Cualquier iniciativa que tenga como propósito mejorar los servicios públicos es bienvenida y más si proviene de agrupaciones no gubernamentales, que por un principio natural tienen un enfoque distinto al que presentan empleados gubernamentales, que es el caso del transporte colectivo o urbano.

Es un estudio que se orienta a lo que debe ser la atención a los pasajeros, sin embargo está incompleto al dejar fuera la opinión de concesionarios, choferes y usuarios, que en todo caso son parte medular de la solución, por lo que más allá de la grandilocuencia del anuncio se puede aprovechar para forzar a la autoridad a que aplique el Código Urbano.

Los promotores del proyecto indicaron que se recibirán comentarios del pueblo para incluirlos en el documento, lo que podrían ahorrarse con sólo enviar uno o dos días una brigada a algunos paraderos de autobús para que escuchen de viva voz a los usuarios.

En la presentación de la iniciativa uno de los firmantes calificó de “duopolio” la relación gobierno del estado-camioneros, lo que sale de toda proporción puesto que es una conexión obligada al ser un servicio concesionado por el gobierno y que aportan particulares, que a su vez son empresarios que invierten en los vehículos.

Otro de ellos hizo un galimatías, al citar que “Aguascalientes tiene premios por sus vialidades y se considera un estado muy conectado, pero para los afortunados que tenemos vehículo se vuelve complicado porque todo está saturado en tráfico, las vías se maltratan porque los camiones no deberían circular por algunas avenidas, todo eso hace que se complique la situación para el trabajador”, lo que obliga a preguntar qué quiso decir, porque tácitamente pide que dejen de circular los autobuses en algunos lugares para que no maltraten las avenidas, cuando la demanda de los usuarios es que no se restrinja su paso por diversos puntos de la ciudad.

De igual manera, Fernando Aguilera, del grupo ciudadanos por municipios transparentes, retó a los diputados para que “por unas semanas prescindan de sus vehículos y usen el sistema de transporte público”, propuesta que también atañe a los iniciadores y que demuestren con el ejemplo que pueden hacerlo no unas semanas sino siempre, como lo hace Juan Pueblo.

Es muy fácil decirle a los demás lo que deben hacer, pero qué difícil resulta cambiar de hábitos y más tratándose de quienes no están acostumbrados a esperar la llegada del camión y viajar de dos a cuatro veces diarias entre múltiples incomodidades. No es lo mismo hablar por lo que dicen que ocurre que vivirlo directamente y tampoco es válido hacer lo que varios diputados, que se tomaron fotografías y videos a bordo de uno de ellos para que vieran lo democrático que son y que les sirvió para sentir lo que es viajar en las unidades.

Está claro que nadie se animaría a meter las manos al fuego por los concesionarios, que tienen más de 40 años de ofrecer la modernización y a lo único que llegan es a comprar algunos carros y repintar otros, como los viejos microbuses, que por lo atestado que van recuerda la forma como viajaba la familia Burrón en el DF, como tampoco lo harían por los choferes malhumorados que arman la gorda cuando algún usuario les hacen un reclamo, algo que sucede a menudo y aunque son unos cuantos por ellos se tiene una mala impresión de todos.

Más allá de los reflectores y de que es época preelectoral, que es cuando más se presentan los redentores sociales, se puede aprovechar el bosquejo y en primera instancia escuchar a todos los involucrados, principalmente autoridades, camioneros, operadores y usuarios, enriqueciendo las ideas con experiencias de otras partes del país, en donde hay problemas similares.

Ahora bien, siendo realistas no hace falta una nueva ley para lograr el cambio, simplemente que se aplique el Código Urbano y asunto arreglado, sólo que plantear algo novedoso resulta más atractivo y pone las candilejas sobre sus impulsadores.

GIMOTEO INFINITO

Al igual que López Obrador, que repite una y otra vez que es el más honesto de este país y se niega a informar de dónde han salido los recursos para recorrer todo el país en los últimos nueve años y Cuauhtemoc Blanco, que llegará el próximo uno de enero a la alcaldía de Cuernavaca con la bandera de la moralidad, pero no enfrenta la acusación que hizo trampa para obtener la residencia morelense que le permitiera competir, están las autoridades locales que rechazan el uso indebido del erario.

Luego de que el Órgano Superior de Fiscalización (OSF) presentara las observaciones sobre las cuentas públicas del estado y los municipios, en las cuales hay varias observaciones, de inmediato hubo rechazo que exista un delito, habiendo coincidencia que todo se reduce al golpeteo político y se aprovecha para enlodar las buenas administraciones.

El problema de fondo, y que se niegan a acatar los diputados, es que antes de divulgar la situación de cada cuenta pública debe agotarse la exigencia a los aludidos para que den respuesta a las inconsistencias y si no lo hacen presentar la denuncia correspondiente.

La cuestión gira en torno a lo que técnicamente se conoce como “observaciones” o “inconsistencias”, que en cristiano significa que hay errores que van desde la falta de una firma hasta una nota de remisión sin datos del proveedor, o la falta de un documento para soportar una inversión, lo que una vez subsanado se incluye en el informe.

Lo que sucede es que se aprovechan las advertencias que hacen los auditores para presentar, públicamente, que “pudiera” haber un empleo ilícito de equis cantidad de dinero y si se habla de millones de pesos se acentúe el “desfalco”, que a ojos de los ciudadanos existe y como tal se queda la imagen, aunque luego vengan las aclaraciones de que realmente no hubo nada, pero el mazazo mediático ya está dado, lo que hacen rojos, azules, amarillos, verdes y cuantos colores hay en el espectro político. El caso es dar el primer golpe, que si después se determina que no existió nada turbio eso es otro cantar.

Por lo anterior no debe haber enojo de lo que se diga, más bien tomarlo de quien viene y punto, teniendo en cuenta que entre más se busca esclarecer más se ahonda la idea popular de que algo hay. Naturalmente, si todo se debe a una inconsistencia, porque si no se puede resolver lo planteado por el OSF y se atiende la exigencia de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, habrá serios problemas para el que actuó mal y quien lo proteja.

18 AÑOS PARA CASARSE

Las comisiones unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado de la República exhortaron a 19 congresos estatales, entre ellos el de Aguascalientes, y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que a la mayor brevedad modifiquen los códigos civiles que aseguren elevar la edad en la que se permita contraer matrimonio, que debe ser a partir de los 18 años. El Congreso de la Unión aprobó el Código Civil Federal donde los menores de 18 años ya no pueden contraer matrimonio, ni con la autorización de sus padres, por lo que como requisito para poder casarse los contrayentes deben presentar su identificación oficial que acredite su mayoría de edad, lo que ya está previsto en 12 estados. Según las senadoras Angélica de la Peña (PRD), Diva Gastelum (PRI) y Marta Elena García (PAN) se pretende romper el ciclo de discriminación y violencia del que son objeto niños, niñas y adolescentes. Las legisladoras informaron que la Red para los Derechos de la Infancia en México reporta que en el país 388 mil 831 niños y niñas, entre los 12 y los 17 años, están casados o viven en unión libre, lo que representa 3% de la población infantil.