El presidente del Frente Nacional de Defensa de Consumidores y Productores de Leche, Álvaro González Muñoz, acusó a la delegación federal de la Profeco en Aguascalientes de incurrir en omisión, al no dar respuesta a la denuncia interpuesta contra la venta de fórmulas lácteas como si fueran leche en las tiendas departamentales.
Afuera de las oficinas locales de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, denunció que no se ha dado trámite a la queja presentada desde abril pasado, y pidió que el Gobierno sea firme para evitar la importación de fórmulas lácteas desde los Estados Unidos, en la misma forma en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pretende expulsar de aquel país a los connacionales.
Afirmó que el Gobierno debe comenzar a preocuparse por que haya fuentes de empleo para muchos mexicanos en riesgo de deportación, en lugar de estar implementando políticas que favorecen a las grandes industrias y afectan a miles de campesinos, al quedarse sin empleo.
El dirigente lechero anticipó que ante la falta de atención de las autoridades a la problemática, que ya ha provocado la pérdida de 200 mil empleos en la actividad lechera, se convocará a una campaña de defensa e investigación que acredite el daño a la salud que ocasiona el uso de fórmulas lácteas.
Señaló que es lamentable que mientras otros países prohíben el consumo de estas fórmulas lácteas, en México se dan todas las facilidades para que el producto llegue a la población, pese a que se trata de sueros que sólo se dan a los animales, pero en nuestro país se venden libremente.
“En la realidad los productores siguen desapareciendo, en el último mes nos sentimos los más importantes del planeta porque las empresas nos buscan para comprar toda la leche, y hasta nos mejoran ofertas, pero porque el precio de leche a nivel internacional ya subió, y ni así son tan espléndidos. Ahora estamos perdiendo menos pero seguimos en quiebra”.
González Muñoz refirió que en los últimos tres años se han importado 100 mil toneladas de leche en polvo, lo que mantiene en graves condiciones a los productores lecheros, mientras se permite que las industrias operen sin regulaciones claras en el etiquetado de los productos.