Pagan menos impuestos quienes tienen más

Por Jesús Álvarez Gutiérrez

Los empleados y trabajadores mexicanos “afortunados” que ganan cinco salarios mínimos o más, pagan un Impuesto Sobre la Renta de entre 20 y 35 por ciento; es decir, deben aportar al fisco de 200 a 350 pesos por cada mil pesos de sueldo que reciben. Los patrones les descuentan religiosamente el ISR, de acuerdo a la tabla establecida por la Secretaría de Hacienda. En contraste, las grandes empresas y el decil más alto de la población en la escala social, que acaparan la mitad del ingreso nacional, sólo pagan el 5%, aprovechando la existencia de lagunas legales.

Algo similar ocurre en el resto de América Latina, en donde el 10% más acaudalado de la población ha amasado el 71% de la riqueza de la región, según denuncia la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de la ONU, en un estudio de 2016 denominado “Tributación para un crecimiento inclusivo”.

Los investigadores advierten que, de continuar esta tendencia, dentro de pocos años se alcanzará el umbral fatídico donde el 1% de la región tenga más riqueza que el 99% restante en conjunto.

Entre 2002 y 2015, las fortunas de los multimillonarios de América Latina crecieron en promedio un 21% anual, es decir, un aumento seis veces superior al del PIB de la región. Gran parte de esta riqueza se mantiene en el extranjero, en paraísos fiscales. En 2006 y 2007, a través de Swissleaks, se conocieron depósitos latinoamericanos por 53 mil millones de dólares en cuentas secretas en el banco HSBC de Suiza. Más recientemente estalló también el escándalo de los Panama Papers. Estos sucesos muestran que una porción muy significativa de los beneficios del crecimiento de América Latina está siendo acaparada por un pequeño número de personas privilegiadas, a costa de las clases media y baja que apenas sobreviven, cada una con un estilo de vida diferente pero ambas con escasa capacidad real para construirse un patrimonio.

Gran parte del problema radica justamente en los sistemas tributarios de la región. La tasa impositiva media en América Latina llegó en 2014 a 20.6%, cifra muy inferior al 34.1% promedio de los países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Pero los sistemas fiscales latinoamericanos no sólo son precarios sino también, lo que es peor, son altamente regresivos por varias razones: primero, descansan demasiado en los impuestos al consumo;  segundo, gravan más los ingresos de los empleados y trabajadores que a las ganancias de capital y, tercero, carecen de impuestos sobre bienes inmuebles y sucesiones.

Además, los gobiernos de la región han otorgado, de manera absurda, un trato preferencial a las compañías trasnacionales. La industria ensambladora automotriz, por ejemplo, pone a competir a los países, y a los estados al interior de éstos, para ver “quien se queda la inversión”; a cambio, exige concesiones y exenciones fiscales que hipotecan el futuro de la población local  (véase el escandaloso acuerdo de Kia con el gobierno de Nuevo León). En general, se estima que la carga impositiva para las empresas nacionales duplica la carga efectiva soportada por las trasnacionales.

Según el estudio de CEPAL, las altas tasas de elusión y evasión de los impuestos sobre el valor agregado y sobre la renta personal y corporativa (en muchas ocasiones a través de prácticas “legales” como planeación fiscal, consolidación empresarial, triangulación de precios de transferencia, traslado de utilidades), le costaron a América Latina más de 320,000 millones de dólares en 2014, es decir, el equivalente a un 6.3% del PIB regional. Aunque hay variaciones notables, prácticamente en todos nuestros países la pérdida fiscal cada año es mayor al gasto público en educación, salud o inversión en infraestructura básica.

Con el propósito de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la CEPAL propone a los gobiernos latinoamericanos medidas concertadas y coordinadas para la creación de un sistema tributario más progresivo, redistributivo y adaptado al siglo XXI, evitando la competencia perversa entre naciones, así como reforzando los impuestos sobre las ganancias de capital, los bienes inmuebles y las herencias mayores a un millón de dólares.

La cooperación tributaria internacional dentro de un organismo intergubernamental de las Naciones Unidas es clave para reforzar la recaudación nacional del impuesto sobre la renta corporativa, especialmente con respecto a las empresas multinacionales, que hacen uso de una amplia variedad de técnicas transfronterizas de planificación tributaria que les permiten pagar pocos o ningún impuesto en todo el mundo, el abuso de los tratados tributarios, la manipulación de los precios de transferencia intracompañía, el traslado de beneficios en la cadena de suministros entre naciones, la deducibilidad de intereses y la inflación de cargos por concepto de servicios, regalías y honorarios administrativos y técnicos.

Abatir el enorme boquete fiscal denunciado por la CEPAL permitiría a México y a muchos países latinoamericanos hacer realidad sueños que hoy día parecen utópicos como el “sistema de protección social universal” o, incluso, un “ingreso básico universal”.

Se requiere reforzar los acuerdos fiscales para poner en marcha un círculo virtuoso de mejores servicios públicos y una mayor disposición entre los ciudadanos a pagar los impuestos. Todos los actores económicos deben aportar según su capacidad real: los que tienen más, trátese de individuos adinerados y/o de grandes empresas, deben pagar más. No se puede lograr la justicia social sin la justicia tributaria.

jesusalvarezgtz@gmail.com

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