Salvador Rodríguez López

Sí, no debe haber mayor demora en la rectificación al Sistema Penal Acusatorio para terminar con el libertinaje en que se mueve la delincuencia, lo que ha exacerbado a la sociedad al grado que el martes pasado estuvo a punto de cometer un segundo linchamiento de un presunto ladrón.
Más de un centenar de vecinos de las colonias La Salud y IV Centenario armados de palos, piedras y tubos persiguieron a un individuo, que por la tarde-noche de ese día se introdujo a varios domicilios y aunque lo tenían ubicado se les escapó por las azoteas, pero según una testigo era tal el enojo de la multitud que si lo atrapan a estas horas se estaría hablando de otra muerte como la ocurrida a principios de mes en el ejido Las Cumbres.
Entre los habitantes del sector consideran que puede tratarse del mismo individuo que ha cometido varios atracos y que pese a que ha sido aprehendido no recibe ningún castigo ya que en cuestión de días queda en libertad, por lo que ya no están dispuestos a presentar la denuncia sino a someterlo a su propia ley, no obstante que esto podría meterlos en un complicación similar al que están los balconeros que acabaron con la vida del supuesto malhechor.
En la búsqueda de acabar con ese tipo de problemas, el gobernador Martín Orozco Sandoval y sus homólogos del país acordaron formular una iniciativa de modificación al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, como un paso importante para acabar con la impunidad.
El pasado 3 de mayo el mandatario afirmó que es un proyecto “que venimos trabajando en Aguascalientes, y ahora con toda la fuerza de la Conago (Confederación Nacional de Gobernadores) es oficial, y se presentará la propuesta ante todo el gabinete de Seguridad Pública”.
Está bien que lo hagan con los encargados de brindar seguridad a los ciudadanos, que seguramente son los más interesados en que se lleve a cabo, pero el plan de corrección deberían hacerlo ante el Congreso de la Unión, puesto que el Sistema de Justicia Penal Acusatorio nació de un Decreto de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se publicó el 18 de junio de 2008 y el cual entró en vigencia en junio de 2016, con lo que se modificó los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123, por lo que tiene que estudiarse en cuáles se mete reversa.
Es posible que la mayor irritación social surja cuando los ciudadanos consideran que hay pruebas suficientes para consignar a un sujeto y aún con eso se recurre al “principio de presunción de inocencia, por el cual una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, respetando así su integridad jurídica, física y moral”, como lo especifica el Decreto.
También perciben que jueces, ministerios públicos, defensores públicos y asesores jurídicos, lo mismo que policías y otras autoridades que intervienen en el citado Sistema, no han alcanzado la capacitación suficiente, o no han entendido el papel que desempeñan, porque los querellantes no reciben la atención que corresponde, o les llegan a sugerir que es preferible que lleguen a una conciliación con el ladrón, para que éste regrese las pertenencias que robó y asunto concluido, lo que en otras palabras significa impunidad, porque no sólo no hay castigo sino que se deja en libertad al abusador para que siga cometiendo sus tropelías.
Con lo anterior se hace trizas los derechos de las víctimas, que en un momento determinado podrían pasar a ser parte del proceso si el individuo acusado o su defensor exigen que demuestren su involucramiento y de no haber el sustento suficiente serían denunciados por acusaciones falsas, lo que inhibe que se hagan nuevas denuncias.
Mientras más retarden en las altas esferas en resolver esa exigencia, podría producirse nuevos ataques multitudinarios hacia quienes realizan los latrocinios, lo que aún cuando no sea cometido por una autoridad la hace cómplice moralmente al no haber acelerado la respuesta.

DEL MISMO CUERO
La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) se anotó un triunfo en el litigio que mantiene con los gobernadores estatales que no pagan la partida correspondiente de las prestaciones a que tienen derecho los empleados federales.
De acuerdo con el parte de la organización, por distintos medios se requirió el saldo, pero los mandatarios no negaban la deuda pero tampoco la liquidaban, por lo que la FSTSE cambió de estrategia al pedirle a la Secretaría de Hacienda su atención para cerrar este capítulo.
El acuerdo que obtuvo fue que Hacienda retendrá participaciones federales a los estados para cubrir la deuda que tienen con el ISSSTE, con lo que se garantiza el cumplimiento de las 21 prestaciones a las que tienen derecho, en las cuales están la seguridad en el empleo, un tabulador salarial ascendente y la entrega de créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda.
El líder de la organización, senador Joel Ayala Almeida, destacó que el acuerdo alcanzado para que Hacienda retenga las aportaciones que se adeudan al Instituto, “ha sido un paso muy importante que beneficia de manera sustantiva a la institución”.
Por otra parte, Ayala Almeida adelantó que este viernes se iniciarán las mesas con las autoridades hacendarias para las negociaciones salariales y de prestaciones que esperan más de 2 millones de trabajadores en el país.
De esa manera, se emplea la máxima que “pagan porque pagan”, actitud semejante a la que aplicó hace años un gobernador de Aguascalientes, quien de común acuerdo con los presidentes municipales publicaron en los medios un informe de las cantidades que del presupuesto de egresos estatal correspondió a cada quien, lo que hizo directamente por el gobierno, pero a la hora de pagar hubo alcaldes que socarronamente dijeron que “pague el que ordenó”. Ante esa postura, la respuesta fue que las facturas se hicieran llegar a la Tesorería General, que se encargaría de descontar la cantidad de la siguiente partida a que tuvieran derecho los ayuntamientos reacios, con lo que quedó saldada la deuda y ni quien dijera pío.
Algo similar les ocurrirá a los mandatarios que por angas o por mangas no han pagado al ISSSTE, por lo que se encontrarán con que Hacienda ya lo hizo por ellos, aunque claro está, descontándoles de las partidas federales.

BARBAS A REMOJAR
Aguascalientes, como en todas las entidades de la República Mexicana, tiene como tradición el empleo de material pirotécnico en los festejos religiosos, por lo que resulta impensable que se prohíba su uso, pero tiene que haber una reglamentación adicional a la federal para que se mantenga una vigilancia muy estrecha desde que se solicita el permiso hasta la conclusión de las actividades. La más reciente explosión en la localidad de San Isidro, perteneciente al municipio de Chilchotla, Puebla, que costó la vida de 14 personas – 11 niños y 3 adultos -, debe ser una llamada de atención para que aquí se haga algo que evite tener que lamentar una tragedia. La autorización la otorga la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en base a la ley del 25 de enero de 1972 y reformada el 23 de enero de 2004, sin embargo no se especifica el control para la quema, además por regla general los cohetes se guardan en alguna casa de la misma comunidad, lo que ha provocado que por algún hecho fortuito o un descuido se produzca la explosión. Lo que podría hacerse para evitarlo es crear una ley estatal que permita a Protección Civil ser la autoridad encargada de vigilar que todo el procedimiento se cumpla sin que exista peligro alguno, como es conocer el lugar exacto en que se guardará los juegos pirotécnicos, que las personas encargadas de lanzar los cohetes en la vía pública tengan la capacitación necesaria y marcar las distancias que el público deba guardar por su seguridad.