Cualquier actitud que asuma el Congreso del Estado para demostrar que es autónomo no pasa de ser un simple desplante, tan es así que a la hora de la verdad se sujeta a las disposiciones de las cámaras de Diputados y Senadores al ratificar las reformas que le envían.

Por lo anterior es un hecho que llegado el momento aprobarán los cambios al Artículo 4º Constitucional para legalizar la unión entre dos hombres o dos mujeres, tal como lo propone el gobierno federal, de manera que al igual que ha ocurrido con otras modificaciones, principalmente en materia penal, educativa y de salud, dará su anuencia.

Aunque duela pero las entidades están subordinadas al Congreso de la Unión, que es el que autoriza cualquier movimiento jurídico. El Presidente de la República tiene facultades para presentar una iniciativa, pero en los legisladores federales está la última palabra, que luego trasladan a las diputaciones locales para que hagan lo propio en sus constituciones, concretándose estos a aceptar todo bajo el razonamiento que el Artículo 41 determina que “en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal”, por lo que al ser parte de “una República, democrática, federal, compuesta de Estados Libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta ley fundamental” (Art. 40) no tienen otra salida que cumplir lo que les ordenan.

A lo más que llegan quienes están en contra es a vociferar y culpar a los “poderes fácticos” de la situación, aprovechando el momento para echar su cuarto de espadas en espera que les deje alguna rentabilidad política, que a final de cuentas es lo que más les importa.

En cada legislatura local hay voces que rechazan esa sumisión absoluta, ya que ni siquiera se permite adecuar parte del contenido a la idiosincrasia propia, por lo que se circunscriben a capotear el temporal a sabiendas que pasado el tiempo el tema quedará en segundo término.

Ahora bien, bajo el supuesto que por mayoría de sus integrantes se negara a incluir en la ley local las reformas se expondrían a que los lleven a juicio político y los desconozcan, para que luego, quienes ocupen su lugar, certifiquen lo que ellos se negaron.

De todo esto hay una contradicción, cuando se afirma que la “soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo” y que “todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno” (Art. 41).

En ningún momento se pide la opinión a la sociedad para corregir, alterar o innovar la Carta Magna, lo único que se hace es enviar la iniciativa al Congreso de la Unión y luego a los congresos estatales para su aprobación y promulgación, pero que se conozca, ninguno, absolutamente ningún senador, diputado federal o local organiza foros de información y consulta en sus respetivas circunscripciones y a partir de ahí hacer lo conducente. Sencillamente hacen del conocimiento de los ciudadanos lo que van a llevar a cabo y si no es de su agrado ese es su problema.

¿CUÁL FUERO?

Varios candidatos ofrecen que promoverán la eliminación del fuero, lo cual, como gancho electoral, es sumamente atractivo, porque si algo ofende al ciudadano es que un servidor público goce de ese privilegio para hacer lo que le venga en gana sin que reciba castigo.

Lo que no mencionan es que el fuero existe en la ley, sólo para efectos de que el presidente del Congreso o de la Diputación Permanente vele “por el respeto constitucional de los integrantes del mismo y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar”.

La Constitución local determina que los diputados “son inviolables por la manifestación de las ideas en ejercicio de sus funciones y jamás podrán ser reconvenidos ni juzgados por ello”, sin embargo deja en claro que serán responsables de los delitos que cometan durante el tiempo de su encargo, pero no podrá ejercerse acción penal en su contra hasta que seguido el procedimiento constitucional se decida la separación del cargo y la sujeción a la acción de los tribunales.

Está claro que no pueden recibir sanción alguna por lo que expresen dentro y fuera del Congreso, pero esto no significa que tengan prerrogativas especiales y lleguen al grado de agredir o delinquir impunemente, algo que valga decirlo, se ha dado en diferentes épocas y cuando la policía pretende aprehenderlos de inmediato recurren a su calidad de diputados, por lo que no son llevados ante la justicia, lo que legalmente es una argucia de que se valen para actuar al margen de la ley.

Más que promover ese propósito, los aspirantes a un cargo público deben impulsar el conocimiento colectivo de lo que establece la legislación y exigir su cabal cumplimiento, comprometiéndose a que si están en un problema de ese carácter van a aceptar la responsabilidad correspondiente.

Como parte de las campañas que tienen lugar algunos aspirantes a gobernador proponen renunciar si el pueblo considera que no da resultados, e inclusive que desde ahora firmarán ante notario público ese compromiso, lo que al igual que el fuero, es una forma de atraer votos, porque “el cargo de gobernador sólo es renunciable por causa grave que calificará el Congreso, ante el cual se presentará la renuncia”, señala el artículo 47 de la Constitución.

Mientras que no se modifique ese artículo quien ocupe ese puesto debe supeditarse a lo regido, aunque en la búsqueda de apoyo en las urnas se recurre a esa y otras tretas.

En el caso de los ayuntamientos, el presidente municipal, regidores y síndicos podrán separarse del cargo noventa días antes de una elección, cuando pretendan ser candidatos a otro cargo, y la desaparición de un ayuntamiento no se da porque la mayoría de sus miembros lo determine, sino únicamente con la intervención del Congreso del Estado, que por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes declare que ha desaparecido, lo mismo que suspender o revocar el mandato de alguno de sus miembros, siempre y cuando existan causas graves y que se haya oído y vencido al o los acusados.

Lo descrito se debe tener en cuenta para evitar que lo sorprendan con dejar sobre la mesa renuncias o retiradas. Quien ocupe la gubernatura, las diputaciones o sea parte de los ayuntamientos está sujeto a lo que dispone la ley, que no trata de sutilezas.

AVANZA APOYO A POLICÍAS

Hace algunas semanas se comentó Con Usted que en Guadalajara nació una cruzada para eliminar de la ley la segregación de que son objeto los policías que son acusados injustamente, quienes una vez que ganan el juicio no pueden volver a su trabajo, lo que es a todas luces una negación a los derechos humanos y laborales. Pues bien, el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, opinó el pasado 13 de mayo, a través de Reforma, que se tiene que modificar el Artículo 123 Constitucional para que los uniformados sean reinstalados. “Tenemos que redefinir el Artículo 123, Apartado B, Fracción XIII. La única Constitución en el mundo, la nuestra, la mexicana, que discrimina a sus policías, a sus oficiales y a sus peritos, que les aplica retroactivamente la ley en perjuicio de un servidor público después de haber ganado todos los juicios”. Por lo anterior se debe redefinir ese artículo y dignificar además a los policías, al contar con equipo, capacitación, actitudes y herramientas necesarias para desempeñar su función. Es un asunto que se ha mantenido rezagado y que en el caso de Aguascalientes ha dejado cesantes a varios elementos, incluidos mandos en la corporación municipal de la capital, que inútilmente buscaron que se les reintegrara. Sin duda que con la intervención de Renato Sales es posible cambiar el estado de cosas.