Dentro de la reforma laboral hubo un artículo que fue elogiado por el sector privado al disponer un tope en el pago de salarios caídos a los trabajadores, algo que habían exigido por considerar que había juicios que llevaban a la ruina a los negocios, pero que en Aguascalientes encontró rechazo de varios líderes sindicales.

Fue muy poco el tiempo que estuvo vigente esa parte, puesto que magistrados del Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Distrito Federal concedieron por unanimidad un amparo a una mujer que fue despedida injustificadamente, al determinar que el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, que limita el pago de salarios caídos, viola los principios constitucionales de progresividad, justicia y equilibrio social, así como el derecho al mínimo vital para la sobrevivencia de una persona despedida de manera injustificada, concluyendo que no debe ser aplicado por las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

En la sentencia se menciona que dicho artículo representa un retroceso en la protección de los derechos de los trabajadores, al limitar el pago de salarios vencidos con el argumento de que es excesiva la duración de los juicios laborales. Se advierte que dicha tardanza no se puede atribuir a los trabajadores afectados por el despido, sino a las autoridades y al propio Estado, por lo que es incorrecto castigar a las personas con algo que no es de su responsabilidad y que además es violatorio de los derechos humanos.

Se advierte en el fallo que el citado artículo 48 atenta contra los derechos de los mexicanos consagrados en la Constitución, contra el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos y contra el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En su momento el Poder Legislativo aprobó la reforma laboral y en la redacción del mencionado artículo se establece que por concepto de salarios vencidos o caídos sólo se pagará al trabajador injustificadamente despedido un monto máximo de doce meses de salarios en el primer año y un tercio aproximado en los subsecuentes.

Para el sector patronal fue un paso adelante en su demanda de evitar mayor daño a sus finanzas cuando tenían que enfrentar ese tipo de situaciones, lo que decían, se daban por culpa de las “chicanas” de abogados inescrupulosos que buscaban alargar los juicios al grado que pequeños y hasta medianos negocios iban a la quiebra al tener que pagar cantidades que salían de sus posibilidades.

Por su parte abogados en derecho laboral establecieron que por unos cuantos que actuaban de esa manera no se podía colgarles a todos la misma etiqueta, por lo que refutaron ese punto reformista al estar en contra de los derechos de los cesados.

En lo anterior coincidió el Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, al citar en sus conclusiones que la reforma laboral de 2012, que dio origen al referido artículo, “no es razonable, no proporcional, ni idónea, no logra evitar que los juicios laborales se prolonguen, pues los procedimientos se extienden por razones distintas a la representación obrera que es a quien implícitamente el artículo 40 imputa la tardanza”.

Seguramente que el laudo dará mucho de que hablar en virtud que los patrones no aceptarán perder lo ganado, al mismo tiempo que los profesionales del derecho laboral y dirigentes sindicales defenderán la postura de los magistrados capitalinos.

Ahora que si se mira más allá de lo descrito, la única forma de evitar los pleitos laborales es que no haya despidos injustificados, con lo que ambos factores de la producción podrán llevar la fiesta en paz.

AL FIN LO RECONOCEN

De una forma u otra siempre hubo una salida para no explicar las razones reales de que se estancara la construcción del nuevo Hospital Miguel Hidalgo, pero finalmente Carlos Ruvalcaba Arellano, coordinador estatal de Planeación y Proyectos, señaló que todo se debe a la “tramitología” que exige la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para liberar los recursos.

Es una obra que dejó empezada la administración del ex gobernador Luis Armando Reynoso Femat y que en los cuatro años que lleva la que preside el ingeniero José Carlos Lozano de la Torre no ha logrado destrabar.

Aunque sea pesado mencionarlo es necesario reiterar la necesidad que hay de contar con ese nosocomio, ya que el actual trabaja a más del 100% de su capacidad y lo mismo ocurre con los demás que dependen del gobierno del estado, al igual que los dos del Seguro Social.

El contador Ruvalcaba subrayó que el gobierno local ya cumplió con todos los procedimientos para obtener los recursos federales: “Como gobierno ya se hizo lo competente; es un tema que ha estado latente y que se heredó como elefante blanco de la administración pasada. Se han hecho esfuerzos extraordinarios para cumplir con este compromiso que el gobernador Carlos Lozano hizo desde su campaña, haciéndose la gestión de los recursos; ahora ya sale de nuestras manos lograrlo”.

De cualquier manera seguirá la insistencia hasta alcanzar una respuesta satisfactoria, esperándose que el proyecto se concluya antes del 30 de noviembre de 2016, que es cuando termina este sexenio, para ello, cumplidos los trámites, están en espera de que se autorice la radicación del dinero.

Bien harían los senadores y diputados federales en hacer equipo con el gobierno del estado para alcanzar ese propósito, que de su parte toquen una y otra vez la puerta del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, hasta lograr que la abra y ordene lo conducente.

Se debe tener en cuenta que entre más tiempo pase mayor será la inversión, por lo que es apremiante acelerar el acatamiento de un compromiso que incumplió el ex presidente Felipe Calderón y que asumió el actual titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, lo que será posible en la medida que cada quien, en su ámbito, impulse la respuesta.

MÁS ATENCIÓN A LOS ABUELOS

El senador Miguel Romo Medina dejó en claro que es necesario reforzar las acciones a favor de los adultos mayores, se les garantice una participación plena en la vida colectiva y les permitan ofrecer sus conocimientos y experiencia en beneficio de las nuevas generaciones.

Un dato que aportó el legislador, tomado de las estadísticas del Consejo Nacional de Población y debe preocupar y ocupar a las autoridades y a la sociedad en general, es que más del 10% de la población total de México son mayores de 60 años (12.5 millones), por lo que se requiere promover el desarrollo humano integral de este segmento poblacional.

El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República señaló que está convencido “de que es preciso generar las condiciones necesarias para alcanzar niveles de bienestar así como una alta calidad de vida para este sector, por lo que considero que las acciones deben estar orientadas a reducir las desigualdades existentes, así como las inequidades de género, y se asegure el acceso a satisfactores básicos”.

Romo Medina refirió que un estudio de la UNAM revela que crecerá el envejecimiento de la población, por lo que para el año 2025 será un 13.9% y para el 2050 de 26.5%, por lo que más de la cuarta parte de los habitantes serán viejos y esto se deberá a una mejor calidad de vida y que la medicina permite enfrentar y combatir padecimientos que en otros tiempos eran mortales.

Por ello la importancia de aplicar políticas públicas para atender este asunto, ahora en que se puede programar cómo se puede actuar para lo que inevitablemente vendrá.