Por: Jesús Álvarez Gutiérrez

ciudad-vivaCuando la familia pierde el ingreso de uno de sus dos proveedores, varias medidas son obligadas. Por una parte el cónyuge con empleo busca incrementar percepciones con más horas de trabajo, y, por otra, se sacrifican gastos del hogar considerados menos prioritarios; de manera temporal y complementaria se recurre a la tarjeta de crédito, si es que no está saturada. Una penuria similar estamos padeciendo como país, y podemos descubrir cuáles son las prioridades del Ejecutivo en el paquete económico que la semana pasada envió a la Cámara de Diputados.

El derrumbe de los precios del petróleo y de la producción nacional ha dejado al gobierno mexicano prácticamente con la mitad de lo que recibía por ese concepto. Los ingresos petroleros, que financiaban 36% del gasto público, hoy apenas cubren el 18%. Nos “despetrolizamos” a la fuerza. El boquete ha podido mitigarse gracias al incremento tributario que implicó la reciente Reforma Fiscal. Especialmente importante ha sido la mayor recaudación hacendaria por el aumento en las tasas del ISR, que pega más a las clases medias y a las pequeñas empresas, y en el IEPS, que actúa como un sobreprecio en gas y gasolinas importadas y bebidas azucaradas.

Como el gobierno, irresponsablemente, ha venido gastando de más desde hace varios años, aun cuando los precios del petróleo estaban altos, la deuda pública ha crecido como bola de nieve, casi 50% de 2008 a la fecha.

Efectivamente, en los últimos siete años, el déficit público promedio anual fue de 3% del PIB, ya que mientras el gasto del gobierno representó 26 puntos del PIB, los ingresos promediaron 23 puntos.

En los Criterios de Política Económica se prevé que los ingresos representarán sólo 21.5 puntos del PIB entre 2016 y 2021, pues el petróleo ya sólo aportará 4.5 puntos, los impuestos contribuirán con 13 puntos como máximo, y apenas 4 puntos podrán provenir de CFE y cuotas al IMSS e ISSSTE.

Para que la deuda pública, que ya ronda el 45% del PIB, no supere el 60% en 2021 (proporción bastante peligrosa), el gobierno se ha comprometido a que, gradualmente, el déficit anual se estabilice en 2 puntos del PIB; el gasto no sobrepasará 23.5 puntos del PIB, lo que exige de entrada un recorte superior a 220 mil millones de pesos en 2016.

Como gran parte del gasto está comprometido y etiquetado (servicio de la deuda, pensiones, participaciones a entidades federativas), el recorte sólo puede ocurrir en el gasto programable. De acuerdo a la propuesta del Ejecutivo, el prometido “Presupuesto Base Cero” significará menor generación de infraestructura física para el desarrollo futuro del país (energética, hidráulica, carreteras, puertos, aeropuertos), sacrificar acceso a derechos humanos fundamentales de la población (educación, salud, nutrición, vivienda, seguridad), y disminución de apoyos a pequeños y medianos empresarios (créditos, incentivos fiscales, acceso a conocimiento y profesionalización).

Los organismos y dependencias públicas que más pierden con el recorte presupuestal anunciado para 2016 son Pemex, CFE, y las áreas responsables de comunicaciones, transporte, agua, economía, educación, ciencia, tecnología, salud y desarrollo social y agropecuario.

Como una forma de paliar esta afectación, se anunció la emisión de bonos por 50 mil millones de pesos para financiar la infraestructura escolar, y Fibra E para infraestructura energética. Pero los bonos en la práctica son otra forma de deuda. Asimismo, se anunció un renovado impulso a los proyectos de participación pública-privada, pero el éxito de estos últimos radicará en las expectativas de crecimiento del país. Y el país no crece. Apenas 1.9% promedio anual en 2013-2015. Por el rumbo planteado, tal vez nos tendríamos que conformar con un 3% anual en la segunda mitad del sexenio.

La prioridad nacional debería ser detonar el crecimiento, y para lograrlo el paquete económico que se discute en la Cámara de Diputados tendría que incluir medidas para fortalecer el mercado interno. Si se compra más, se vende más. Ganan los trabajadores, ganan los negocios, gana Hacienda.

¿Cómo hacerlo? Con mayor inversión pública y privada, con políticas explícitas de fomento al empleo y al salario, y con propuestas novedosas para aumentar el ingreso de las familias de los seis deciles con mayores carencias, como el sistema de seguridad social universal impulsado por varias organizaciones de la sociedad civil (pensión universal y seguros de desempleo y médico).

Los pequeños empresarios, por su parte, siguen esperando acceso a financiamiento, y una verdadera flexibilización de la reforma fiscal que les motive a invertir más, generar más empleo, pagar mejor y acelerar la economía: deducibilidad inmediata y total en inversiones productivas y prestaciones sociales. Debieran introducirse incentivos para que la sociedad misma fiscalice, pidiendo facturas y no descuentos a cambio de no recibir facturas, lo que ha fomentado la informalidad. El reto es enorme. Introducir estos cambios sin arriesgar la estabilidad macroeconómica es una tarea que exige inteligencia y sensibilidad. Nuestros diputados tienen la palabra.

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