A 80 días de que termine la administración estatal continúan fluyendo las buenas nuevas en materia de inversión y empleo, con la inauguración de la empresa HS Power Spring México, progresión que se convierte en la mayor herencia que pueda recibir la sociedad de Aguascalientes
En un breve recuento de lo que ha significado este crecimiento, el gobernador José Carlos Lozano de la Torre subrayó que la entidad es un claro ganador de los tratados internacionales que ha suscrito México con las principales economías y mercados del mundo.
Lo anterior se refleja en empresas de 24 países asentadas en los últimos años, procedentes de Japón, Estados Unidos y Alemania, especialmente, que han encontrado aquí las condiciones propicias para instalarse, crecer y consolidarse, lo que se traduce en un mayor equilibrio social.
En estos casi seis años de gobierno la industria automotriz ha recibido un impulso sin precedentes, que concatenado con la primera planta de ensamblado de 1982, permite que actualmente se tenga 85 empresas de origen japonés que otorgan más de 30 mil empleos y más de la mitad de los flujos de inversión extranjera directa en la entidad, aparte de que concentra el 35% de las firmas niponas instaladas en México.
Lozano de la Torre especificó que “las inversiones japonesas significan estabilidad, paz y seguridad económica y social para la región, porque además de ser corporativos líderes en competitividad global, son puente de confianza y de entendimiento que han marcado más a Japón y a México”.
Por ello, su administración mantiene una política de puertas abiertas para quien quiera venir a sumarse, tanto de esa como de otras nacionalidades, que encuentran un buen clima para hacer negocios y progresar y con trabajadores y profesionistas competitivos, que desde hace varios años están vinculados con los sectores productivos e industriales, lo que facilita la instalación de las empresas.
Sostuvo que las condiciones favorables allanan el asentamiento o expansión, al identificar las condiciones del mercado y percibir que la conjugación de factores internos y externos permiten alcanzar los objetivos trazados.
Por su parte, el cónsul general de Japón en León, Guanajuato, Yasuhisa Suzuki, subrayó que incuestionablemente la llegada de más empresas japonesas continuará y esto se debe, en gran parte, al alto nivel de vida, seguridad y educación que caracterizan a Aguascalientes, por lo que numerosas familias de ese país han decidido asentarse aquí.

LUZ Y SOMBRA

Para Martín Orozco Sandoval debe resultar significativo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya confirmó la validez de las elecciones de Chihuahua, Zacatecas, Quintana Roo y Oaxaca, lo que determinaría que está cerca de hacerlo con el caso Aguascalientes.
En estas condiciones, Alejandro Murat Hinojosa, de Oaxaca; Alejandro Tello Cristerna, de Zacatecas; Javier Corral Jurado, de Chihuahua, y Carlos Joaquín González, de Quintana Roo, ya desarrollan sus actividades sin la nube del fallo, luego de que los magistrados ratificaron la entrega de la boleta de mayoría a los hoy mandatarios electos.
Al igual que en Aguascalientes, la coalición PRI-PVEM-Panal demandaban la anulación de la elección de Chihuahua, pero ahí se les durmió el gallo, al calificar el Tribunal de “improcedente” el recurso, debido “al haber transcurrido en exceso el plazo para impugnar (…), razón por la cual resulta evidente la extemporaneidad”.
En Zacatecas no prosperó la denuncia de Morena por supuesto rebase de topes de campaña y tampoco hubo inequidad, como lo planteó dicho partido en contra del candidato priísta, revalidándose el triunfo que le acreditó la autoridad local, y en Quintana Roo el TEPJF desechó la demanda del PVEM, al no documentar “las irregularidades aludidas y los resultados de la elección”.
A nivel local podría esperarse que en cuestión de semanas se tenga el veredicto, si se tiene en cuenta que ya son menos los asuntos a tratar por el máximo tribunal electoral, sin embargo la incertidumbre se mantiene en función que por regla general se deja para el último los de mayor peso, aquellos que requieren de un análisis jurídico más profundo.
Lo que ha manifestado la coalición encabezada por el PRI en contra de Orozco Sandoval es que hubo un gasto mayor de campaña y diversas irregularidades, que a su juicio ameritan la invalidación de la elección, sin embargo los panistas reiteran que tienen la documentación necesaria para acreditar que todo se ajustó a lo que dispone la ley.
Aunque en Acción Nacional insisten que este “arroz ya se coció”, hay hechos que empañan el cristal, como lo ocurrido el jueves pasado en la capital del país. De acuerdo al comunicado del Comité Ejecutivo Nacional (que se puede consultar en su página electrónica), ese día el jefe nacional Ricardo Anaya encabezó una reunión a la que asistieron los gobernadores en funciones y electos. Entre los primeros estuvieron Miguel Márquez, de Guanajuato; Rafael Moreno Valle, de Puebla; Francisco Domínguez, de Querétaro, Francisco Lamadrid, de Baja California y Carlos Mendoza, de Baja California Sur.
De los mandatarios electos concurrieron Carlos Joaquín González, de Quintana Roo; Miguel Ángel Yunes, de Veracruz; Javier Corral, de Chihuahua, y José Antonio Gali, de Puebla.
El ausente fue Martín Orozco Sandoval, de Aguascalientes, sin que en el boletín explicara las razones.
Ricardo Anaya los convocó para que junto con los coordinadores de las fracciones legislativas en las cámaras de Diputados y Senadores, Marko Cortés y Fernando Herrera Ávila, respectivamente, se fijara una posición sobre el paquete económico federal 2017, en el que pretenden que se incluya las demandas de las administraciones panistas, entre ellas “recursos suficientes para que los once gobiernos emanados de sus filas puedan cumplirle adecuadamente a los ciudadanos, teniendo en cuenta que muchos de los estados donde asumirán el cargo los nuevos gobernadores se encuentran en una situación francamente crítica”, reza el escrito.
Mientras que en la ciudad de México tenía lugar la citada reunión, sin duda de la mayor trascendencia para los gobiernos panistas puesto que ahí se acordó exigir mayores apoyos federales, el mismo jueves se anunciaba en Aguascalientes que Martín Orozco tenía el respaldo de la Asociación Nacional de Alcaldes, que se integra con 460 municipios, apoyo que es de tipo moral, porque si algo tiene la mayoría de los ayuntamientos en el país es carencia de recursos, pero de algo sirve que lo hagan.

