Pide la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC), favorecer las condiciones de producción y crédito, regularización de la tenencia de la tierra y combate al rechazo agrario, una agenda legislativa que no sea lejana a su realidad, el relanzamiento del Acuerdo Nacional por el Campo (ANC), vivienda, empleo y protección social, entre otros asuntos.

“Esta organización es una de las siete principales a nivel nacional, con presencia en casi toda la República y que en conjunto con otras organizaciones generan acciones para demandar el cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo. Los tópicos que se revisan en su propuesta involucran títulos tales como: favorecer las condiciones de producción y crédito, regularización de la tenencia de la tierra y combate al rechazo agrario, una agenda legislativa que no sea lejana a su realidad, el relanzamiento del Acuerdo Nacional por el Campo (ANC), vivienda, empleo y protección social, entre otros”, enfatizó el dirigente estatal de la CODUC, Rafael Gutiérrez Sánchez.

En su análisis de la condición actual del campo, señaló que el panorama internacional que involucra los ajustes económicos que proponen instituciones como la Organización Mundial de Comercio y el Fondo Monetario Internacional, pasando por el contexto nacional en las disputas por las rutas del narcotráfico, la crisis económica, la inseguridad pública, la sobreexplotación de recursos naturales y el modelo económico que favorece a las grandes empresas.

Gutiérrez Sánchez explicó la propuesta del “Nuevo pacto nacional por un futuro mejor para el campo y la nación”, un proyecto alternativo para una sociedad rural más justa, productiva y sustentable.

“Las y los que suscribimos el presente pacto, coincidimos que el campo mexicano vive una crisis desde hace tres décadas, resultado del papel que le han asignado los gobiernos neoliberales de ser productor de materias primas baratas y expulsor de mano de obra a nivel nacional y hacia el extranjero, mediante el fenómeno migratorio y que en la actual administración encuentran su expresión más acabada; un Gobierno que trabaja para un grupo privilegiado que concentra la mayor parte del ingreso, lo que tiene a la mayor parte de la población en situación de marginación y pobreza”, destacó.

Enfatizó que el pacto propone 25 compromisos con la sociedad rural, entre los que figuran: un programa emergente para la reactivación del medio rural, la soberanía alimentaria como un objetivo primordial, mejorar las condiciones de competitividad y producción, facilitar el acceso a recursos financieros, una política social de erradicación de la pobreza, favorecimiento de la investigación científica y tecnológica con profesionales del campo, reconocimiento a las organizaciones campesinas como entidades de interés público y agentes de desarrollo, equidad de género, reconocimiento y soporte a los grupos indígenas, sustentabilidad de los recursos naturales y el sector forestal basado en la gestión comunitaria, el sector ganadero y pesquero, así como seguridad en la tenencia de la tierra, concluyó.