Por: Jesús Alejandro Aizpuru Zacarías

 

De acuerdo a información de la organización Article 19, en los últimos cinco años en México unos 34 periodistas se han desplazado por amenazas e intimidaciones. Estos números no reflejan en lo más mínimo la inseguridad que vive ese gremio, por el contrario, estas cifras no contabilizan a un gran número de comunicadores que sin dar aviso alguno dejan sus lugares de trabajo y huyen a otras ciudades, e inclusive a otros países con tal de salvaguardar su integridad.

En los últimos catorce años se han contabilizado alrededor de 88 homicidios de personas relacionadas con los medios de comunicación, de igual forma, estas cifras no reflejan a fondo la realidad de las condiciones que se viven en el país en torno a la libertad de expresión.

El problema no puede continuar fuera de la agenda gubernamental; el éxodo que día con día vive la población a raíz de los altos índices de violencia, ataca de manera directa el gremio de los periodistas, quienes viven en un constante riesgo al desarrollar su trabajo, en muchas ocasiones no solo por parte del crimen organizado, sino acosados por las autoridades quienes han buscado callar esas voces que señalan los desaciertos de sus administraciones.

En nuestro país son varias las Organizaciones de la Sociedad Civil que han señalado las agresiones hacia los periodistas, y si bien, cada día existen más reflectores para este tipo de violaciones a los derechos humanos, pareciera que las autoridades no toman cartas en el asunto.

Se ha legislado con el fin de otorgar mayores garantías para los comunicadores, existen instancias gubernamentales encargadas exclusivamente para atender esta problemática, sin embargo, en el ámbito de la realidad parece que solo son estructuras burocráticas que no dan resultados, mientras tanto las agresiones siguen sin resolverse.

Los gobiernos deben asumir su responsabilidad. Si no existe una respuesta por parte del estado será difícil que en el corto plazo se pueda hacer frente a la crisis de violencia que se vive en todo el territorio nacional, por el contrario, continuaremos hundiéndonos en el pantano de las violaciones a los derechos humanos.

Las autoridades deben ser conscientes que son ellos quienes deben garantizar las condiciones de seguridad para ejercer el derecho a expresarse y a informar.

En un estado democrático, ejercer una profesión no debiera ser nunca motivo de persecución y agresión, que sumados ocasionan el éxodo de los comunicadores; por el contrario, un verdadero estado democrático está obligado a garantizar la condiciones de seguridad para que todos podamos ejercer, en el sentido más amplio, nuestro derecho humano para expresarnos.

Como es costumbre, agradezco el favor de su lectura y los espero una vez más, la próxima semana.