Resulta hasta cierto punto irónico que todavía no se elige a la persona que estará al frente del gobierno del estado y ya tenga encima la advertencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que habrá una revisión meticulosa de los programas federales y locales para determinar los recursos que recibirá en 2017.

Sobre advertencia no hay engaño, por lo que el arranque del próximo sexenio será bajo reglas muy estrictas, estableciéndose que cada peso que destine será luego de las evaluaciones que dispongan. La orden va para los 32 gobernadores y los más de 2,500 presidentes municipales, pero para los que inician su administración es más agudo este marcaje ya que no tendrán “luna de miel” con las autoridades hacendarias.

El cúmulo de promesas y compromisos que se han hecho durante las campañas, en los 12 estados que habrá relevo de gobernador y renovación de alcaldías y diputaciones, tendrá que ser moderado en el primer año y estar preparados por si se prolonga en el siguiente, de continuar la disminución de los ingresos petroleros.

Es un problema que deben tener presente las futuras autoridades y trabajar bajo un régimen de sobriedad para cumplir con lo básico, en espera que mejoren las condiciones económicas del país y a nivel internacional, que es el principal factor que afecta la marcha de la República.

Ya lo mencionó el subsecretario de Ingresos de la SHCP, Fernando Galindo Favela, “sin lugar a dudas vamos a tener menores recursos públicos para el próximo año. Eso implica que tendremos que revisar todas las estructuras del gobierno, tenemos que revisar todos los programas presupuestarios, reiterando que tenemos que destinar recursos públicos a aquellos programas que beneficien de mejor manera a la ciudadanía”.

Es una cuestión que opera desde el año pasado, cuando se puso en práctica una reingeniería de las citadas acciones, pero a decir del funcionario “hoy tenemos que hacer un ejercicio de mayor austeridad, de mayor eficacia en la asignación de recursos públicos”, por lo que si es el caso habrá rectificación de programas, revisando reglas de operación, conocer a qué población objetivo están destinados, etc.

Ahora sí, va a ser obligatorio cumplir el viejo eslogan: “Hacer más con menos”, porque además de estar bajo la lupa de Hacienda, las nuevas administraciones (estatales y municipales) ya no podrán solicitar con libertad los créditos que requieran, al tener una vigilancia directa de la misma dependencia y de las cámaras de Diputados y Senadores, que definirán cuándo y en cuánto pueden endeudarse, por lo que se cierra otra salida de la que históricamente gozaban los gobiernos locales.

Son temas que de ninguna manera afectarán las elecciones del domingo próximo, puesto que, sin importar su procedencia política o que sean “independientes”, quienes ganen la gubernatura y las once alcaldías enfrentarán esa situación, de ahí que desde hoy tienen que empezar a reflexionar qué harán si llegan a ocupar las respectivas sillas, teniendo en cuenta que absolutamente todos los proyectos demandarán presupuestos propios y si hay recortes en las partidas federales no quedará de otra que priorizar lo indispensable.

DILEMA EN PABELLÓN

En la encuesta que dio a conocer el Partido de la Revolución Democrática (PRD), sobre las preferencias electorales de Pabellón de Arteaga, salió en primer lugar su candidato a la presidencia municipal Cuauhtémoc Escobedo, lo que lógicamente no sorprendió, en función que nadie vende bolillo frío, pero sí desconcertó que en la lista de aspirantes no incluyera a José Lazarín Hernández, quien participa por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), lo que podría deducir que está más enfocado en aquellos que supone son contrincantes de peligro.

Lo que olvida el perredismo es que Lazarín hace una campaña lejos de los reflectores, dedicando su tiempo al contacto directo y a la entrega a cada ciudadano de su plan de trabajo bajo el lema “Por un Pabellón Verde y Ordenado”. En la breve entrevista con el abanderado, explicó que va por la modernización del sistema de agua potable y alcantarillado y que los espacios verdes se rieguen con agua tratada, además de atender los problemas que tengan los centros urbanos del municipio, de manera especial aplicará requisitos básicos a los urbanizadores, ya que en la actualidad hay 6 fraccionamientos que proporcionan el agua conectados a la red municipal, cuando su obligación es dotar de fuente propia el líquido a los adquirientes de la vivienda.

Un asunto que las distintas administraciones no han resuelto en el centro de Pabellón y el cruce de las vías del ferrocarril, por lo que el proyecto es construir un puente vehicular y cuatro pasos peatonales, con lo que se podrá reducir el peligro que entraña para peatones y automovilistas y más ahora en que hay mayor movimiento de trenes. También está promover ante el gobierno del estado y la Federación el apoyo necesario para abrir fuentes de trabajo, que es una de las principales demandas, lo mismo promover los programas sociales, que engloba atender a niños, jóvenes, adultos mayores, jefas de familia y hombres y mujeres adultos.

José Lazarín asegura que cada uno de los que participan en la competencia tiene la obligación de elevar el nivel de vida de los pabellonenses, “es un propósito que debemos de tener todos, en lo personal puedo asegurar que si cuento con el apoyo de la gente y soy electo sabré responder con trabajo, con entrega, rectitud y acatamiento a lo que manden los ciudadanos”.

Pidió a sus paisanos que el domingo próximo acudan a votar y lo hagan pensando por el bien del municipio, que si tienen que algo que hacer ese día “le hagan un espacio a este derecho que tenemos todos los mexicanos de elegir a nuestras autoridades”.

“COYOTAJE” LABORAL

Una de las figuras que por muchos años han funcionado en los centros de trabajo y en las cercanías de las juntas laborales es el “gestor” de cualquier asunto, que por muy difícil que sea el problema él tiene la solución, situación que ha sido combatida por el sector empresarial al considerar que lesiona sus intereses, principalmente cuando llegan a prolongar los juicios para obtener una mayor tajada de lo que recibiera el trabajador que demandaba. Al fijar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a 365 días el pago de salarios caídos, cerró la principal válvula que tenían los “apoderados”, que valga señalarlo, este tipo de “coyotes” los hay en ambas partes, toda vez que el obrero que es despedido injustificadamente reclamara el pago del tiempo que duraba fuera y que, ciertamente, llegaba a prolongarse por años, pero se debía a que por la patronal los abogados hacían lo propio para evitar una respuesta pronta. En este juego de “fuercitas” el que salía perdiendo era el empleador, toda vez que debía desembolsar cientos de miles de pesos, cuando con un mal arreglo podía reducirse significativamente. El punto es que los más perjudicados eran los pequeños negocios, toda vez que una demanda perdida podría dejarlos en la calle, por ello la Corte optó por aplicar un año como máximo para el citado pago, aún cuando el litigio se alargue, con lo que a ese tipo de asesores ya no les resulta que se vaya a más de doce meses, a la vez al obrero le conviene que se termine pronto el caso y no estar en una etapa desgastante económico y emocional para él y su familia.