El presidente de la Comisión Laboral de Coparmex Aguascalientes, Juventino Romero de la Torre, reconoció responsabilidad en patrones y también en trabajadores en el problema de rezago de miles de controversias que no terminan de resolverse en Conciliación y Arbitraje.

Ambas partes, dijo, han contribuido al acumulamiento de miles de expedientes, algunos de los cuales llevan varios años y eso, aunado a las carencias que hoy en día sufre la JLCA, sobre todo en cuestión de personal, es lo que ha hecho que existan siete mil expedientes no resueltos.

En ese sentido, el empresario expresó que, si se cumplieran las disposiciones previstas en la ley, setenta días serían suficientes para que un juicio se diera por concluido.

Pero para ello todas las partes deben asumir la responsabilidad de ese cumplimiento, y no solamente las autoridades a las que finalmente siempre se les echa la culpa.

Es una realidad, dijo, que es usual que a las audiencias en las que se solicita la presencia de tres testigos para su debido desahogo, solamente se lleve a dos, entonces se difiere y al siguiente llamado asiste el tercero, pero no va uno de los que sí fueron en la primera ocasión, y entonces vuelve a suspenderse.

Esta situación va retrasando los procedimientos laborales con las consecuencias que todos conocemos, pues hay casos que siguen ese curso durante meses y en ocasiones durante años.

Así, las empresas y los trabajadores involucrados terminan no solamente desgastados, sino arrastrando los efectos de juicios que se eternizan y pagando los resultados de ello.

“Las disposiciones legales están ahí, son claras y ha sido una práctica nociva no atenderlas al pie de la letra, por lo que el llamado es en el sentido de que todas las partes las cumplan a cabalidad”.

Especialmente ante la incertidumbre que causa la proximidad de un nuevo sistema que transita a escenarios diferentes donde convergerán a partir del año que viene juicios que deberán llevarse con las normas actuales y los que se generen bajo las especificaciones que marca la reforma que entrará en vigor con ordenamientos diferentes.