Por: José Carlos Romo Romo

Estimado lector, el día de ayer se celebró, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el evento denominado “Gira por la Transparencia”, organizado por el Senado de la República, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Gobierno del Estado, el Congreso Local y el Instituto de Transparencia del Estado (ITEA), cuya finalidad fue abordar temas como la armonización legislativa en los Estados en materia de transparencia y acceso a la información, así como los retos y las buenas prácticas locales pretendidas en esta materia. Estuvo presente en el mismo, la Licenciada María Patricia Kurczyn Villalobos, Comisionada del INAI.

En virtud de la reforma constitucional en materia de transparencia, publicada desde el 7 de febrero del año 2014, las Entidades Federativas tienen el deber de hacer compatible la normatividad local con los principios y bases que marca nuestra Carta Magna, por lo que, en este momento, el tema de la transparencia y el acceso a la información vuelve a estar en el centro de la palestra pública, tan así que ya se cocina en el Congreso del Estado una reforma a la Constitución Local para tales efectos, así como una nueva Ley Estatal de Transparencia que venga a sustituir a la vigente que data del año 2006.

En atención a lo anteriormente señalado, quisiera compartir con Usted algunas ideas y reflexiones sobre este importante asunto público, las cuales enumero a continuación: Durante muchos años, el derecho de acceso a la información pública, en nuestro país, se había mantenido estancado en la retórica política, sin que verdaderamente la ciudadanía tuviéramos la posibilidad de conocer la actividad de las autoridades o el destino de los recursos públicos que éstas ejercen. Al final del día, no se encontraba previsto ningún instrumento legal a través del cual los mismos ciudadanos pudiéramos revisar y evaluar las actuaciones gubernamentales.

Este derecho es reconocido como uno de los derechos fundamentales del hombre, cuya protección nos alcanza a todos los seres humanos por el sólo hecho de serlo, sin ninguna distinción con motivo de rasgos personales, culturales, sociales, políticos o económicos. De igual forma, este derecho se ha colocado como uno de los más importantes cauces para la democratización del Estado mexicano, siendo una genuina herramienta de control democrático al servicio de la ciudadanía.

En el sistema jurídico mexicano, si bien es cierto que, desde el año de 1977, el derecho de acceso a la información pública se encuentra consagrado en el artículo 6° de nuestra Carta Magna, fue hasta el año 2002 que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y con ello se establecieron los mecanismos y procedimientos legales necesarios para que el Estado mexicano garantizara con certeza este derecho ciudadano. Por cierto que esta Ley acaba de ser reformada en diciembre del año pasado.

A partir de la expedición de dicha Ley Federal, paulatinamente las Entidades Federativas y los Municipios fueron creando sus propios ordenamientos jurídicos en la materia. En el caso de nuestro Estado, fue hasta el año 2006 que entró en vigor nuestra Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo éste un enorme y tangible avance democrático para nuestra Entidad.

Sin embargo, particularmente considero que la difusión y concreción de este derecho ciudadano se han quedado considerablemente cortas, habiendo un sector mayoritario de la población que no tiene conocimiento del mismo, ignora el procedimiento que debe seguirse para ejercerlo o tiene la percepción de que el trámite a seguir es sumamente complejo o que la autoridad tiende a ocultar cierta información que debe ser pública.

La transición democrática en nuestro país se encuentra aún inconclusa, la mayoría de los ciudadanos no confían en sus autoridades y las califican como opacas, distantes e ineficaces. No podemos hablar de participación ciudadana, de rendición de cuentas, de gobernanza o de la democracia misma, si primero no contamos con entidades públicas verdaderamente transparentes. La transparencia es un condicionante de los otros conceptos vinculados a un auténtico sistema democrático.

Ante ese escenario, debemos reconocer que el grueso de la población no ejerce su derecho de acceso a la información pública por diversos factores, entre los que destacan la desinformación sobre la metodología a seguir para tal efecto, las barreras que sistemáticamente oponen las autoridades ante las solicitudes ciudadanas y la distorsión de las finalidades mismas de la transparencia gubernamental.

La última y nos vamos: Como una “sandez” legislativa podría calificar la iniciativa presentada, el jueves pasado, por un grupo de 11 Senadores de la República para reformar un par de artículos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de prohibir la entrada de éstos a las corridas de toros y otros espectáculos “a su juicio” violentos. El próximo sábado habré de abordar esta “ocurrencia” y habré de dar mis argumentos para calificarla como un absoluto “despropósito”.

Como es costumbre, agradezco el favor de su lectura y atención. Lo espero, una vez más, el próximo sábado.

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