La denuncia pública que no se acompaña de datos concretos cae en el terreno del desahogo o la evasión de responsabilidades, al aprovechar los medios para exigir justicia pero sin llegar al fondo del asunto, por lo que todo queda en un espacio ambiguo.

Asegura el máximo dirigente del sector obrero en la entidad, José Alfredo González, que Aguascalientes tiene un alto nivel de evasión en las “altas” al Seguro Social y un subregistro, como práctica común entre los empresarios y de manera particular mayor entre los concesionarios del transporte público.

El problema está en que como en Fuenteovejuna, todo y ninguno de los patrones son culpables, por lo que éstos ni siquiera se han tomado la molestia de defenderse o refutar las acusaciones que hace el líder de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes (FTA).

Por enésima ocasión se refiere a los camioneros como los más inconstantes con sus obligaciones patronales, pero que las autoridades ni la filial cetemista han hecho el mínimo esfuerzo para obligarlos a que atiendan lo que ordena la ley.

En una situación similar están empleadores de diversas líneas de manufactura, sostuvo el declarante, que al no dar nombres no puede presionárseles públicamente para que acaten el ordenamiento, por lo que todo queda en una confidencia que no afecta.

“Tenemos dos temas dentro del Seguro Social muy fuertes: La evasión y el subregistro, todavía se sigue dando muy altamente, consideramos que debe de haber una mayor vigilancia, desafortunadamente no sé si por alguna política especial pero tanto el Infonavit como el Seguro Social, han hecho caso omiso de nuestras demandas”, subrayó.

En el caso de los choferes del transporte público es grave lo que mencionó, al citar que entre el 30 y 35% no están registrados en el IMSS, lo que significa que son alrededor de 350 trabajadores que no tienen acceso a este derecho y tampoco su familia, por lo que en caso de un accidente – a lo que están expuestos por ser un oficio de alto riesgo -, o de una enfermedad no tienen ningún apoyo y por si fuera poco no están en el Infonavit ni en el SAR.

Las preguntas obligadas son ¿quiénes son esos patrones que se niegan a ceñirse a la ley? ¿Quién los protege?. Desde hace varios años la FTA ha señalado estas anomalías y si nuevamente lo hace es porque todo está igual, en detrimento de los operadores y sus dependientes.

En aras de quitarse la responsabilidad que tiene como organización sindical, González afirma que esto sucede porque “muchas veces se hace con la complicidad del trabajador, sin embargo a la hora de solicitar un crédito de Infonavit o pensionarse, es cuando ve lo perjudicial que resulta para él”.

El asunto no es si el empleado está o no de acuerdo, sino que es un delito el que se comete y en eso debería de ser inflexible la directiva, exigiendo que al momento de contratar al operador de inmediato el concesionario lo dé de alta al IMSS, al Infonavit y el Sistema de Ahorro para el Retiro. No se puede ser benevolente ni transigir en las obligaciones patronales ni en los beneficios obreros.

En el mismo sentido debe ir la actitud hacia los empresarios que actúen de esa manera, de no hacerlo se convierten en encubridores y colaboradores de un acto ilícito, máxime que un sindicato está para vigilar que se cumpla todo aquello que favorezca al trabajador.

Por el número de empresas registradas ante el Seguro Social se presume que casi en su totalidad cumple las obligaciones obrero-patronales, pero nunca falta alguien que haga su “ronchita” a costa de sus empleados, por lo que las instituciones públicas mencionadas deben presionar a la FTA para que formalice, con nombres, cuáles son las firmas que están en esa situación.

DOS VARAS

En la Secretaría de Educación Pública (SEP) tienen dos formas para medir la actitud de los profesores, una, es de benevolencia, indulgencia y comprensión, como ocurre en Chiapas, en donde miles de ellos dejaron sin clases a niños y jóvenes por más de tres meses y sin problema alguno se reincorporaron a su trabajo, en cambio en Aguascalientes, con una actitud inflexible desecha la justificación de seis docentes que no acudieron a la evaluación correspondiente.

Es posible que con los chiapanecos no se procediera como lo dispone la ley porque pertenecen a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y los de aquí están dentro del SNTE, que ha sido un firme aliado de las políticas de esa dependencia.

Fue notorio lo que se vivió durante 90 días en aquella entidad, cometiéndose toda clase de atropellos en contra de la población en general y de manera directa del empresariado que sufrió pérdidas multimillonarias por los bloqueos en carreteras y caminos y en ciudades y poblados. La negativa de volver a las aulas la mantuvieron hasta que obtuvieron respuesta a una parte de sus demandas, como la entrega de 150 millones de pesos para diversas actividades que llevará a cabo la Sección 7, lo mismo que el pago de salarios caídos y que no habrá ningún tipo de represalia.

En esas condiciones reasumieron sus labores, lo que hizo pedazos la ley que dispone el despido a las tres faltas sucesivas o alternadas durante el mes, a la vez que mantienen la amenaza de volver a suspender labores si no les cumplen lo que falta de los compromisos, principalmente echar abajo la reforma educativa.

Lo contrario se vive en esta entidad, donde el profesorado se apega al mandato legal, postura que no es correspondido por la superioridad, que por quítame esas pajas busca poner la bota sobre el cuello de quienes considera que se insubordinan, o actúa con irascibilidad para dejar en claro a quien deben obedecer.

Lo lamentable para los afiliados a la Sección Uno del SNTE es que el secretario general Mario Armando Valdez Herrera se ciña en sólo denunciar que la SEP reprobó a seis profesores que no acudieron a la evaluación educativa, no obstante que presentaron oportunamente las razones de su ausencia, entre ellas al encontrarse con incapacidad médica y licencia sin goce de sueldo, lo que no se tomó en cuenta y sin más se les dio por reprobados.

A pesar de que es una violación a sus derechos, Educación Pública ya los convocó a la segunda valorización educativa, lo cual, para el líder sindical “resulta un grave error”, por lo que “se prepara una defensa legal”, sin embargo no es suficiente que lo exprese, sino que actúe y deje al descubierto cuál o cuáles funcionarios son los que se ponen en ese papel impertinente.

MC CONTRA LOS RICOS

El Partido Movimiento Ciudadano (PMC) sometió a la consideración de la Cámara de Diputados la iniciativa para que se aplique el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las herencias, legados y donaciones, que sea de 10 millones de pesos en adelante. El autor de la propuesta es el diputado zacatecano Jorge Álvarez Máynez, quien plantea imponer tasas de 10% cuando la herencia sea de entre 10 y 50 millones de pesos; 20% cuando sea entre 50 y 100 millones, y 30% cuando exceda los 100 millones. Todo estaría bien si no fuera porque quien hereda ya pagó impuestos por ese acumulado y después de muerto le quiten a sus beneficiarios una buena tajada. Esto de ninguna manera es idea del diputado Álvarez sino una copia de lo que ya existe en Japón, Corea del Sur, Bélgica, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Irlanda, España, Chile y Alemania, lo que seguramente se aprobará porque para eso los “representantes populares” tienen dedo muy rápido.