MAQUILLAJE

La agresión física y psicológica que sufrió el ciudadano José Manuel Martínez Arámbula fue filmada y se hizo viral en las redes, donde se muestra los glúteos enrojecidos de la golpiza que recibió con una tabla por un grupo de siete policías, en el estacionamiento de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Calvillo.
La denuncia la hizo una hermana del agraviado, que tomó las fotos y luego las subió a Facebook con el mensaje: “Es una pena que estas imágenes digan lo cerdos que son los policías de Calvillo”, lo que motivó la intervención de la Fiscalía General del Estado y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
El secretario del Ayuntamiento de Calvillo, Omar Williams Ovalle, afirmó que la persona violentada ha sido detenido en varias ocasiones por posesión de droga y robo, argumento que podría interpretarse como que no era una blanca paloma, sin embargo lo que hicieron los uniformados fue una violación al Artículo 17 de la Constitución General de la República (“Ninguna persona podrá hacerse justicia así misma, ni ejercer violencia para reclamar sus derechos”).
Es de esperarse que las investigaciones se lleven hasta sus últimas consecuencias y que se amplíen a las corporaciones de los once municipios y de la policía estatal, para determinar si hay denuncias de esas características, porque esto se conoció por la furia que sentía el familiar del perjudicado, pero puede haber otros similares que sólo lo saben algunos allegados.

