Saúl Alejandro Flores

Queridos lectores, la semana pasada hice una transcripción del texto comprendido en el artículo 21 de la propuesta de Ley General de Aguas, misma que parece ser ha quedado suspendida definitivamente, sin embargo, pretendo rescatar comentarios como lo anticipé la semana pasada, respecto a la tendencia que se manifiesta o visión que poco a poco se va generalizando con relación a las obligaciones y facultades de los municipios, que es sabido vienen a ser la parte más delgada en la gestión del agua, específicamente en el renglón de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Desde la reforma al artículo 115 en su fracción III, se entendió una buena intención, pero con deficiencias en la planeación y visión respecto a los impactos de dicha reforma en el año de 1999, porque al dejar en manos de los municipios un rubro como los servicios de agua, se dejó al arbitrio de los casi 2,500 municipios en el país más de dos mil realidades, además, sujetas a la visión o capricho de administraciones trianuales, con el matiz de que en efecto son menos de tres años, en que el nuevo director del organismo operador, en su mayor parte nombrado como resultado de compromisos o vicios que imperan en el servicio público y pago de favores electorales se hace cargo, por lo general es alguien ajeno al sector agua, con él llegan una serie de servidores con el mismo perfil y lo invertido en capacitación en el pasado trienio, se va a la basura, por el simple hecho de que fueron capacitados y luego despedidos por que no encajan en el nuevo proyecto de pago de favores electorales, así que el sector agua continúa con la fragilidad consecuencia de la ignorancia e irresponsabilidad de sus decisores.

Hace más de once años se intentaron esfuerzos que no pudieron ser concretizados para homologar la visión en cada municipio hacia un proyecto con miras a mejorar la calidad de los servicios de agua, pero la miopía en su momento de los funcionarios de CONAGUA, de algunas comisiones estatales y de organismos operadores, no permitieron dar el salto necesario para consolidar por fin una ley reglamentaria del artículo 115 fracción III, para que de esa manera los organismos operadores de agua contarán con un respaldo jurídico y a su vez administrativo con apoyo central, durante esos años se ha discutido sin avances concretizados.

Como lo considera la iniciativa frustrada en su artículo 21 pretendió establecer las directrices y obligaciones de los municipios en la materia, como una necesidad de establecer una disciplina y dirección que permitiera unificar los criterios y garantizar por ende mejores resultados, aunados a una eficiencia que impactará en la calidad y cantidad.

Como un eje que pretende establecer un sistema financiero nacional que aglutine a todos los municipios, como parte de esa disciplina que se ha dicho es necesaria, saber qué obras y para qué, buscando una mejor manera de planearlas y concretizarlas, dando un puntual seguimiento acorde a una política hídrica nacional, este sistema estaría a la par, de un sistema de información, que evite la anarquía y la duplicidad, así como la desinformación que ha caracterizado, ya que los datos e información han sido afectados por el carácter feudal de quienes la generan, y no la comparten, sea gobierno federal, estatal o municipal, o incluso trabados en las taras de la partidización de los gobiernos, con lo cual se obstruye el desarrollo, más grave aun cuando se da entre o al interior de las propias oficinas, en que cada funcionario es dueño de su información, generando severas mermas en el posible mejoramiento en la gestión y administración del agua.

Además se consideran en dicho proyecto otras funciones que han formado parte de las discusiones de entidades como ANEAS (Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento) que mucho ha desarrollado y producido en estudios y cuenta con especialistas calificados en cada uno de los campos del conocimiento vinculados con el sector agua, destaca la propuesta de dar un mayor nivel de corresponsabilidad y participación a los municipios en las decisiones del ámbito hídrico, pareciera que se pretende romper la segmentación de que a los municipios solo les compete lo hidráulico y no lo hídrico reservado este apartado a los estados y federación, pueden ver en cada fracción del artículo 21, desde la decisión y participación en las factibilidades y colaboración con los ámbitos federal y estatal, como un ejercicio bien intencionado.

Sin embargo, los peros comienzan a florecer cuando se busca un soporte desde el ámbito relativo y normativo a nivel municipal, como es el caso de Aguascalientes, en donde existe una ley demasiado marginal y que sólo destaca por un amarillismo en prohibir los cortes, y se ausenta en implementar un verdadero y sólido modelo de gestión, además de la ausencia de proporcionar a CCAPAMA de una función de índole reguladora, despojarla de ser un subalterno de la empresa que ostenta un intento de título de concesión, de una ley que le falta establecer un carácter de autoridad que desempolve al INAGUA, alejarlo de la visión de ventanilla de trámites a cambio de convertirla en una autoridad estatal y articuladora de la política hídrica.

Se habla de un derecho humano al agua, pero no se concluye o es ambigua con lo establecido en el artículo 4: “bases, modalidades y apoyos”, en dónde están? Que en la iniciativa no se ven. Definitivamente sí es un avance el artículo 21 respecto a la ley del 2004, pero aún es corta con relación las necesidades y problemática que presenta uno de los capítulos del sector agua que son los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Estimados lectores, es imperante actuar y visualizar un proyecto que permita que en México y Aguascalientes el agua nos alcance.

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