El legislador de Movimiento Ciudadano, Oswaldo Rodríguez García, ayer presentó una iniciativa de reforma, adición y abrogación de diversos artículos de la Constitución local, en aras de eliminar la figura del fuero, y advirtió además que su partido no cejará hasta acabar con este privilegio.

Recordó que en días pasados se debatió este tema en el Congreso del Estado sin haber sido aprobado, discusión en la que se esgrimieron argumentos que “resultaron mezquinos y que obedecieron a intereses personales o partidistas”.

Destacó que su propuesta establece un mecanismo de protección en aquellos casos en los que hay sospecha de que funcionarios o políticos sean sujetos a un proceso judicial por manifestación de sus ideas en el ejercicio de sus funciones, ante lo cual, propone la conformación de un cuerpo colegiado integrado por representantes del Poder Legislativo, el Ombudsman y el Colegio de Notarios Públicos, quienes brindarán seguimiento al caso.

Explicó que la reforma planteada busca la implementación de un esquema de denuncia ciudadana, en el que el Congreso sea el receptor de éstas, siempre y cuando estén respaldadas por el 0.5% de personas registradas en el padrón electoral vigente.

Puntualizó que el fuero o la inmunidad se entienden como un privilegio conferido a determinados servidores públicos para mantener el equilibrio entre los poderes del estado en los regímenes democráticos, y salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento.

Expuso que en la actualidad el fuero constitucional es juzgado por la opinión pública como un permiso para delinquir o pasar por encima de la ley. El proceso de desafuero, retiro de inmunidad o juicio político es largo y funciona como obstáculo para la acción de la justicia.

El fuero que protege a los servidores públicos de alto rango y, en particular a los legisladores, les ha servido como escudo para realizar abusos y quedar impunes, lo que ha llevado a un rechazo generalizado por parte de los ciudadanos.

Se ha convertido en una verdadera excepción jurídica que permite el quebranto del principio de igualdad ante la ley, convirtiéndose en un elemento de impunidad.

Seguirá existiendo la tentación de utilizar las instituciones encargadas de procurar la justicia para intimidar o perseguir adversarios políticos, por lo que el Congreso del Estado debe siempre estar vigilante y establecer mecanismos distintos para dar garantía a los representantes populares.

Los resultados destacan que el fuero del que gozan los legisladores es rechazado por la mayoría de los ciudadanos, pero también el mismo ciudadano desconoce el proceso y el espíritu por el cual en su contexto histórico se estableció en la ley.

De ahí la necesidad de modificar nuestro marco normativo a efecto de garantizar el acceso a la justicia, la igualdad jurídica y la rendición de cuentas, subrayó.