Por: Jesús Alejandro Aizpuru Zacarías

Si algo de credibilidad le quedaba a la PGR sobre los hechos de Iguala, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)  ha acabado con ella.

La “verdad histórica” de la que hablaba en su momento Murillo Karam, hoy se convierte en otra historia como la de la Finca del Encanto y La Paca.

Las evidencias fotográficas y de video donde se muestra al entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón realizando diligencias en el lecho del río San Juan, de las cuales no existía constancia en el expediente, sin duda, generan inquietantes dudas, no solo sobre lo ocurrido aquella sangrienta noche, sino sobre la forma de investigar por parte de las autoridades y la manera de reconstruir los hechos.

La investigación de la PGR y lo supuestamente sucedido aquella noche se derrumba, la confianza en las instituciones investigadoras desaparece y las dudas siguen vivas, más vivas que nunca.

El reporte arroja evidencias que distan de las investigaciones de la PGR, y pone en entredicho el actuar de autoridades e instituciones investigadoras. Niega que los jóvenes se hayan incinerado en el basurero de Cocula, además, señala la práctica de la tortura en más de una docena de los indiciados.

Ahora bien, de acuerdo al reporte y de confirmarse sin lugar a dudas que el actuar de las agencias investigadoras no fue conforme a derecho, las consecuencias serán de gran interés para la opinión pública.

Primeramente, pondrían ante los tribunales mexicanos e internacionales a Tomás Zerón y otros funcionarios por haber violado la garantía de legalidad de al menos uno de los detenidos, haberse extralimitado en sus funciones y haber ocultado información de las investigaciones.

Lo más evidente sería el hecho de haber trasladado a Agustín García, alias el Chereje sin orden alguna, sin la presencia del Ministerio Público ni de su abogado defensor al lecho del río San Juan, haber ordenado realizar inspecciones en el área sin autorización alguna, y después, omitir todas estas diligencias procesales en el expediente, violando a todas luces el debido proceso.

Por otro lado, estas violaciones al debido proceso, y con independencia de las consecuencias penales en contra de las autoridades, generaría que todo el proceso careciera de sustento, y por ende, las actuaciones de las autoridades fueran ilegales, ocasionando que los reclusos y acusados por los lamentables hechos de Iguala fueran puestos en libertad por haber sido sujetos a procedimientos violatorios de derechos humanos.

Ahora bien, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es congruente con las conclusiones del GIEI, por más doloroso que esto sea para los familiares de los normalistas, deberán pedir a las autoridades mexicanas la liberación de todos aquellos que de acuerdo a sus investigaciones fueron violentados en sus derechos fundamentales, y a su vez, exigir se castigue a los responsables de dichas violaciones, es decir, a las autoridades, la interrogante surge ahí: ¿serán capaces de enfrentar y asumir esa responsabilidad política, o decidirán no asumir esos costos?.

Como es costumbre, agradezco el favor de su lectura, y los espero una vez más, la próxima semana.