Por ley se crearán bolsas de trabajo para discapacitados; escuelas públicas y privadas deben contar con rampas, pasamanos y demás infraestructura que demanda este sector de la población y se aplicarán multas de más de 70 mil pesos, al que incumpla.

Entraron en vigor diversas reformas a la Ley de Integración Social y Productiva de las Personas con Discapacidad.

Debe vigilarse que los apoyos otorgados a las personas físicas y morales que ofrezcan servicios a estas personas, se utilicen para el fin previsto; se harán evaluaciones de los programas destinados a favor de la población discapacitada, para constatar si logran los objetivos previstos.

Estas personas tienen derecho a entrenamiento físico especializado, a recibir asesoría, en caso de ser agredidas física, emocional o sexualmente; cuando sean tratadas con negligencia; a recibir apoyos cuando se encuentren en estado de abandono, o no tengan acceso a los medios que les permitan llevar una viga digna.

Asimismo, a recibir orientación para la construcción de viviendas, de acuerdo a sus necesidades; el ombudsman tiene la facultad de revisar los albergues y centros comunitarios para garantizar la tutela de los derechos de las personas son discapacidad.

Escuelas públicas y privadas, en todos sus niveles, deben garantizar que las instalaciones cuenten con las especificaciones técnicas de accesibilidad y seguridad para estos alumnos: rampas, pasamanos, instalaciones sanitarias, entre otras.

Se aplicarán mulas de 10 hasta mil días de salario mínimo vigente, al que incumpla las disposiciones de ley; las sanciones también incluyen cursos sobre derechos humanos, que contemplen temas sobre la cultura de la dignidad y respeto de las personas con discapacidad, con objeto de sensibilizar y crear conciencia sobre la importancia de eliminar estereotipos que afecten a este sector de la población.

El Decreto entrará en vigor en tres meses, esto es, hasta febrero del próximo año.