Los aspirantes del PRI a la candidatura al gobierno del estado, deben pasar una serie de puertas antes de ser aceptada la solicitud, y si falta una palomita se van a quedar silbando en la loma. Así de simples son las exigencias que ha puesto el tricolor para todos aquellos y aquellas que quieran viajar en el tren de la ilusión.

Todos los requisitos que plantea el Partido Revolucionario Institucional son superables, aunque, claro está, no para el que no tenga algún “pecadillo”, de manera que como dijera el merolico de pueblo “atrás de la raya que estoy trabajando”.

En la reunión de la Comisión Política Permanente que tuvo lugar el pasado fin de semana en la capital del país, se dieron a conocer las exigencias que deberán cumplir los pretendientes al trono sexenal de los 12 estados que tendrán elección de gobernador, entre ellos Aguascalientes, demanda que se hace extensiva a los demás cargos que estarán en juego el primer domingo de junio del año próximo.

Los tiempos que corren reclaman un análisis minucioso de las designaciones que hagan los partidos para evitar que algún gobernante o funcionario tenga nexos con la delincuencia organizada o sea adicto a las drogas, de ahí que la dirigencia priista determinó colocar varios filtros antes de dar el aval al interesado a un cargo público.

De manera particular, sus baterías se enfocan hacia la candidatura al gobierno del estado, debiendo autorizar el solicitante que se investigue su situación patrimonial, fiscal y del entorno social; conocer si ha sido sujeto de responsabilidad penal o administrativa; hacer una evaluación para descartar uso de recursos de procedencia ilícita; someterlo a pruebas sobre consumo de drogas; demostrar que tiene un modo honesto de vivir; regirse con legalidad, veracidad y transparencia, y publicar nombre y perfil en la página electrónica del partido.

Lo descrito no es algo que se hayan sacado de la manga los comisionados políticos, sino que está previsto en los Estatutos que rigen a este instituto, con los agregados de aquello que se considere necesario puntualizar o reforzar para no dejar ninguna rendija.

Cada una de las obligaciones están al alcance y una vez comprobada la veracidad de lo que informen y documenten se dará la firma para competir en la elección interna, con la seguridad de que no hay algo que ponga en entredicho la candidatura y con ello se evita que la oposición tenga elementos para atacar.

En lo que se refiere a que el Revolucionario Institucional abre las puertas a ciudadanos que no militen en el partido y que al estar mejor posicionados ante la sociedad puedan desbancar a los aspirantes naturales, es sólo la convalidación de lo que indican los mismos Estatutos en el renglón de “simpatizantes” (artículos 166 y 183). Particularmente el 166 señala que se podrá aprobar la participación en el proceso de postulación de candidatos a “ciudadanos simpatizantes, cuando su prestigio, su fama pública, además de los estudios demoscópicos, señalen que se encuentran en un nivel de reconocimiento y aceptación superior al de los militantes que aspiren al mismo cargo”.

El anuncio que hizo la Comisión Política tomó fuera de base a varios informativos, que le dieron vuelo a la imaginación al establecer que lo anotado era una reacción por el triunfo que obtuvo el candidato “independiente” a gobernador de Nuevo León el pasado 7 de junio, cuando la realidad es que los Documentos Básicos del PRI (Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos) fueron aprobados en la XXI Asamblea Nacional Ordinaria y declarados legal y constitucionalmente válidos por el Instituto Federal Electoral el 8 de mayo de 2013 y ratificados por el Instituto Nacional Electoral el 15 de octubre de 2014.

NOTAS AL VACÍO

Hay declaraciones que por su contenido deberían influir en el cambio de actitudes y devolver a la sociedad su derecho a creer en la honestidad de sus autoridades, pero como siempre sucede, merecen poca atención con el argumento de que “el que no transa no avanza” y lo mejor es dejar que las aguas sigan como están.

Han pasado casi dos semanas de que el director general de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez López, señaló en Aguascalientes que la transparencia no es sinónimo de honestidad ni mucho menos de eficiencia, y el mejor ejemplo se encuentra en la corrupción que tiene lugar con la ejecución de la obra pública.

Dijo que el caso de los “moches” es sólo una parte de la falta de honestidad, porque hay otras cuestiones mayores como el costo económico de algunas obras y su escaso beneficio público, lo que puede ser desde un programa municipal o estatal hasta federal.

Para el especialista en temas de transparencia y rendición de cuentas, que estuvo en esta ciudad como invitado a la Reunión Nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), la mayor parte de la corrupción que sucede en este país está relacionada con la ejecución de obra pública. Sentenció que la transparencia sin controlar a la corrupción es sinónimo de impunidad, por lo que se pronunció por que se trabaje “no sólo en trasparencia, sino en sistemas que combatan verdaderamente los actos de corrupción”.

Dijo que transparencia en sí misma no representa honestidad ni eficiencia, puesto que “algún funcionario puede publicar mucha información en su portal de transparencia, pero esa información no revela en sí los atributos del funcionario”, del mismo modo “hasta ahora nos conformamos con la licitación, creíamos que con la licitación en regla ya no había corrupción, (pero) ahora se requiere ser más amplios, como hacer que los contratos sean abiertos al público y a los medios”.

Aunque es difícil acabar con la corrupción y los moches en particular, sí es posible combatirla con el apoyo de la sociedad, que debe estar vigilante para que los recursos públicos que se emplean tengan el fin determinado y en caso que detecte un desvío presentar de inmediato la denuncia correspondiente, lo que sumado al interés de los constructores para que todo se haga con legalidad, es posible transformar esta situación.

La creación del sistema nacional anticorrupción y las reformas a diversas leyes no podrán por sí mismas eliminar esas prácticas, por lo que se requiere la participación colectiva para que esté en permanente alerta y contribuya a que se erradique.

Como es costumbre, lo señalado por Eduardo Bohórquez no fue incluido en la agenda de los diputados y regidores y menos en los distintos niveles de gobierno, lo que hace suponer que al menos aquí todo seguirá igual, por una parte afirmándose que no hay un solo acto de corrupción y por otra la sospecha –sólo la sospecha– que es demasiado el presupuesto aplicado a una obra y los beneficios que se propalan sólo están en el discurso.

IDENTIDAD CÍVICA

El Desfile que cada año tenía lugar el 20 de noviembre con motivo del inicio del Movimiento Social Mexicano de 1910, fue eliminado del calendario cívico, por lo que fue “un día más” para los aguascalentenses. Se desconoce qué se pretende con descartar actos tan importantes como el que se recuerda en esa fecha, que es uno de los dos de mayor relevancia en este país, con lo que poco a poco los niños y jóvenes dejan en segundo término lo que ha sido origen, sustento y destino de los mexicanos. Primero se excluyó la participación tradicional de alumnos de primaria que cursaban cuarto, quinto y sexto año, quedando sólo los de secundaria y bachillerato, luego dejaron fuera a estos para dar paso a la marcha deportiva y finalmente, el jueves pasado ninguno hizo acto de presencia en la plaza de armas. Aunque en su momento se corrigió el dislate de aquel boquiflojo que ordenó cortar a la mitad el águila del Escudo Nacional, se vuelve a las andadas, por lo que no debe sorprender el poco respeto que se les tiene a los Símbolos Patrios.