¿Quién cuidará de nuestros adultos mayores?

Por: Jesús Álvarez Gutiérrez

El segmento de la población que más rápido está creciendo en nuestro país es el de los mayores de 60 años. Hace veinte años sólo uno de cada quince mexicanos era adulto mayor; hoy representan uno de cada diez; dentro de veinte años, uno de cada cinco mexicanos tendrá más de 60 años. La mayoría de ellos estará concluyendo su etapa laboralmente productiva y muchos comenzarán padecimientos propios de la edad. En promedio, un miembro de cada familia será adulto mayor. ¿Está México preparado para ser un país de viejos? No lo creo.

A riesgo de ser tachado de pesimista, comparto la opinión de varios expertos que advierten que a nuestros niños y jóvenes les espera, en su edad adulta, un futuro con mayores carencias y amenazas. México corre el riesgo de ser en el mediano plazo un país no sólo más viejo sino también más pobre. La razón principal está en las terribles deficiencias e insuficiencias de sus sistemas de pensiones.

Actualmente sólo uno de cada tres trabajadores tiene derecho a algún tipo de jubilación y, además, no obtendrá más de un tercio de lo que gana hoy en activo, excepto si pertenece a gremios privilegiados como Pemex y CFE.

En 1996 México introdujo el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), esquema de jubilación que descansa en las aportaciones acumuladas por cada individuo, y no en un monto general establecido por el Estado como antes de esa reforma. Sin embargo, de acuerdo a los resultados de la Segunda Encuesta de Trayectorias Laborales realizada por el Inegi, al menos 12 millones de personas que empezaron a trabajar después de ese año no reunirán los requisitos para alcanzar la pensión mínima, equivalente a 4,309 pesos mensuales; recordemos que el trabajador debe acumular 1,250 semanas de cotización al IMSS (unos 24 años), lo que equivale a permanecer dentro de la economía formal al menos 60 por ciento de su vida productiva, que es de 40 años en promedio; la cruda realidad es que los trabajadores mexicanos recurrentemente caen en la informalidad, o bien son contratados bajo el régimen de honorarios, por lo que su “densidad de cotización histórica” es apenas de 45 por ciento.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomienda, desde un cómodo escritorio, que México eleve por decreto de 6.5 a 11.5 por ciento el monto de la aportación obligatoria que realizan los trabajadores al SAR. Otros ingenuos proponen una campaña mágica de comunicación que convenza a los mexicanos de ahorrar más para su retiro.

Sin embargo, como lo hemos reiterado en este espacio semanal, muy pocos trabajadores disponen de capacidad para incrementar sus aportaciones obligatorias o voluntarias cuando enfrentan una caída monumental en sus salarios.

La informalidad mantiene excluidos de cualquier sistema de pensión a casi dos tercios de los mexicanos. Pensemos por ejemplo en los campesinos, los vendedores ambulantes, las trabajadoras domésticas, los albañiles, los fontaneros, los electricistas, los carpinteros, los mecánicos y, en general, toda clase de trabajadores “multiusos” que caracterizan el paisaje.

La tormenta que se avecina es perfecta si le agregamos el ingrediente institucional. A pesar de que pocos mexicanos reciben pensión y ésta es raquítica, hemos llegado al extremo de que dos tercios del gasto programable del IMSS y del ISSSTE se canalizan este año a pensiones, la proporción más alta de que se tenga registro, según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sólo les resta un tercio de su gasto para atender todos los pagos al personal médico, los medicamentos, la operación y la inversión. Hace 20 años la proporción era al revés: el gasto en pensiones representaba un tercio, y quedaban dos tercios para enfrentar los retos de la salud.

El decreciente gasto en servicios de salud está socavando la atención médica a la sociedad, justo cuando han aumentado las enfermedades crónico-degenerativas asociadas al envejecimiento.

Estamos frente a una bomba, como lo comentaba hace meses el especialista Federico Reyes- Heroles. La cifra oficial disponible señala que el pasivo laboral del IMSS y del ISSSTE es de 8 billones de pesos, es decir, el 42.3 por ciento del PIB. Si se agregan los pasivos laborales de Pemex, CFE, sistemas estatales, municipales de pensiones, y universidades públicas, este valor asciende a 21 billones de pesos, o sea, 125 por ciento del PIB. En términos de las finanzas públicas, la situación también es bastante crítica: una quinta parte del gasto público es absorbido ya por el pago de pensiones; se estima que en sólo cinco años se duplique esta proporción (!)

Se requiere una reestructuración drástica de los sistemas de pensiones no sólo para rescatar la solvencia de las instituciones y del propio gobierno, sino sobre todo para garantizar la atención total de nuestros adultos mayores. Cada día será más difícil para las familias cuidar de sus “viejitos”, pues los salarios y viviendas se reducen, mientras aumenta el número de adultos Se necesita en definitiva transitar hacia un “sistema único como universal de salud y pensiones”, financiado con reformas de fondo al sistema fiscal a fin de que no sólo se asegure su “progresividad” (que paguen más quienes tienen más), sino que se cierre el sinnúmero de boquetes que, como lo ha denunciado la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), permiten a la élite político-económica nacional y trasnacional un nivel fantástico de evasión y elusión de impuestos de manera legal, paralegal e ilegal.

De no hacerlo pronto, seremos irremediablemente un país más viejo y más pobre.

jesusalvarezgtz@gmail.com

http://heraldo.mx/tag/ciudad-viva/