Nunca es tarde para concluir las obras que dejaron otras administraciones, por lo que si el gobierno del estado y la federación asumen que antes del uno de diciembre de 2016 estará terminado el nuevo Hospital Miguel Hidalgo y este mismo año se finiquita la última parte del Tercer Anillo, habrá que creerles, puesto que ellos mismos se imponen el reto.

De ninguna manera será una tarea fácil si se tiene en cuenta los recortes al presupuesto federal determinados para este año y el próximo, por lo cual el resultado de esa tarea dependerá en gran medida del buen manejo de los recursos internos y de las trasferencias federales.

Son obras que por una u otra razón se han quedado rezagadas, pero que cada vez son más necesarias, como el actual Hospital Hidalgo que resulta insuficiente para atender la demanda regional, y el creciente paso por la ciudad del transporte pesado, que debería utilizar sólo el Tercer Anillo, pero al estar inconcluso transita por el Segundo.

Además, se plantea acabar el Hospital de Pabellón de Arteaga, que por su ubicación estratégica al encontrarse en el corazón del estado, es imprescindible que cuente con la infraestructura necesaria que permita atender a la población, con tecnología de última generación, lo cual ayudará a que junto con el de Rincón de Romos contribuya a descongestionar los nosocomios de la ciudad capital.

Como es de sobra conocido, el nuevo Hospital Hidalgo se inició en la última parte del sexenio que encabezó el ingeniero Luis Armando Reynoso Femat y cuando empezaba a tomar forma se pararon las obras al haber una negativa terminante del expresidente Felipe Calderón de enviar los recursos pactados. Por el volumen de la inversión, estimada entonces en mil millones de pesos –que asciende actualmente a casi mil cuatrocientos millones-, resultaba impensable que Reynoso Femat y el actual gobernador José Carlos Lozano de la Torre pudieran llevarla a cabo con la hacienda local.

Por ello es importante resaltar que para el mes próximo se espera reiniciar los trabajos, una vez cumplidos los trámites correspondientes ante las secretarías de Hacienda y de Salud. A decir del secretario de salud estatal, José Francisco Esparza Parada, “es un compromiso del gobernador que se entregue antes de que termine el sexenio”, lo que según sus cálculos podría ser para septiembre del año próximo, aunque es preferible dar un poco más de tiempo, pero que no rebase el 30 de noviembre.

En cuanto al Tercer Anillo, cuya planeación se hizo en tiempos del exgobernador José Refugio Esparza Reyes (1974-1980), se ha podido comprobar en la última década que fue un planteamiento visionario, en función del crecimiento cada vez más rápido del parque vehicular, por lo que es mayor la exigencia social de tenerlo completo. La delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se compromete a que para septiembre próximo quedará terminado, lo que en sí es una noticia largamente esperada.

TRANSPARENCIA

Aún está pendiente la clarificación relativa a los ingresos que obtienen algunos funcionarios, así como maestros que se encuentran en calidad de comisionados y del propio secretario general de la Sección Uno del SNTE, Mario Armando Herrera.

Este Diario, en su edición del pasado 4 de mayo, publicó información obtenida por el reportero Luis Leonardo Márquez Alvarado, de la página Web de la Secretaría de Educación Pública, donde se presenta el listado de ingresos devengados durante el primer trimestre del año, por parte de directivos del IEA, y de los docentes comisionados en diversos cargos.

Mario Armando Herrera, líder de la Sección Uno, aseguró que la SEP falsea sobre su ingreso, debido a que las percepciones presentan vaguedades, ya que apenas rebasa los 21,000 pesos, pero cuando se le solicitó un talón de pago prometió hacerlo más adelante.

Ante los cambios que exige la sociedad respecto a la transparencia con que se manejan los recursos públicos, es indispensable que cada miembro, especialmente los altos mandos en la jerarquía gubernamental que percibe su salario de dichos recursos, muestre actitud congruente y con hechos fehacientes demuestre que en verdad se está haciendo un manejo puntual, claro y conforme a la realidad del país. Ya no se debe pasar por alto la pertinente y obligada transparencia que reclama la ciudadanía, que en éste y en todo momento está atenta al actuar de las administraciones y que de una u otra forma premiará o castigará su proceder.

