Por: Octavio Díaz García de León

Twitter: @octaviodiazg

El pasado lunes 18 de julio el presidente Peña promulgó en Palacio Nacional un paquete de leyes relacionadas con la reforma anticorrupción, pidió perdón por el asunto de la “Casa Blanca“ y renunció el Secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade. La llamada de atención de la sociedad al gobierno por la corrupción excesiva, se manifestó en las elecciones de junio pasado y en la respuesta de 630 mil ciudadanos que impulsaron una nueva Ley de Responsabilidades Administrativas (Ley 3 de 3) junto con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). El acto del lunes fue apenas un segundo paso para hacer que el gobierno combata a la corrupción. Pero si la idea es esperarse a que el SNA funcione, entonces faltan años para que podamos ver resultados.

Ese día, el presidente Peña pidió perdón a todo el país por la adquisición de la “Casa Blanca”. El presidente dijo que los servidores públicos también son responsables de la percepción que generan con su actuación y reconoció que cometió un error. Dijo: “…no obstante que me conduje conforme a la ley, este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno… por eso, con toda humildad, les pido perdón”. Fue un acto de contrición casi inédito (El anterior fue de López Portillo) que desató polémica.

Unas horas antes del acto en Palacio Nacional, Virgilio Andrade renunció como Secretario de la Función Pública. Al secretario Andrade le tocó una tarea muy difícil desde el momento en que lo nombraron. Le dieron instrucciones de investigar un asunto en el que jurídicamente no podía hacer nada y en donde el investigado, quien además era su jefe, le decía que no había hecho nada incorrecto (Ver mi artículo: http://octaviodiazgl.blogspot.mx/2015/02/quien-debe-investigar-los-conflictos-de.html). El artículo 108 Constitucional prevé que al Presidente de la República sólo se le puede acusar de traición a la patria o delito grave. Así que, sin importar el resultado de la investigación que realizara la Secretaría de la Función Pública, no iba a haber consecuencias legales para el presidente porque de lo que se le investigaba, posible conflicto de interés, no era ni siquiera delito.

La investigación fue llevada a cabo por el equipo del subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, Javier Vargas Zempoaltécatl, ex funcionario del Estado de México (https://www.gob.mx/sfp/estructuras/mtro-javier-vargas-zempoaltecatl-5630) y hoy encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública. La investigación reunió un enorme expediente, el cual fue dado a la luz pública. En esta investigación no se encontraron elementos jurídicos para suponer que el presidente Peña o el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, hubieran incurrido en conflicto de interés con el grupo HIGA. Recordemos que esta empresa fue la constructora y financiadora de la “Casa Blanca” y de la “Casa de Malinalco” (Del secretario Videgaray), a la vez que contratista del gobierno del Estado de México y del gobierno federal durante las administraciones del Lic. Peña. Al darse a conocer quien había financiado y construido las casas mencionadas, se canceló la construcción del tren México-Querétaro, en donde Grupo HIGA había ganado la licitación junto con otros socios.

La opinión pública no quedó satisfecha con la conclusión del caso. Al ex secretario Andrade le tocó defender una investigación que demoró muchos meses, que no iba a tener consecuencias legales y la cual exoneró (aunque al presidente, como ya vimos, no se le podía acusar) a los funcionarios aludidos, por lo cual el ex secretario Andrade sufrió un gran desgaste ante la opinión pública.

Por lo que respecta a las reformas anticorrupción promulgadas el año pasado y parcialmente complementadas el pasado lunes, estas crean el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) con lo cual el combate a la corrupción, entre otras cosas, se podrá llevar a nivel estatal y municipal que es donde se localizan los actos de corrupción pequeños, pero más frecuentes. Estos actos, por cotidianos, son los que más molestan a la población: desde los sobornos a policías o que se piden para agilizar un trámite, hasta la corrupción de los presidentes municipales aliados a la delincuencia organizada, como en el caso de Iguala que llevó a la muerte a 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. También permitirán inhibir a gobernadores y funcionarios estatales corruptos que hoy en día gozan de impunidad.

El SNA tiene una estructura muy compleja. Lo integran el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y los sistemas anticorrupción de las entidades federativas. Al Comité Coordinador lo integran: un representante del Comité de Participación Ciudadana quien lo presidirá y los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción; de la Secretaría de la Función Pública; un representante del Consejo de la Judicatura Federal; y los presidentes del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Para que funcione esta compleja estructura se hizo necesario crear una Secretaría Ejecutiva, la cual permitirá articular la operación del SNA como lo publiqué aquí hace año y medio (http://octaviodiazgl.blogspot.mx/2015/02/avances-de-la-reforma-anticorrupcion.html).

El gran reto será poner a trabajar el SNA y que dé resultados. Esto puede tomar muchos años, pero no es necesario esperar. Con las instituciones y leyes que se tienen hoy en día se puede combatir la corrupción sin esperar a que entre en funcionamiento esta complicada estructura del SNA. Solo hace falta voluntad.

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