Adriana Alatorre
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 1-Jul.- La cobertura de los servicios de salud, incluida entre los principales derechos de los mexicanos, está siendo vulnerada por la falta de financiamiento, afirmó Berenice Ramírez, investigadora y Secretaria Académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
“Lo que llama la atención es que se trata de hacer una reforma educativa, una reforma a la seguridad social donde la salud es un componente fundamental, pero uno de los elementos centrales es el financiamiento y estamos observando que no lo hay, que se está recortando, cómo la van a implementar”, cuestionó.
En entrevista con Grupo REFORMA, la especialista aseguró que en la medida en que existiera voluntad política para darle fundamento a la seguridad social se debería de hacer una reforma secundaria para elevar los impuestos a los que realmente ganan más, no a nivel del IVA, sino a través de los impuestos a la renta o de impuesto sobre las ganancias.
“Sin hacer la evaluación, buscan financiamientos que han demostrado que han beneficiado más al sector privado que a la parte pública, me refiero concretamente a las inversiones público privadas”.
“Tenemos un Estado a favor del capital trasnacional, y nos volvemos a quedar cortos en la construcción de un estado social”, subrayó.
Esto se debe, a decir de la especialista, a que prevalece el interés económico, pues aunque las autoridades declaren que están interesados en el ámbito social, se hacen medidas asistencialistas y hasta cierto punto “populistas”.
“Hablan de la incorporación de estudiantes, de la incorporación de varios sectores que no cotizan, que presionan más a las finanzas de la institución; no se les da respuesta adecuada al movimiento de los médicos y si queremos hablar de desigualdades un ejemplo claro es lo que ganan los pasantes de medicina, frente a lo que puede ganar un futbolista. No se le está dando la atención ni los recursos que requiere”, planteó.
La evidencia de esta falta de compromiso está en el recorte de 6 mil 500 mdp a los servicios de salud, lo que demuestra es que entre el discurso y la práctica del Gobierno, no tiene establecidas claramente las prioridades que van encaminadas a la construcción de un bienestar para la población.
El recorte, al estar dirigido completamente al Seguro Popular, se anuncia frente a un escenario de desplome de los precios del petróleo y de un débil crecimiento de la economía mexicana.
Aunque el gobierno señala que el ajuste presupuestal es una respuesta a la coyuntura internacional, el problema no es coyuntural, sino estructural, ya que hace evidente que desde hace varias décadas existe una Hacienda Pública que depende en gran medida de los ingresos derivados de la explotación petrolera y México se ubica como uno de los países en América Latina con una de las recaudaciones fiscales más bajas con el 11.4 por ciento del PIB de ingresos tributarios, mientras que países de la OCDE, recaudan casi el triple.
“La incertidumbre en la aplicación del recorte se acentúa y lo que seguiremos observando será una baja cobertura en servicios de salud, largos periodos de espera, saturación en los servicios, lo que perjudica la calidad y alto costo de los bolsillos de las familias”, alertó.