ENCUBREN SU PATRIMONIO

Vaya balconeada que les dio Salomón Gutiérrez Mayorga, vicepresidente de la Cámara de Comercio, a los candidatos a diputados federales, al citar que de 30 que aspiran sólo uno presentó la declaración de sus propiedades, lo que deja constancia de que con tacos de saliva y volutas de humo pretenden convencer a los electores, de que son dignos de confianza.

Para persuadir a los ciudadanos que acudan a votar y que lo hagan por ellos o ellas, deben ser honestos y transparentes, afirmó el directivo, por lo que si quieren ganar deben actuar de manera cabal y honorable, que los hechos digan más que mil palabras. Hay quien aconseja no fiarse de aquellos que algo esconden, no confiar en los que hablan mucho y nunca llegan al fondo del asunto y de los que no aceptan compromisos que tengan un seguimiento puntual.

La política tiene reglas básicas y una de ellas es entregar la declaración patrimonial, lo que determinará si sus propiedades concuerdan con su tiempo laborado o bajo qué condiciones obtuvo los bienes, que pueden ser por herencia familiar o cesión de un allegado, pero siempre dejando en claro cada peso, además sirve como punta de lanza para determinar si en el ejercicio del cargo actuó con ética.

Si en el curso de los 25 días que restan para terminar las campañas no lo han hecho, significará que sus promesas son llamaradas de petate y van tras el poder sólo para ver qué pueden hacer.

INTERVIENEN JALISCO

Tropas federales fueron enviadas a Jalisco para enfrentar al crimen organizado, luego de los violentos hechos que tuvieron lugar el uno de mayo pasado, en que murieron seis soldados al derribar el helicóptero en que hacían labores de patrullaje y dos agentes investigadores, y a las tres semanas de que fuera emboscado un grupo de policías estatales, resultando asesinados 15 de ellos.

El gobernador Aristóteles Sandoval aseguró que todo estaba bajo control, sin embargo, en el centro no quisieron correr más riesgos y designaron a un general para que se hiciera cargo de la seguridad del estado, algo similar a lo aplicado en Michoacán y Tamaulipas, donde la delincuencia se ha enseñoreado.

El presidente Enrique Peña Nieto señaló que lejos de frenar la acción del crimen organizado, fortalece la determinación del Estado mexicano para hacer valer la ley, por lo que se utilizarán todos los recursos disponibles para preservar la paz y el orden.

Expresó que la muerte de los soldados fue un hecho muy lamentable y aseguró que los militares han demostrado lealtad al arriesgar sus vidas para mejorar las condiciones de seguridad y de justicia, por lo que su administración respalda y reconoce en todo lo que vale la labor que mantienen las Fuerzas Armadas.

El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, primer orador en la ceremonia de la jura de Bandera de los soldados del Servicio Militar Nacional que tuvo lugar en el Campo Marte el 5 de mayo pasado, subrayó que “a los cobardes criminales hay que combatirlos con unidad ciudadana y todo el peso de la ley, no permitamos que se mezclen entre nosotros, denunciémoslos a ellos y a los que los apoyan, desterrémoslos y con ello a la ilegalidad, la irresponsabilidad, la corrupción y la impunidad que los cobija donde sea que se encuentren. Cerremos filas para el logro de este objetivo”.

Reiteró el compromiso de que los delincuentes serán detenidos o anulados, y recordó que todo criminal que pretendió dañar a la sociedad con actos ruines, desafiando la fortaleza del Estado mexicano, “ha sido aprehendido o nulificado por las fuerzas del orden, ha sido puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Esto seguirá siendo su destino y también el de sus cómplices”.

Los hechos que volvieron a estremecer a los jaliscienses en particular y a los mexicanos en general, del uno de mayo, arrojó un saldo de 30 bloqueos, 15 muertos, entre ellos ocho presuntos delincuentes, 19 heridos y 19 aprehendidos. Fue la gota que derramó el vaso, ya que el 9 de abril fallecieron 15 policías estatales en una emboscada que les tendieron en el municipio de San Sebastián del Oeste y quedaron cinco lesionados.

