La diputada María de los Ángeles Aguilera Ramírez, presentó una iniciativa de reformas y adiciones al Código Penal del Estado, con la finalidad de contemplar las modalidades delictivas de ‘sexting’ y ampliar el apartado de pornografía infantil.
Precisó que el ‘sexting’ o pornografía digital consiste en hacer uso, sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo y en perjuicio de alguien, de imágenes y videos de contenido erótico y sexual revelándolos, divulgándolos, utilizándolos o extrayéndolos de forma indebida en plataformas virtuales y herramientas tecnológicas, entendiéndose por éstas a las redes sociales, chats, blogs, correo electrónico, mensajes de texto enviados por aparatos telefónicos celulares, servidores que almacenen videos o fotografías y otros medios tecnológicos, sea que lo realice por sí o a través de una identidad distinta.
Al responsable de pornografía digital se le aplicarán de 4 a 8 años de prisión y de 100 a 200 días de multa y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
La misma pena se impondrá a quien procure, obligue, facilite o induzca a una o varias personas mayores de edad a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales, reales o simulados, con el objeto de videograbarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos corporal o lasciva o sexualmente o realice su descripción a través de anuncios impresos, transmisión de archivos de datos en red pública o privada de herramientas tecnológicas, sistemas de cómputo, electrónicos o sucedáneos.
Si el inculpado es ascendiente, descendientes, parientes colaterales en segundo grado, tíos hermanos, padrastro, o madrastra de la víctima, o habita el mismo domicilio de la víctima, las penas referidas en el párrafo anterior se incrementarán, aplicándose de 7 a 14 años de prisión, de 300 a 700 días multa, el pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados y privación de los derechos de familia que el inculpado tenga en relación con la víctima.
Al responsable de pornografía infantil y de incapaces se le aplicarán de 7 a 14 años de prisión y de 300 a 700 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
Cuando la víctima sea menor de 12 años de edad o persona que no tenga capacidad para entender el significado del hecho, se le aplicarán de 8 a 15 años de prisión, de 350 a 750 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
La propuesta tuvo entrada ayer en sesión de la Diputación Permanente.