Ante la advertencia jurídica hacia el secretario de Gobernación de ser destituido y sometido a un proceso penal, los ex braceros de Aguascalientes esperan que esta semana se publique ya la lista a favor de unos 500 aquicalidenses a los que sin mayores tardanzas deberá pagárseles el apoyo social por la cantidad de 38 mil pesos, anunció ayer aquí el abogado de la Coordinadora Nacional por la Defensa de Ex Trabajadores Migratorios, Porfirio Martínez González.
Durante una visita al estado de Aguascalientes, el representante jurídico de los ex braceros señaló que el juicio ganado ante el III Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito beneficia aproximadamente a 1 mil 300 ex trabajadores migratorios, oriundos principalmente de Aguascalientes y Zacatecas.
Al reunirse con los ex braceros y familiares en el Jardín de los Palacios, Martínez González les informó sobre el avance de los dos juicios que se tienen pendientes, y el otro caso abarca a 5 mil 200 ex trabajadores migratorios mexicanos, de los cuales unos 1 mil 200 son aguascalentenses, y quienes obtuvieron un amparo de la segunda jueza de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México para que la Federación les devuelva el 10% de su fondo de ahorro.
De hecho, se instruyó al Gobierno Federal para que cruce información con los Estados Unidos para acceder a todos los contratos de los ex trabajadores migratorios y de ahí se conozcan las cantidades que se les descontaron por concepto del fondo de ahorro, y de este modo se les devuelvan los dineros que les corresponden a cada ex bracero o beneficiarios.
Sin embargo, dijo que el Gobierno de la República en lugar de acatar el fallo jurídico de la jueza y reconocer que se quedaron con la cantidad de 16 a 18 millones de dólares desde los años 1948-1950, durante la presidencia de Miguel Alemán, ahora ha solicitado un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se espera que entre junio y agosto emita el fallo correspondiente.
En entrevista con El Heraldo, el abogado de la Coordinadora por la Defensa de los ex braceros subrayó que los ex trabajadores migratorios han sido de los más colaboradores y han entregado la documentación pertinente que ha facilitado llevar a cabo diversos juicios a favor de ellos.
Asimismo, explicó que uno de los juicios ha sido ganado integralmente y responde al pago del apoyo social por la cantidad de 38 mil pesos, cuyo juicio se ganó desde hace un año en el III Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, donde los magistrados concedieron el amparo y echaron abajo la sentencia de la jueza decima quinta de distrito.
Esto significa que el Gobierno Federal se encuentra obligado a través del Fideicomiso de Apoyo Social correspondiente, a pagarles a los ex braceros o a sus beneficiarios la aportación de 38 mil pesos, la cual no les ha querido proporcionar el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Gobernación.
Sin embargo, el último requerimiento que acaba de hacer la jueza 15 de distrito en cumplimiento de la ejecutoria del III Tribunal Colegiado fue apercibir a la Secretaría de Gobernación que en caso de que no cumpla se le aplicará el procedimiento del Artículo 105 de la Constitución, es decir, se le destituirá al titular de la Segob y se le someterá a un proceso penal.