VENTAJAS DEL CAMBIO

El presidente Enrique Peña Nieto tenía dos opciones: dejar que las cosas siguieran como estaban, o dar un golpe de timón, y prefirió esto último, lo que puede ser beneficioso para el país, a partir que los nuevos funcionarios llegan con la encomienda de tener resultados a la mayor brevedad.
El mandatario sabía que cualquier decisión que adoptara quedaba ante el escrutinio de la opinión pública, por lo que acepta las renuncias de dos funcionarios de la mayor importancia para las finanzas nacionales, como son el Secretario de Hacienda y del jefe del Servicio de Administración Tributaria y designa reemplazos de un nivel similar.
En una gira por Zacatecas, Peña admitió que ha tomado decisiones polémicas que tal vez “ahora no se terminen de entender”, pero confió que “llegará el momento que se comprenda del porqué” de cada una de ellas.
Para él, dijo, lo que hace es pensando en México y en los mexicanos, por lo tanto “me seguiré conduciendo con gran firmeza y con enorme compromiso. Con enorme compromiso a partir de lo que para mi representa un privilegio de la vida: ser Presidente de los mexicanos”.
Durante la entrega del Ecoparque Centenario “Toma de Zacatecas”, afirmó que son bienvenidas las voces críticas y citó que en el ejercicio como jefe del Estado mexicano hay decisiones que a veces no se terminan de comprender en su justa dimensión ni el momento en que se toman, pero para el Presidente de la República, créanme ustedes que no tengo más razón, más compromiso, que velar por los mexicanos, de pensar en este país, de pensar en el futuro que tendrá México hacia delante”.
La salida del titular de Hacienda, Luis Videgaray, se especulaba desde semanas atrás y no como resultado de la visita de Donald Trump a México, como se ha venido manejando. Incluso, en las columnas especializadas se mencionó a José Antonio Meade como sustituto, lo que es una prueba de que con o sin la presencia del candidato republicano estadounidense se tenía la decisión, sólo era cuestión de fijar la fecha y ésta sería después del cuarto informe, tal como ocurrió.
Los cambios pueden tener todas las interpretaciones que se quiera, pero no hay que olvidar que es una facultad del Presidente de la República nombrar y remover a sus colaboradores, por lo que en uso de ellas actuó y no tiene que dar mayores explicaciones.
El arribo de Meade no alteró el cronograma de la dependencia, por lo que su primera encomienda fue presentar ante el Congreso la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, sin más impuestos ni incrementos que los existentes, porque quien debe apretarse el cinturón es el gobierno y no los ciudadanos ni las empresas, manifestó el titular del Poder Ejecutivo.
Es indudable que Meade Kuribreña se ha convertido en un funcionario fuera de serie, ya que en el sexenio de Felipe Calderón estuvo al frente de la Secretaría de Energía y en el último tramo de la de Hacienda, luego con Peña Nieto asumió la de Relaciones Exteriores de donde pasó a Desarrollo Social y ahora regresa a Hacienda. Para él y para sus jefes debe resultar satisfactorio que en todas sus encomiendas ha tenido buenas calificaciones de los analistas, lo que es un punto a favor de la decisión que tomó el Presidente de la República.
En lugar de Meade en Desarrollo Social quedó Luis Miranda Nava, que hasta el 7 de septiembre fue subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. Como jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que ocupaba Aristóteles Núñez, se nombró a Osvaldo Sánchez Quiroz, quien hasta la víspera fuera jefe de asesores de Luis Videgaray. Como efecto de los movimientos, el presidente Peña designó a Vanesa Rubio Márquez como Subsecretaria de Hacienda, que cuenta con más de 20 años en el servicio público, 12 de ellos en el sector hacendario; su más reciente cargo fue como subsecretaria de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional en la Secretaría de Desarrollo Social.
En los actos que se desarrollaron el miércoles, EPN fue acompañado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, lo que para algunos es un paso más en la sucesión, aunque no debe pasarse por alto que es el jefe de la política interior del país, por lo que fue normal que atestiguara los relevos.

RECORTE DE 240 MMDP

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de su titular José Antonio Meade, presentó el paquete económico 2017, que tendrá un recorte al presupuesto de 239 mil 700 millones de pesos y con un escenario moderado para el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).
En el proyecto económico se contempla reducciones al gasto corriente en Petróleos Mexicanos y las secretarías de Educación, Comunicaciones y Transportes y de Salud, principalmente, sin embargo el responsable de las finanzas nacionales dijo que no se tienen ajustes en los grandes proyectos de infraestructura, como el nuevo aeropuerto, ni en los programas sociales, y tampoco el despido de servidores públicos.
Debido al entorno internacional se considera que habrá un menor crecimiento económico y un declive histórico en la producción de petróleo, por lo que la economía crecerá entre 2% y 3% y la producción de crudo se calcula en 19 millones de barriles diarios, mientras que el dólar llegará a 18.20 pesos. Se incluye en las acciones del año venidero la liberación gradual de los precios de las gasolinas y los ingresos federales van a tener como puntal los impuestos.
Meade señaló que es un paquete no inercial que va a necesitar un proceso de revisión diferente, por lo que para asegurar el éxito pidió al Congreso que “modifique por necesidad la forma de análisis, discusión y aprobación”.
Explicó que en la situación que se encuentran los ingresos nacionales, el mayor sacrificio se va a hacer en Pemex, con más de 100 mil millones de pesos, seguido del gobierno federal, en los rubros de educación, salud y comunicaciones y transportes, en tanto siguen firmes los proyectos del nuevo aeropuerto y los trenes de Toluca y Guadalajara, carreteros, lo mismo que la concreción de las primeras zonas económicas especiales en estados de mayor marginación y la inversión en infraestructura vía modelo de asociaciones público-privadas.
También anunció que ya no habrá una reducción de plazas a las contempladas este año por 13 mil, se mantendrá la estructura y no habrá nuevas contrataciones, lo que les da seguridad en el empleo a los trabajadores federales.
“Después de analizar el proyecto de presupuesto, estoy convencido de que el ajuste propuesto es no solamente necesario para preservar la estabilidad, sino que el ajuste se realizó para atender las prioridades y las preocupaciones de la sociedad”, subrayó el titular de Hacienda.

