Fernando López Gutiérrez

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La transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción han sido aspectos centrales en la agenda pública desde el inicio de la presente administración. Si bien, apenas en mayo pasado entraron en vigor la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, la discusión de los temas que abordan se ha mantenido latente desde del 2012, a partir de los compromisos surgidos durante el proceso electoral de dicho año y los acuerdos generados en el marco del Pacto por México.

Como lo señalan diversos especialistas, lo alcanzado mediante estas reformas parece ser un avance sin precedentes en el marco legal, que aún debe ser consolidado con la correcta implementación de las disposiciones aprobadas, pero que mantiene la atención permanente de organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y de la ciudadanía en general. A pesar de que constituye un elemento fundamental para el éxito de los procesos antes mencionados, la revisión de la manera en que se realizan las obras públicas en nuestro país ha sido un asunto menos atendido y analizado.

Sin una transformación profunda del régimen vigente para la planeación, ejecución seguimiento, evaluación y fiscalización de las obras públicas en nuestro país, los alcances que pudieran tener las reformas aprobadas para el combate a la corrupción y la consolidación de la transparencia y la rendición de cuentas se observan limitados. Ante la debilidad o la ausencia de elementos que permitan dar claridad y certeza respecto a la manera en que las obras son llevadas a cabo y las sanciones que pudieran recibir aquellos que obtengan beneficios ilícitos de su realización, el tema se vuelve impostergable.

Los mayores escándalos de corrupción en nuestro país tienen su origen en la adjudicación de contratos y obras bajo condiciones dudosas que pocas veces han sido aclaradas. Resulta absurdo pensar en una verdadera reforma para combatir la corrupción si antes no se logran consolidar los controles legales, administrativos y políticos que faciliten la erradicación de conductas y actos ilegítimos en el ejercicio del gasto en obras públicas.

Apenas el mes pasado diversas organizaciones de la sociedad civil denunciaron las deficiencias en el contenido de una minuta para reformar la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que pretendía ser aprobada en el Senado. Después de dicho acontecimiento, la revisión de las modificaciones requeridas se mantiene pendiente, pero exige toda la atención y el seguimiento que la sociedad mexicana pueda darle.