ciudad-vivaPor: Jesús Álvarez Gutiérrez

En Aguascalientes la población económicamente activa ocupada rebasaba ya el medio millón de personas al finalizar 2014, lo que representa 15 por ciento de crecimiento en empleos en los últimos seis años, porcentaje superior al promedio nacional. La mala noticia es la baja remuneración de esos empleos. ¿Qué tan importante es este fenómeno que ha denunciado reiteradamente Lorena Martínez? La respuesta es sencilla: el poder adquisitivo del salario de los trabajadores es hoy 15 por ciento inferior al poder adquisitivo del salario en 2008. Así, aunque trabajen más personas, el ingreso familiar, en términos reales, no mejora.

Este fenómeno de “precarización” del empleo no es exclusivo de Aguascalientes, ni de México. Es resultado, en primer lugar, de la despiadada competencia capitalista global y de la automatización, pero también de arreglos y corruptelas entre las empresas trasnacionales, y entre éstas y los gobiernos para evitar el pago de impuestos, dividirse el mercado y apropiarse de una porción mayor de los beneficios del crecimiento, en detrimento de los trabajadores.

La piedra angular de la estructura salarial en cualquier país es el denominado “salario mínimo”, en cuya fijación intervienen directamente los gobiernos. En México, el salario mínimo de 70 pesos al día está muy por debajo de la línea de pobreza, lo que violenta gravemente el mandato constitucional, y es el peor de América Latina, después de Haití. Según Coneval, con menos de 90 pesos al día no se puede comprar siquiera la canasta básica de alimentos de una familia; si se incorporan otras necesidades elementales como ropa y vivienda, la cantidad sube a 140 pesos al día, asumiendo que los servicios de educación, salud y agua potable fueran universales y gratuitos.

Ante el reconocimiento de que el mercado ha sido incapaz de atenuar los problemas de pobreza y desigualdad, finalmente muchos economistas prestigiados y organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales se han atrevido a elaborar propuestas para que el Estado intervenga a través de políticas públicas. Conciben la nueva política social, no como una actividad residual, sino como la mano visible de un Estado activo y responsable, que contrarreste los efectos nocivos de la creciente concentración de la riqueza económica.

El propio Coneval, después de reconocer que en estos dos últimos años se han sumido en la pobreza dos millones más de mexicanos, para alcanzar una cifra mayor a los 65 millones, realiza una propuesta atrevida: “aplicar un esquema de renta básica similar al que opera en España”. Implica una asignación monetaria incondicional que el Estado proporciona a toda la población adulta, esté empleada o no. La idea es que el monto que se otorgue sea igual o superior al umbral de la pobreza y que reemplace todas las prestaciones sociales inferiores a ese monto, según explica Guillermo Knochenhauer.

Financiar esta bella utopía requeriría una ambiciosa política tributaria que eliminara todas las exenciones fiscales existentes, introduciendo tanto el IVA generalizado en alimentos y medicinas, como nuevos impuestos al patrimonio de los más pudientes. Se antoja una negociación extremadamente difícil con los partidos de izquierda para que comprendan que la propuesta abatiría de tajo la pobreza. Más lejana todavía se ve la posibilidad de que los poderes fácticos, y ese puñado de extremadamente ricos que tienen secuestrado el proceso de toma de decisiones en el país, acepten disposiciones fiscales que lastimen su patrimonio acumulado.

Por ahora, parece más viable proponer que el Estado mexicano propicie un movimiento ascendente gradual del salario mínimo hasta que, en un plazo no mayor a cinco años, alcance el doble de lo actual, para cumplir los requerimientos constitucionales. No sólo resultarían beneficiados directamente 7 millones de trabajadores mexicanos, 70 mil de ellos aguascalentenses, que ganan un salario mínimo, sino indirectamente todos los demás como consecuencia natural del nuevo piso. Se considera que el incremento no sería inflacionario porque los salarios de los trabajadores de base representan una proporción minúscula en la estructura de costos de los bienes y servicios de los sectores económicos formales modernos (por ejemplo, en el armado de automóviles, el salario de los obreros no alcanza a representar el uno por ciento del precio de cada unidad).

De forma complementaria, para mitigar el costo de la formalización de los trabajadores de los sectores económicos tradicionales, se propone que el Estado establezca un sistema de seguridad social universal e integral, que cubra a la totalidad de la población en atención médica preventiva, accidentes, enfermedades, invalidez, desempleo, pensión y jubilación. El sujeto de las prestaciones sería la familia, no el trabajador.

El propósito de un sistema universal de esta naturaleza, señalan José Narro y Rolando Cordera, es “generar mejores condiciones de justicia y equidad, fortalecer la seguridad personal y familiar y mejorar los niveles de calidad de vida de dicha sociedad”. Sería una fórmula para proteger a las familias frente a las contingencias de la vida y estimular el pleno desarrollo de sus capacidades personales y ciudadanas. Debe financiarse con cargo a impuestos generales, y buena parte provendría del ahorro derivado de la sustitución de los programas asistenciales existentes, con lo que se garantiza la solidaridad grupal; pero también debe favorecer las aportaciones individuales adicionales voluntarias.

Aguascalientes podría ser una entidad pionera a nivel nacional para introducir este novedoso sistema de seguridad social universal e integral porque reúne condiciones sociodemográficas privilegiadas, pero también porque, para la instrumentación exitosa de una iniciativa tan compleja, serán determinantes tanto el liderazgo y la visión de Lorena Martínez, como su capacidad de concertación y ejecución política, a fin de alcanzar los delicados equilibrios entre los poderes públicos y la colaboración necesaria de los medios de comunicación masiva y las estructuras y organizaciones de la sociedad civil.

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