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Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 21-Nov.- Durante su sexenio, Roberto Borge entregó placas de taxis y permisos de notarías bajo procedimientos irregulares que son investigados por el Gobierno de Quintana Roo, señaló Carlos Joaquín González, Mandatario de esa entidad.
La indagación por la asignación de esos permisos, agregó, está integrada dentro de las 40 auditorías que realiza su administración.
“Se dieron concesiones en los diferentes sindicatos de taxistas, se dieron concesiones de carga, se dieron notarías públicas. Todo eso lo estamos revisando y tendremos datos en breve”, indicó.
Aunque omitió dar a conocer el número de taxis y notarías que estarían operando con dichas concesiones, Joaquín dijo que en menos de dos semanas rendirá un informe amplio de las irregulares heredadas por el priista.
Una vez que concluya la revisión de las auditorías, aseguró, se presentarán más denuncias ante la PGR por el uso de helicópteros y los beneficios que recibió la familia del ex Gobernador.
Asimismo, adelantó que por las irregularidades encontradas hasta el momento, serán llamados a comparecer los ex titulares del Instituto del Patrimonio y la Secretaría de Finanzas, aunque la lista se ampliará en los próximos días a otros ex funcionarios que participaron de forma directa en la venta de más de 9 mil hectáreas de la reserva del estado.
El pasado miércoles se publicó que el Gobierno de Quintana Roo presentó dos denuncias penales en contra de Borge por la venta irregular de 9 mil 500 hectáreas de la reserva territorial a familiares y trabajadores de su administración.
En las denuncias también está incluida Claudia Romanillos Villanueva, ex directora general del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, responsable de que los predios se remataran en precios que equivalen a 1 por ciento de su valor comercial.
Rafael Antonio del Pozo, Secretario de Gestión Pública del estado, informó que la denuncia ante la PGR fue presentada tres semanas antes, y el día anterior ante la Física del Estado.
“Se han encontrado irregularidades en la enajenación a particulares de predios del dominio privado propiedad del estado, presuntamente atribuibles a la entonces directora general IPAE, Claudia Romanillos Villanueva, así como al ex Gobernador Roberto Borge.
“Las enajenaciones presentan graves irregularidades, ya que se realizaron sin respetar la normatividad estatal y sobre todo se fijaron precios de venta muy por debajo del valor real, y en algunos casos llegaron al 1 por ciento de estos”, apuntó.

Con información de Érika Montejo