En aras de fortalecer la seguridad de Jalisco fue designado Miguel Gustavo González Cruz al frente de la “Operación Jalisco”. Es comandante de la Quinta Región Militar y General de División, por lo que sus funciones abarcarán no sólo a esta entidad, sino Colima, Zacatecas, Nayarit y Aguascalientes, que forman parte de la Quinta Región, por lo cual tendrán mayores alcances los operativos que tengan lugar.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dejó en claro que se actuará con firmeza, en la reunión que sostuvo con los titulares de la Defensa Nacional, Marina, Procuraduría General de la República, Cisen y la Comisión Nacional de Seguridad: “Tengan la certeza de que ante eventos como los de la semana pasada, se actuará con firmeza, decisión y oportunidad”.

Se trabaja en una estrategia integral y que tiene entre sus principales objetivos capturar a los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación, desarticular esta organización y reducir la violencia, y con la meta de tener “un Jalisco como lo hemos logrado en otras entidades, donde los ciudadanos puedan salir con tranquilidad y recorrer con plena confianza los espacios que les pertenecen”, puntualizó.

El compromiso es hacer reuniones de evaluación cuantas veces sea necesario, para fijar avances y necesidades, y que los residentes de Jalisco tengan la confianza en que pueden transitar sin problema, que hay una vigilancia muy estrecha en localidades urbanas y rurales y en carreteras y caminos alimentadores.

NO A LA OPACIDAD

La nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública cierra “espacios de opacidad y discrecionalidad, y abre una nueva etapa de transparencia y rendición de cuentas en el país”, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto.

Al promulgar la legislación, durante la ceremonia que tuvo lugar en Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo destacó que la transparencia es un instrumento que fomentará la honestidad y la integridad en el servicio público, con lo que se contribuye a prevenir y combatir la corrupción, y promueve la responsabilidad y la eficacia en la gestión pública, además de que fortalece a los ciudadanos para evaluar a sus autoridades y exigirles cuentas.

Peña Nieto sostuvo que los gobiernos abiertos son la nueva frontera de la democracia y significan un nuevo modelo colaborativo que está transformando la manera en que interactúan ciudadanos y autoridades, es un modelo que requiere sociedades democráticas, gobiernos transparentes y tecnologías que contribuyan a esta intención, “es un paradigma de autoridades proactivas, que publican la información en formatos útiles y amigables, incluso antes de que les sea solicitada”.

Hizo mención de que en febrero pasado expidió el Decreto por el que se establece la Regulación en Materia de Datos Abiertos, con lo cual se pondrá a disposición de la población de manera digital y en línea, la información pública generada por las dependencias y entidades federales: “Estoy seguro de que la ley general que hoy se promulga permitirá que no sólo el gobierno de la República, sino el Estado mexicano en su conjunto, adopten el nuevo paradigma de los gobiernos abiertos”.

Asimismo, resaltó que en el Artículo 6º constitucional se reconoce el derecho de acceso a la información pública como un derecho humano y que para hacerlo efectivo en todo el país se promulgó la ley reglamentaria, en estas condiciones “se trata de un avance institucional muy significativo, toda vez que la transparencia y la rendición de cuentas son indispensables para generar confianza y para seguir perfeccionando nuestra democracia”.

Es una ley que obliga a todas las autoridades e instituciones federales y personas que deben ser transparentes en la información, incluidos los gobiernos estatales y municipales, órganos y organismos públicos, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los estados, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y a cualquier persona física, moral y sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad.

De igual manera se ampliará la obligación de transparentar información pública de oficio y se facilita el acceso a ella, por lo que hay 50 preceptos comunes para todos los sujetos obligados, y como refuerzo se crea el Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

El magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar; los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, Miguel Barbosa y Julio César Moreno, respectivamente; el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, y Ximena Puente, presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información, coincidieron en la importancia de esta ley, tan necesaria para que los mexicanos conozcan qué hacen dependencias y funcionarios públicos y las personas físicas, morales y sindicatos que ejercen recursos federales.

EL VERDE SE PITORREA

Mientras que en Palacio Nacional la promulgación de la Ley de Transparencia recibía toda clase de elogios, en algún lugar de la Ciudad de México había quienes celebraban que puedan saltarse a la torera la legislación electiva, tras conocer el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que le quitó toda autoridad al Instituto Nacional Electoral (INE) para cobrar multas a los partidos políticos.

Como es del conocimiento público, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha violado no dos ni tres, sino varias veces la ley, por lo tanto, en sanciones económicas ha acumulado casi 200 millones de pesos, disponiéndose la retención de los recursos públicos que recibe cada mes hasta el pago total.