DE 600 MMDP, EXIGE PAN

El Partido Acción Nacional (PAN) pretende que el recorte en el gasto público sea de 600 mil millones de pesos, en base a la eliminación de puestos burocráticos y de programas sociales de tipo clientelar, señaló el vicecoordinador de la fracción legislativa en el Senado, Francisco Márquez.
Adelantó que su partido tiene como estrategia impulsar una metamorfosis del presupuesto, para ello “la clave es la reducción del gasto, pero hablamos de gasto corriente. Tienen que eliminar burocracia. Estamos hablando de una contención drástica de al menos 600 mil millones de pesos. Se debe priorizar los recortes al gasto en comunicación social, gasto corriente, gasto en servicios personales y en programas duplicados o clientelares que no resuelven la problemática social”.
El PAN también pretende que se frene la deuda de la administración federal y reducir a la mitad el impuesto a las gasolinas, lo que significará que el gobierno dejará de recibir 150 mil millones de pesos y propone que se reduzca la plantilla en Petróleos Mexicanos
Al mismo tiempo, Acción Nacional exigirá más recursos federales para los estados donde es o será gobierno, al considerar que la mayoría enfrenta una situación crítica, por lo que determinaron cerrar filas y que los coordinadores en las cámaras de Diputados y Senadores se encarguen de impulsar cada una de las acciones, que señalan, tienen como finalidad un mayor desarrollo económico, seguridad, creación de empleos y combate a la pobreza.

SEP NO ARRÍA BANDERAS

Al mismo tiempo que exige el regreso a clases en la totalidad de las escuelas de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, como un primer paso para reanudar el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, anunció el despido de 1,905 profesores que se mantienen en paro.
Ninguna de las partes claudica en sus posiciones, lo que hace difícil llegar a un acuerdo que permita acabar con un movimiento que se mantiene desde el 15 de mayo, en demanda que se derogue la reforma educativa, lo cual ya registra más de tres mil millones de pesos en pérdidas y el cierre de numerosos negocios en los centros urbanos y rural debido a los bloqueos que llevan a cabo los docentes.
La rigidez que Nuño pretende demostrar, con el despido de centenares de preceptores y el descuento a los faltistas, no le asusta a la CNTE, ya que la presión que ejercen les permite recuperar las plazas y que les regresen el dinero, sin embargo es un combinación que le cuesta muy caro a la sociedad de cada estado y de otros que sin estar involucrados en la suspensión de clases sufren el estancamiento de la mercancía por los bloques que hay en carreteras, calles y comercios.
Como parte de ese proceso, estudiantes de escuelas normales tienen su propia actividad, posesionándose de las entradas de centros comerciales y tiendas departamentales para exigir que se les otorgue las plazas automáticas, lo que de acuerdo con la ley no es posible ya que todos los aspirantes tienen que pasar por la prueba de evaluación.
Son asuntos que debería atender y resolver la SEP, en lo que es de su competencia, y del gobierno de cada estado en materia de seguridad pública, pero ladinamente dejan que la Secretaría de Gobernación trate de encontrar un camino de solución, que por lo cerrado de las posiciones magisteriales no es posible alcanzar.

REVÉS DE LOS DUARTE

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló por completo y con el voto unánime las leyes anticorrupción de Chihuahua y Veracruz, con las que creaban sus sistemas locales en la materia. Los ministros votaron prioritariamente los proyectos de resolución de las acciones de anticonstitucionalidad promovidas por la Procuraduría General de la República (PGR), por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, contra los gobiernos de Javier Duarte, de Veracruz, y César Duarte, de Chihuahua.
Son casos que ocupó la atención pública debido al interés que había de ambos mandatarios por dejar fiscales anticorrupción a modo, actitud que motivó la exigencia social de evitar que se cumpliera ese propósito, por lo que Peña Nieto solicitó a la PGR que en apego a sus competencias promoviera un juicio ante la Suprema Corte.
La totalidad de los ministros estuvo de acuerdo en declarar inconstitucionales los decretos de las dos administraciones por violentar la norma constitucional anticorrupción que ordena la emisión de leyes generales para la implementación plena del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
El ministro ponente Javier Laynez Potisek estableció que “en mi punto de vista no había la competencia en el momento, la competencia del nuevo sistema quedó condicionada a un futuro, una condición, por eso digo, suspensiva y por lo tanto, cuando lo hiciste no había, no podía tocar ni el anterior, porque había un sexto transitorio que dijo ‘así déjalo’, y el nuevo ‘espérate para que veas cómo viene y entonces legislar”.
Lo que sigue es que las legislaturas locales deben esperar a la expedición de las bases o leyes generales que les permitan saber de qué forma podrán crear los sistemas locales anticorrupción, ya que por el momento no tienen competencia para hacerlo.