Por Jesús Alejandro Aizpuru Zacarias

El día de ayer me cuestionaban sobre los acontecimientos de Tanhuato y sobre el actuar de las fuerzas del Estado. Después de los lamentables sucesos de Tlatlaya y Apatzingán, surge la duda y desconfianza por parte de la ciudadanía de las versiones oficiales, arrojando la siguiente interrogante: ¿se actuó para repeler agresiones, o fue un uso excesivo de la fuerza culminado en ejecuciones extrajudiciales?

Las versiones oficiales, al igual que en los casos de Tlatlaya y Apatzingán, distan de los testimonios de personas que estuvieron involucradas en los hechos, razón por la cual se genera la duda razonable, las declaraciones que Monte Alejandro Rubido hace afirmando que: “Todos dispararon y al no rendirse es que fueron abatidos por las fuerzas del orden”, abona más a una versión que dista del boletín oficial.

Me preguntaban si prefería leer en los medios que los muertos eran policías en vez de “delincuentes”, la respuesta fue un rotundo NO; sin embargo, les comentaba que no podemos permitir que las guardianes del orden se comporten como criminales. Estoy convencido que el actuar de las fuerzas del Estado debe ser conforme a derecho, respetando los derechos humanos de todos los ciudadanos, sin importar si estos son o no delincuentes, que para el caso que nos ocupa es algo que aún no sabemos y que debe de probarse.

Me comentaban que en el supuesto de que las fuerzas del Estado hubieran actuado violando los derechos humanos de los “delincuentes” era preferible que estos terminaran abatidos a que continuaran en las calles o en el mejor de los casos recluidos por algunos años, les comenté que desde mi perspectiva resultaría lamentable que las autoridades se comportaran como delincuentes para acabar con la delincuencia, no solo por cuestiones de estricto derecho, sino por cuestiones sociales y políticas, y que de actuar así serían parte de lo mismo que pretenden acabar y lo único que harían sería abonar a la descomposición del tejido social, que de por sí se encuentra desarticulado. Les recordé que las autoridades son quienes deben fomentar el respeto a los derechos humanos, deben actuar conforme a la ley en todo momento y jamás justificar los medios (ilegales) con un fin.

Por último, les comente que es necesario que nuestras autoridades disipen cualquier duda sobre el actuar de la policía federal, la crisis de desconfianza y credibilidad que atraviesa el país nos obliga a exigir como ciudadanos respuestas claras, concretas pero sobre todo veraces sobre los hechos; si bien al día de hoy solamente son dudas lo que ha generado las versiones oficiales empatadas con testimonios, a la ciudadanía le interesa tener la certeza de que las autoridades están para combatir a la delincuencia respetando los derechos humanos, y creo que a las autoridades les debe interesar recuperar la confianza que se ha perdido, tener la certeza de que las policías cumplen a cabalidad con su encomienda y que actúan conforme a derecho, saber que cuando hacen uso de la fuerza lo hacen como último recurso para repeler agresiones y mantener el orden. Será necesario aclarar todos y cada uno de estos puntos si es que se quiere empezar a dibujar un nuevo panorama para México.

Como es costumbre, agradezco el favor de su lectura y los espero una vez más, la próxima semana.