Al inconformarse por estos hechos, obligó a intervenir al Tribunal, definiendo que el INE no puede cobrar multas a los partidos sin que éstas hayan sido resueltas en definitiva por está instancia, por lo cual, el instituto deberá reintegrar los recursos retenidos al PVEM, lo mismo que al PRD, PAN, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Encuentro Social, que también presentaron una queja por la suspensión parcial de los apoyos.

La Sala Superior del Tribunal aprobó por unanimidad la propuesta del magistrado Flavio Galván, en la que señala que los incumplimientos de medidas cautelares deben ser resueltos por las salas de dicho tribunal y no por el Consejo General del INE, esto con base en el nuevo sistema electoral nacional, en que “se establecen reglas para resolver de manera inmediata las denuncias por presuntas infracciones en materia electoral en el desarrollo de algún procedimiento electoral, siendo criterio de esta Sala Superior que se deben conocer en el Procedimiento Especial Sancionador”, manifestó el ponente.

Con lo anterior, el Verde ya no tendrá que recurrir a un crédito para solventar los gastos de las campañas y al mismo tiempo no sentirá la obligación de someterse al imperio de la ley, ya que bajo el supuesto de que el INE insista en imponerle multas, éstas no procederán de inmediato, sino hasta que el Tribunal Electoral emita el fallo.

Durante varias semanas el partido del Tucán ha estado en los informativos escritos y electrónicos por su reiterado reto a la autoridad del INE, que lo multó con diversas cantidades millonarias por sobreexposición, por desacato, por entrega de calendarios, uso de cineminutos en complejos de salas cinematográficas, por apropiarse del programa Vales de medicina y entregar vales para ese fin, por la envoltura de tortillas con el logotipo, por no usar material ecológico y por intentar comprar votos con tarjeta platino, lo que en total significó 188 millones de pesos, de los cuales llevaba retenidos 53’800,000 pesos y que debió regresarlos el Instituto Electoral.

REHÚSAN CANDIDATURAS

A lo largo y ancho del país se cuentan historias de aquellos que buscan desesperadamente ser candidatos a un cargo de elección popular, pero también hay a quienes se las entregan en bandeja de plata y se niegan a participar, es el caso de Antonio Pérez Yescas, registrado por el Partido Humanista como aspirante a la gubernatura de Sonora.

El 25 de abril pasado, El Universal difundió que a los dos meses de iniciado el proceso electoral, el abanderado humanista estaba ausente en eventos públicos e incluso que ni siquiera se presentó al registrado de su candidatura y en su partido no lo conocían, por lo que convocó a una conferencia de prensa, que fue su primera y única aparición, para dar pormenores del porqué declinaba.

“Espero que a algún otro ciudadano le interese la candidatura”, dijo Pérez Yescas, y explicó las razones que lo motivaron a rechazarla, principalmente que la coordinación ejecutiva estatal del Partido Humanista se encuentra impugnada por la dirigencia nacional ante el Tribunal Electoral federal, por lo que no hay condiciones ni recursos para estar en campaña, al mismo tiempo que dos grupos se disputan el control del partido.

En Chilapa, Guerrero, el PRI designó a Jesús Parra García como su candidato a presidente municipal, en sustitución de Ulises Fabián Quiroz, asesinado a quemarropa de 13 tiros a principios de este mes. El suplente de Quiroz, José Santos Valdivia, se negó a asumir la candidatura y parte de la planilla también pidió su baja, tras vivir en un ambiente de extrema violencia, como lo demuestra el hecho de que el 27 de noviembre de 2014 fueron encontrados 11 cadáveres decapitados y en esa misma semana ocurrieron 16 crímenes en total, a lo que se agrega la desaparición de Cleto Mendoza Vargas, regidor del Partido del Trabajo, desde el 30 de diciembre de 2013, fecha en que fue sustraído de su casa por un grupo de hombres armados en la comunidad de Ayahualulco.

Por su parte, Vanessa Campos Santana, suplente de la diputada priista con licencia Yulma Rocha Aguilar, desde hace un mes se niega a ocupar el puesto en el Congreso de Guanajuato, a pesar de los citatorios que le han enviado a su domicilio y que han ido a buscarla con notario público, por lo que en apego a la ley la curul podría ser ocupada por Celeste Gómez Fragoso, quien está en la sexta posición de la lista de candidatos a diputados de representación proporcional.