Entró en vigor una adición al Código Penal del Estado, para que se indemnice a los que sean encarcelados sin fundamento.

De acuerdo con el Artículo 201, si el procesado es liberado por haber sido privado de su libertad injustamente, es absuelto, se dicta el sobreseimiento a su favor, o se declarara procedente su reconocimiento de inocencia, por decisión de la propia autoridad judicial o por cumplimiento de ejecutoria del amparo, será indemnizado a razón del tiempo de privación de la libertad, salvo que la persona haya provocado su propia persecución.

En caso de fallecimiento del titular del derecho a recibir indemnización, éste pasará a su cónyuge, concubina, concubinario, hijos, y demás herederos.

La indemnización puede hacerse válida, mediante escrito presentado ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, luego de que cause estado la sentencia.

El STJ requerirá al juez para que le remita el expediente y fijará el importe de la indemnización, con base en las siguientes reglas:

Si la persona estaba desempleada al momento de dar inicio la privación de su libertad, se le dará un día de salario mínimo por cada día, hasta que concluya tal privación.

Si se trata de un empleado, deberá indemnizarse con el salario que dejó de percibir, además de las prestaciones laborales que no haya recibido durante su encarcelamiento.

En caso de que no sea un asalariado, pero desarrollara alguna actividad por cuenta propia, deberá recibir un promedio de sus ingresos.

El Estado pagará la indemnización del Fondo creado para el efecto y luego por la vía civil, podrá exigir la cantidad erogada a los particulares que hayan contribuido al error judicial, tratándose de burócratas, deberán rembolsar lo que corresponda y en estos casos, se aplicará la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El Fondo para la Indemnización de Sentenciados Absueltos, únicamente deberá destinarse para el efecto y deberá conformarse con la aportación anual que le asigne el Presupuesto de Egresos; las aportaciones que para este fin, realicen los particulares u organismos privados, públicos y sociales, de manera altruista; los productos financieros que se integren de las inversiones y reinversiones de los recursos asignados al Fondo; lo recuperado por el Estado y los demás ingresos que por ley le sean asignados.