Por: Octavio Díaz García de León

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Los gobernantes, desde tiempos inmemoriales, han emitido leyes para normar la conducta de sus gobernados lo que ha facilitado la convivencia. Las costumbres se volvieron leyes no escritas y luego pasaron a inscribirse en piedra para convertirse en códigos inmutables. Así se puede admirar el Código de Hammurabi en el Museo del Louvre, el cual está escrito en una piedra de basalto de 2.25 metros de altura en forma de dedo índice. Se estima que este Código fue escrito alrededor del año 1750 a.C.; es una compilación de 282 leyes que regulan el comercio, la vida privada, castigan el robo y el daño a la propiedad, el homicidio, las lesiones, trata los derechos de: la mujer, en el matrimonio, de los esclavos, de los menores; entre otros aspectos. El castigo por los delitos cometidos se basa en el principio de causar el mismo daño sufrido o ley del Talión. El famoso “ojo por ojo”. Desde entonces los gobernantes han tratado de dar leyes a sus pueblos y han establecido sus procedimientos para administrar justicia, mediante tribunales que determinan la culpabilidad de los acusados y aplicar las penas correspondientes.

A diferencia del Código de Hammurabi que está escrito en piedra y no ha cambiado en 3800 años, nuestra Constitución de 1917, cuyo 99 aniversario acaba de celebrarse, ha sufrido alrededor de 560 modificaciones desde entonces, la última, hace una semana. En ella encontramos desde cosas muy loables pero incumplibles como el hacer la educación obligatoria hasta el nivel medio superior, hasta aspectos tan triviales como los requisitos que deben cumplir quienes formen parte del organismo de gobierno de algunos órganos autónomos, así como su proceso de selección. Tanta modificación a nuestra Constitución contrasta con las 27 enmiendas que ha sufrido la Constitución de Estados Unidos en 228 años.

Adicionalmente existen 291códigos, estatutos, leyes y ordenanzas federales más las que se acumulen esta semana (http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm) y en Aguascalientes existen 128 leyes estatales. (http://www.ordenjuridico.gob.mx/despliegaedo2.php?ordenar=&edo=1&idi=&catTipo=4). En total, un aguascalentense está sujeto a 1084 ordenamientos jurídicos estatales, más los ordenamientos federales y los municipales que les apliquen.

El profesor del Colegio de México, Fernando Escalante Gonzalbo, en su excelente libro escrito con fina ironía, “El Principito o al Político del Porvenir”, cita al genio de las letras españolas, Don Francisco de Quevedo, quien decía: “Así como aplicados muchos remedios juntos, no son medicina, sino enfermedad, así las leyes, siendo la salud de la República, son su mayor daño cuando se multiplican…”

Pero el problema no solo es el exceso de leyes y los cambios constantes a la Constitución, sino que muchas de estas leyes son aspiracionales. Es decir, leyes promulgadas para intentar cambiar la realidad de acuerdo con una visión de legisladores “ilustrados” que determinan lo que hace “mejor” al país sin tomar en cuenta sus características fundamentales. Desde que nació México se ha llenado de leyes aspiracionales, algunas de muy difícil cumplimiento. Por ejemplo, algunas disposiciones de la Constitución de 1917 chocaron contra las costumbres de una población en su gran mayoría católica, lo cual dio origen a la Guerra Cristera. La pacificación se logró no derogando los artículos que chocaban contra las costumbres de las personas, sino simplemente dejándolas de aplicar durante décadas.

Después de todo las leyes se hacen, pero no siempre con la intención de que se cumplan ya que se vuelven útiles para negociar apoyos y comprar voluntades a cambio de su no aplicación. Tal y como lo menciona el Dr. Escalante en el libro antes citado, en las repúblicas mafiosas conviene que haya muchas leyes y en su mayoría incumplibles, para que quien administra su aplicación tenga el poder para negociar con el ciudadano incumplido a cambio de un soborno o a cambio de apoyos políticos.

Así prospera la corrupción, con cuyo dinero el político se vuelve cada vez más poderoso (“Un político pobre es un pobre político”, diría uno de sus exponentes, el Prof. Carlos Hank González), asegurando de pasada el futuro de varias generaciones de descendientes (El Banco Interacciones, el Grupo Hermes, el Hipódromo de Tijuana, los casinos de Grupo Caliente por ejemplo, propiedades de la familia Hank), y ayuda a ganar elecciones mediante la adquisición de votos, aunque al Prof. Hank con todo y el regalo de ranchos y mansiones, no le alcanzó para que López Portillo lo nombrara presidente.

Basta recorrer la zona metropolitana de la Ciudad de México para entender cómo funciona la administración mafiosa de las leyes. Se permite a grupos de clientelas políticas violentar diariamente la Ley, pero siempre se les tiene amenazados con hacerla cumplir si no apoyan al partido en el gobierno o no entregan cuotas a funcionarios corruptos. Así operan los puestos de ambulantes, los taxistas, los invasores de predios, los constructores de desarrollos inmobiliarios, los franeleros, los que se adueñan de las calles, y ahora, con un reglamento de tránsito incumplible para la mayoría, se controla a camioneros y peseros, y se comprarán voluntades de automovilistas.

Somos un país de muchas leyes y de muy poco respeto a las mismas. El INEGI documenta un 98% de impunidad en delitos. ¿Cuándo le daremos prioridad a cumplirlas en lugar de hacer más leyes? Urge repensar nuestro sistema legal para adaptarlo a la realidad del país. Habrá que derogar tanto ordenamiento inútil para la convivencia y quedarnos con algo simple y sencillo. ¿Será mucho pedir?

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