Saúl Alejandro Flores

Cómo ustedes sabrán amables lectores la iniciativa de Ley General de Aguas quedó en su discusión suspendida por taras que suceden basadas en el oportunismo de prácticas viciadas en el modo de hacer campañas políticas para obtener voto por parte de los partidos políticos, cierto, como muestra de la falta de capacidad, inteligencia y originalidad en plantear propuestas reales y de trascendencia, sólo remiendos que permitan obtener la nota periodística o justificar un maltrecho argumento del sentido social.

No digo que las prácticas democráticas sean malas, lo penoso son las formas viciadas y lamentablemente el sector agua ha sido afectado, no se diga el ambiental, por ello debe existir sumo cuidado en la forma en que se plantean propuestas, por ejemplo les citaré dos absurdos, el primero que prohíbe los circos con animales, pero no plantea qué hacer con los existentes, ese vacío generado por una irresponsabilidad inmediatista y banal propicia que terminen sacrificados los animales; la segunda, que prohíbe que sean obligatorias las cuotas en las escuelas y (se jactan), lamentablemente en la escuela pública no se cuentan con esquemas de financiamiento y éstas se vienen abajo, pues de dónde pagarán los marcadores, seguros escolares, material de apoyo, etc. que no cubre ni la SEP ni las secretarías estatales, esto exhibe la ignorancia de quienes la postularon, porque al haber legislado en la materia, debieron plantear los esquemas alternos de financiamiento y partidas que permitieran destinar recursos para suplir esa medida. Así que las escuelas y sus alumnos están padeciendo esta situación por la miopía y oportunismo.

El sector agua casi siempre ha estado sometido a este tipo de podemos llamarle iniciativas “chatarra” que sólo van a encaminadas a frenar la tarifa por la prestación de los servicios y no van por la visión integral que permita garantizar la conservación y preservación del recurso agua, por consiguiente no visualizan un esquema de sistematización o visión sistémica de la gestión, con sus ámbitos financiero y tarifario, que deban crear un modelo estructurado y planteado con inteligencia, que propicie inevitablemente un servicio de calidad y equilibrio en los cobros de la misma tarifa, porque de seguir insistiendo en las mismas maneras en el caso de los usuarios domésticos en Aguascalientes persistirán los cobros injustificados sin apego al consumo real y con desventaja al propio municipio.

En el caso de los demás Estados y por supuesto el propio Aguascalientes plantea un escenario en el cual ya se deben mirar los pormenores y perfiles que deben ser considerados en una ley acorde a lo que finalmente sea aprobado, las discusiones bizantinas en torno a las confusiones sobre privatizaciones y naturaleza del derecho humano al agua, sólo permitirán la consolidación de verdaderos proyectos monopólicos y voraces, que tarde o temprano tendremos a la puerta para ni siquiera prestar el servicio, sino para simplemente hacer llegar el agua con deficiencia a los hogares al precio que ellos establezcan.

Eso puede ser analógico al costo que nos exhibe el agua embotellada que es más cara que la que nos ofrece un organismo operador, en dónde casi una botella de agua de litro y medio cuesta lo que un metro cúbico que se hace llegar al domicilio, a esa magnitud puede llegar el incremento, sino se toman las medidas ahora para una gestión eficaz, bajo criterios sólidos de regulación, tema que ha sido olvidado en México y que en Aguascalientes brilla por su ausencia.

Insisto que por ello se debe ser cuidadoso ante las iniciativas “chatarra” que sólo van a parchar la ley con evitar la suspensión del servicio, en una ley que como les he dicho con frecuencia en este espacio hace varios años que no existe, es decir la Ley de Aguas Nacionales de 1992, es aquí en dónde tenemos la gravedad del asunto, con la deficiencia en la panorámica que la mayor de las veces obedece a un ya perverso tufo de captación de votos, ni siquiera a motivos electorales o de ideología, sino a tufos simples de captar votos en electores despistados y desinformados.

Una Ley debe ver a la preservación del recurso agua, a su correcta y oportuna gestión, más aún en regiones con carencia del líquido, a los esquemas que lo consoliden y sobre todo que no descuiden la faceta del servicio que es inminente, que garantice el abastecimiento, el alcantarillado y saneamiento no sólo para los usuarios domésticos, sino para los industriales y establezca ámbitos de conciliación en cuanto al alto consumo que realiza el uso agrícola, así como el reconocimiento a otros usuarios como vienen a ser el mixto rural, mixto urbano, comercial u hotelero.

El derecho humano al agua no puede ser un discurso aislado, ni puede darse el lujo de ser pervertido por las voracidades del oportunismo de la captación de votos, el derecho humano al agua debe ser visto como una oportunidad de garantizar el mejoramiento en la calidad de vida de cada ciudadano o usuario, pero además como una conciliación al irreverente criterio antropocentrista que ha causado daños severos a la naturaleza y cuyos efectos nocivos no sólo afectan a la flora y fauna, sino que se revierten en escenarios letales para la propia humanidad.

Las entidades federativas se encuentran en un escenario que debe ser aprovechado para bien y ello implica asumirlo con la debida responsabilidad, así como visión con un recurso escaso que además presenta alto riesgo en su calidad y cantidad, por tal motivo reitero, debe plantearse una legislación adecuada, no sólo para lo actual, pues la ley es para hechos futuros. Estimados lectores una legislación social y con vocación en la sustentabilidad será indudablemente determinante para que en México y Aguascalientes el agua nos alcance.

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