si tuviéramos esa ley ¿Cuál sería la diferencia entre esa ley y las consecuencias de lo que hemos visto sin esa ley? ¡Ninguna! Ninguna porque los hechos ya tienen una forma de ser calificados y de ser procesados. Si esta ejecución extra judicial se logra confirmar y se comprueba, ese soldado cargará con las consecuencias judiciales de haber cometido un asesinato. ¿Cuáles serán las consecuencias que tenga ese soldado por haber cometido una violación de derechos humanos? ¡Ninguna! Se le juzgará y se le condenará por homicidio y a la mejor lo meten 40 años a la cárcel. Pero las violaciones a los derechos humanos no se le pueden poner por encima de la violencia evidente. ¿Qué viene después de esta investigación? Bueno, que la Comisión Nacional, según dijo Adolfo López, el Ombudsman poblano, tendrá que hacer una investigación y determinar los alcances de lo único que puede hacer: Una recomendación al Ejército, al cual le va a recomendar ¿Qué? Lo mismo que ya le ha recomendado en ocasiones anteriores y que la Secretaría de la Defensa ha cumplido casi en su totalidad a esas observaciones. Después, aquí vienen los dos fenómenos, la violación de los derechos humanos, por tratarse de una autoridad que comete un abuso gravísimo, porque es la perdida de la vida de un ser humano, y por el otro lado el Derecho Penal que castiga a un asesino así traiga, o no traiga, uniforme.

En este asunto los huachicoleros han usado para sus delitos a sus familias, han matado soldados, han puesto un clima de violencia en la zona y ese clima de violencia en la zona ¿Como se ha querido resolver? Mandando más elementos militares a resguardar los ductos y el comercio ilegal de combustibles. Apenas el día 5 de mayo, cuando esos hechos se hicieron del conocimiento de la comisión local, en la jura de bandera se estaba hablando de la responsabilidad militar y de la manera como no cayeron en la provocación y no atacaron a la población indefensa que los ladrones de combustible usaban como escudo. Hoy vemos a un piquete, no un pelotón, era una pequeña patrulla que incurre en una violación de los derechos humanos. ¿Fueron ellos o fue el Ejército? ¿Quiénes fueron?

 

LA TIERRA DE LOS CARTELES

Pues sigue el cuento de nunca acabar en el tema de los autodefensas, en el Estado de Michoacán, asunto que le costó tres años de prisión prácticamente al Dr. José Manuel Mireles, un rebelde con causa. En efecto, este es un asunto que no tiene fin y que incluso ya tiene ramificaciones. ¿Cuáles son las ramificaciones? Pues esto que hicieron los huachicoleros de sacar a la gente – mujeres y niños -y ponerla enfrente del Ejército y tomar un pueblo bajo su control, es la autodefensa de su actividad de robo de combustible y es enfrentar aparentes poderes civiles con poderes instituidos como el Ejército o la Policía Federal. Un poco lo que ocurrió también en Oaxaca. Un grupo que se apodera de la carretera y que no permite que después haya nadie que haga una investigación, más que quienes ellos dicen, como ellos quieren, y es la sustitución de las fuerzas institucionales por las fuerzas “espontaneas” en donde hay una imbricación muy notable entre los grupos de la delincuencia organizada y los aparentes redentores de la sociedad que van en busca de la protección social en contra de grupos como La Familia, La Tercera Hermandad, Los Caballeros Templarios, etc. que son organizaciones aparentemente que van mutando de lo civil a grupos armados que desafían con su aparentemente presencia perdurable la presencia efímera de las fuerzas de seguridad.

José Manuel Míreles encabezó uno de los grupos, que se institucionalizaron, de autodefensa bajo control del gobierno, con esos uniformes que hasta grandes les quedaban, y que fueron institucionalizados como vigilantes y guardianes ¿De quién? Pues de la operación de los cárteles delictivos en el Estado de Michoacán. Lo anterior es narrado en un documental esplendido que se llama “La tierra de los cárteles” –Cartel Land-, que además estuvo nominado para el Oscar y que se pudo ver por Netflix. Ahí explican claramente como de día las autodefensas actúan como defensores de la justicia, amparados por el gobierno federal, y de noche de los narcos. Es innegable que todos los grupos de autodefensa tenían vínculos directos de dependencia con los cárteles de la droga.

Hoy a Míreles lo sueltan, está muy enfermo, tiene problemas de diabetes, de corazón, etc. Lo dejaron que se fuera a su casa y ahí le van a seguir el proceso. Esta libertad bajo fianza es el preludio de su exoneración. Lo dejaron ir a que se muera tranquilo.