Jesús Álvarez Gutiérrez

ciudad-vivaSi el reto de la economía mexicana es crecer más rápido, y hacerlo con una significativa generación de empleos bien pagados que permita revertir nuestra severa desigualdad social, la mala noticia es que se sigue ajustando a la baja la expectativa para el 2015. En lugar del prometido 4 por ciento, creceremos otra vez un poco arriba del 2 por ciento, apenas la tasa inercial.

El IMSS proyecta una generación de empleos menor a 600 mil, la mitad de lo que requiere el país. Mientras la empresa estadounidense Constellation Brands anuncia una inversión de 2,275 millones de dólares para la ampliación de su planta cervecera en el estado de Coahuila (2,500 empleos directos adicionales), Altos Hornos de México despide 20 por ciento de su plantilla (4,500 empleados menos) debido a la caída del precio del acero. Muchas otras empresas, aun las grandes, están contemplando una reducción de su nómina e inversiones, para enfrentar el ajuste a la baja en la tasa de crecimiento económico nacional.

El crecimiento, aprendimos en la universidad, es consecuencia natural de la competitividad; el problema es que hemos supuesto durante tres décadas, erróneamente, que la competitividad se eleva manteniendo deprimidos los salarios; basados en este supuesto falso hemos disminuido los salarios en términos reales aprovechando el aumento natural de la población en edad de trabajar, así como la proporción mayor de mujeres dispuestas a trabajar para contribuir al gasto familiar.

En este mismo tenor, algunos han aplaudido incluso la devaluación del peso porque “eleva la competitividad de nuestras empresas exportadoras al abaratar la mano de obra mexicana”. Esta apreciación es socialmente injusta y económicamente equivocada, porque las exportaciones mexicanas llevan poco valor agregado y se producen con insumos importados, encarecidos por la misma devaluación.

Ya deberíamos haber comprendido que la competitividad y el crecimiento, tanto de las empresas como del país, dependen de la productividad, no de los salarios bajos. La productividad muestra la eficiencia en el uso de los recursos. Ser más productivo, o más eficiente, es producir más con el capital y trabajo que se tiene.

A diferencia de los países emergentes exitosos, en México la productividad de los factores de la producción (capital y trabajo) descendió 0.6 por ciento en promedio cada año entre 1990 y 2014, según informó el propio Secretario de Hacienda. O sea que el raquítico crecimiento del PIB en ese período (apenas arriba del 2 por ciento anual) se debió a incrementos brutos tanto en el volumen de capital invertido como en la fuerza de trabajo empleada.

A pesar de ese doloroso reconocimiento oficial, la eficiencia en nuestra forma de producir sigue prácticamente estancada. El INEGI publicó la semana pasada que la productividad laboral en el primer trimestre de 2015 aumentó sólo 0.4 por ciento respecto al año anterior.

De acuerdo a la OCDE, México es el país en el que más horas se trabaja al año (2,200 horas por trabajador contra 1,400 en Alemania), pero se produce poco con relación al número de horas trabajadas, por lo que ocupa los últimos lugares de la lista en productividad laboral. Las explicaciones parten de dos fenómenos: primero, casi 60 por ciento de los trabajadores mexicanos son informales; segundo, buena parte de los trabajadores formales están empleados en la maquila de los denominados sectores dinámicos de la economía (automotriz, aeroespacial, electrónico…) caracterizados por un muy escaso valor agregado.

Aunque estemos convencidos de que elevar la productividad es el camino a seguir para asegurar un crecimiento económico sostenido y de largo plazo, no hemos logrado un consenso sobre cómo lograrlo. Ciertamente no se conseguirá por decreto. La recientemente aprobada Ley de Productividad y Competitividad, que obliga al gobierno federal a establecer planes de 20 años (que trasciendan los períodos sexenales), es sólo un marco, un cascarón, una declaración de principios.

La presente administración federal se propone abonar al tema de la productividad a través de tres medidas: en primer término, la consolidación de las reformas estructurales destinadas a romper monopolios y oligopolios, como la energética, la financiera, la de telecomunicaciones y la de competencia; dos, la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, y tres, un verdadero avance en el Estado de derecho (cultura de la legalidad). Se espera que estas acciones permitan a los inversionistas disminuir significativamente sus costos y elevar su eficiencia, a fin de no fincar su capacidad de competir en el sacrificio de sus trabajadores.

Sin embargo, pasadas las elecciones, ningún actor político ha retomado el desafío de dignificar el salario mínimo y consolidar el mercado doméstico. Y muy pocos se atreven a sugerir un presupuesto genuinamente anticíclico, que debería, primero, priorizar al gasto público en infraestructura, transporte, educación, capacitación, investigación, innovación; y, segundo, consolidar un empresariado nacional poderoso, con incentivos a la inversión y el ahorro, así como financiamiento a pequeñas empresas, incubación de negocios creativos, encadenamiento y proveeduría de sectores dinámicos a través de clústers regionales, etcétera. Estas son algunas condiciones que permitieron a otros países elevar su productividad y desarrollarse.

Me propongo en artículos posteriores abundar sobre estas grandes políticas encaminadas a dar sustento genuino a la productividad y competitividad. Para comenzar, sugiero a los tres niveles de gobierno eliminar trámites innecesarios, que son fuente de corrupción, para fomentar la entrada de nuevos jugadores a los mercados. Las empresas se verán obligadas a innovar para hacerse más eficientes. El papel del gobierno será no estorbar.

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