A seis meses que se defina la candidatura a gobernador está prácticamente trazada la ruta que seguirá la nominación del Partido Revolucionario Institucional en Aguascalientes, lo que será por acuerdo de la dirigencia nacional, aunque para darle visos de legalidad se convocará al Consejo Político Estatal para que la avale.

De ninguna manera se trata de una utopía o de una “volada”, ni que la respuesta se obtuvo en las cartas o en una bola de cristal, por el contrario, tiene como sustento los propios estatutos del PRI y la alianza que mantiene desde hace varios años con otro organismo y a la que podrían sumarse más.

En efecto, es de sobra conocido que el PRI y el PVEM han caminado juntos en los últimos procesos electorales, lo que ha ido más allá al mantener aquí y a nivel federal una adhesión en los respectivos congresos, que además se refleja en los comicios locales que tienen lugar en cualquier parte del país.

Para elegir al candidato a cualquier puesto de elección popular tiene tres procedimientos: Por elección directa, en convención de delegados y por comisión para la postulación de candidatos, sin embargo la más viable para el caso de la gubernatura será lo que decidan en la capital del país, en función que al participar una fuerza política distinta, mediante la coalición, se requiere sólo la aprobación del Comité Ejecutivo Nacional, que en este sentido tiene facultades previstas en el artículo 179 de los Estatutos internos.

En base a lo descrito, es casi seguro que el mismo método también se aplique para las candidaturas a las alcaldías, aunque ha habido incidentes en algunos lugares al exigir respeto a los comités municipales, teniéndose que llevar a cabo la convención en el comité respectivo.

El procedimiento para cada elección deberá quedar establecido cuando menos treinta días antes del inicio formal del proceso interno de selección de candidatos que corresponda, aunque se sabe que al ir hermanados dos o más partidos en torno al Revolucionario Institucional a éste le corresponde hacer la designación y en la cual interviene el Consejo Político Estatal, sólo para ratificar lo que está determinado.

Para llegar a esa cita el CEN deberá haber recopilado todo tipo de información sobre los aspirantes, principalmente del prestigio que tengan entre la militancia y los ciudadanos en general, para que ofrezca una competencia de alto nivel y con amplias posibilidades de triunfo.

En lo que se refiere a los que tienen un puesto de elección popular o son servidores públicos, deben solicitar licencia al momento de la presentación de la solicitud de registro como aspirante o como precandidato, misma que deberá mantener hasta la conclusión del proceso respectivo, por lo que quienes se mencionan tienen un “colchón” de tiempo para hacer los “amarres” correspondientes y lograr que sus partidarios hagan el máximo esfuerzo para alcanzar el objetivo.

Una cuestión inédita que deben cumplir todos los que se registren a una precandidatura para cualquiera de los cargos que estarán en juego (gobernador, alcaldes y diputados) es manifestar, bajo protesta de decir verdad, que cuentan con un profesional en materia de administración, finanzas y/o contaduría, para que sea el responsable del manejo, control y comprobación del origen y destino de los ingresos y egresos de su precampaña y campaña.

Asimismo, comprometerse mediante documento escrito a solventar las multas que en su caso se generen por deficiencia en el cumplimiento de sus obligaciones de comprobación ante los órganos electorales o los adeudos a terceros, multas, y sanciones que le causen al Partido por la mala administración de los recursos y la falta de irregular comprobación de los ingresos y egresos ante los órganos electorales (Art. 166 inciso XVI).

El tricolor no quiere dejar nada al azar o como ha ocurrido, que a la hora del balance tenga que enfrentar problemas causados no sólo por candidatos que perdieron sino de algunos que habiendo triunfado se niegan a atender las demandas de las autoridades o cumplir las obligaciones contraídas con proveedores.

Está claro que el aspirante a ocupar la casa que fue propiedad de la familia Rincón Gallardo debe cubrir una serie de exigencias que su partido establece en sus documentos básicos, aunque cabe citarlo, ninguna insalvable.

CELOSÍA ABIERTA

Es probable que Usted, caro lector o lectora, sienta algo de curiosidad cuando pasa por una oficina o una vivienda que tiene una persiana ligeramente abierta, ya que desde afuera es poco lo que se percibe, en cambio quienes están adentro observan mejor al exterior y esto les da cierta ventaja.

Algo similar ocurre en los organismos empresariales que por largo tiempo no exteriorizaron sus problemas, por lo que era creencia general que sus agremiados sabían zanjar cualquier dificultad por difícil que fuera, lo que les daba una aureola de sabiduría y dignidad, al mismo tiempo se constituían en un señorío ante las autoridades a quienes exigían resultados y se daban el lujo de regañar cuando no había los frutos que de ellas se esperaba.

Esa fama se modificó luego que escucharon los cantos de las sirenas al ver que varios de sus afines habían cambiado sus estatus desde que asumieron un cargo público, lo que abrió una competencia por hacerse de un espacio en la política, que ha derivado en luchas intestinas que se reflejan en denuncias, señalamientos y comentarios sin comedimiento alguno, lo que deja al desnudo que son iguales a los que califican como “políticos profesionales”.

Cada vez que se aproxima una elección constitucional, las cámaras ya no entrecierran las persianas sino que las abren y de esta manera sale a la calle las discrepancias que tienen. No es casual que ahora, ante la proximidad de que los partidos definan las postulaciones o que algún empresario se acoja a la nueva modalidad de la candidatura ciudadana, surjan acusaciones de que alguien no se apegó a los lineamientos internos, aprovechándose para hacer presencia pública.

El episodio que tiene lugar en el Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA), de que si fue o no legal la reelección de Pedro de la Serna, es una muestra evidente que la recomendación que hacen a los partidos, de que “la ropa sucia se lava en casa”, no les aprovecha, por el contrario, han utilizado los medios para airear sus desavenencias.

Se percibe que más allá de la legalidad que enarbolan lo que se busca es un escaparate para estar en el ánimo de los dirigentes partidistas, que como ha sucedido, aprovecharían su “popularidad” para hacerlos candidatos, aunque para ello hayan tenido que hacer trizas el nombre de sus organizaciones.

ANGUSTIA BUROCRÁTICA

Una etapa de intranquilidad viven trabajadores de dependencias federales que están bajo el régimen de honorarios y eventuales y quienes son mandos medios y superiores, ante el anuncio que casi 16,000 en el país se les dará de baja como parte del programa de austeridad que llevará a cabo el gobierno en 2016.

El problema es que no se informa en cuáles dependencias se hará este “recorte” y en qué grado afectará al personal que presta sus servicios en Aguascalientes, ya que todo gira en torno a la declaración que hizo el subsecretario de Hacienda, Fernando Galindo, en el sentido que “no debe caber duda que se cumplirá con la meta de austeridad del gasto público”, para ello se propone en el paquete económico que el presidente Enrique Peña Nieto envió a la Cámara de Diputados, una reducción significativa del gasto corriente de 7% en términos reales, en particular en el rubro de servicios personales.

Pues vaya manera de actuar, porque aún cuando se pretende ahorrar recursos no deberían de ser a costa de eliminar plazas y menos convergirse en candil de la calle y oscuridad de la casa, en virtud que el gobierno ha insistido a los empresarios que hagan el mayor esfuerzo para preservar las fuentes de empleo.