A fin de evitar la retención de pacientes insolventes, planean modificaciones al fondo de atención a víctimas que maneja la Fiscalía General del Estado. Jesús Eduardo Martín Jáuregui, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), reconoció que debe encontrarse una fórmula para que estos recursos se destinen al apoyo de causas nobles, como ayudar a aquellas personas hospitalizadas que no pueden costear su atención médica.
Por lo anterior –dijo– ha sostenido reuniones de manera conjunta con los titulares del ISSEA, STJE y la propia Fiscalía, esto, a fin de platicar en torno a la forma en la cual este fondo de atención a víctimas pueda emplearse para sufragar los gastos hospitalarios cuando haya una situación de urgencia por parte de una persona de escasos recursos.
Martín Jáuregui reconoció que la intervención de la CEDH referente a pacientes que son retenidos por la imposibilidad de pagar sus gastos hospitalarios es cada vez menos frecuente, sin embargo, se sigue dando; agregó que el año pasado ninguna persona fue retenida en los nosocomios de la entidad por no tener recursos para pagar por este tipo de servicios.
Sostuvo que en materia de derecho existe un principio que sostiene que “a lo imposible nadie está obligado”, motivo por el que ante deudas de carácter netamente civil nadie puede ser retenido, y si bien, es deseable que los pacientes internados paguen, cuando se vean imposibilitados podría entrar este fondo de atención a víctimas para ayudarlos.
Para finalizar, el presidente de la CEDH no descartó que se sigan presentando más casos en este sentido, los cuales se desconocen porque no se presentan las quejas al no haber entre la ciudadanía una cultura de la denuncia en este sentido; agregó que otra situación en materia hospitalaria donde podrían haber omisiones es en la atención gratuita por parte de particulares, pues la ley prevé que en casos de emergencia se debe atender y estabilizar a los pacientes de manera gratuita, y una vez estabilizados, ser trasladados a una clínica u hospital que sea competente con la derechohabiencia de la persona.